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Reunión N° 1153
Sesión Especial N° 8
36° Período de Sesiones Ordinarias
17 de diciembre de 2008

Presidencia

Ing. Mario Eudosio Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Secretarios
Lic. Paula Mingo
Ing. Guillermo Federico Martoccia
Lic. César Arias

Diputados:
Todos presentes


SUMARIO


I –  APERTURA DE LA SESIÓN

II – ORDEN DEL DÍA

1. Modificación del Orden del día.
Orador: Diputado Touriñán. (PJ)

2. Proyecto de Ley General nº 083/08. Propicia la creación de la Universidad del Chubut.
Oradores: Diputados  Muñoz (PJ), Burgueño (PJ), Raso (UCR), Néstor García (PROVECH),  Montoya (PJ), Miguel González (PJ), Urbano (ARI), Risso (UCR), Touriñán (PJ), Bissi (PJ) y Aravena (PJ).

3. Proyecto de Ley General Nº 133/08. Propone la sanción del marco jurídico para las acciones y actividades del campo de la salud mental.
Oradores: Diputados Muñoz (PJ), Risso (UCR), Urbano (ARI) y Burgueño (PJ).

4. Proyecto de Ley N° 223/08.  Propicia la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2009, del goce de los beneficios establecidos por la Ley N° 4.737 de Promoción Industrial, para aquellas empresas que hayan adherido a la misma.
Orador: Diputado Pitiot (PJ).

5. Proyecto de Ley General N° 210/08. Propicia la modificación de varios artículos de la Ley 4347 de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.
Oradores: Diputados Burgueño (PJ), Raso (UCR), Risso (UCR) y Urbano (ARI).

6. Resolución N° 177/08. Designa en el cargo de Director de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia al señor Mario Horacio Negrette conforme lo previsto en la Ley 4347.
Oradores: Diputados Burgueño (PJ), Lorenzo (UCR), Touriñán (PJ), Risso (UCR) y Muñoz (PJ).

7. Proyecto de Ley General N° 122/08. Propone la modificación del artículo 102º de la Ley Nº 4.685, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en relación con la designación y permanencia en el cargo de los Directores del Registro Civil.
Oradora: Diputada Muñoz (PJ).

8. Proyecto de Ley General n° 219/08. Propone la modificación de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 5.280, de Régimen Previsional especial para los soldados conscriptos que hayan participado en las acciones bélicas de Malvinas.
Orador: Diputado Montoya (PJ).

9. Proyecto de Declaración N° 108/08. Se repudian las expresiones vertidas por el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina con fecha 24 de septiembre de 2008.
Oradores: Diputados Touriñán (PJ), Urbano (ARI) y Risso (UCR).

10. Resolución N° 178/08. Propone la designación del señor Ricardo Azparren en el cargo de Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 4.518.
Orador: Diputado Karamarko (PJ).

11. Proyecto de Ley General N° 177/08. Propicia la modificación de la Ley Nº 5.439, Código Ambiental de la Provincia de Chubut, en lo referente al Registro de Control Ambiental de la Actividad Petrolera creado por Decreto Nº 10/95.
Oradores: Diputados Pitiot (PJ), Lorenzo (UCR), Urbano (ARI), Touriñán (PJ) y Gómez (PJ).

12. Proyecto de Declaración N° 101/08. Se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial incluyera en el Programa “Energía Renovables para Programas Rurales (PREMER)” al Paraje El Turbio.
Oradora: Diputada Aravena (PJ).

13. Proyecto de Declaración N° 124/08. Se solicita al señor Gobernador de la Provincia que promueva reuniones con los Gobernadores de las provincias patagónicas, con la finalidad de evaluar la posibilidad de adquisición de uno o más hidroaviones para ser utilizados en la lucha contra incendios forestales en el territorio patagónico.
Orador: Diputado Karamarko (PJ).

14. Proyecto de Ley N° 218/08. Propicia la modificación de la Ley Nº 4.558, de Colegiación Pública, en relación con los abogados que revistieron cargos de Jueces de Paz Suplentes.
Oradores: Diputados Aravena (PJ), Risso (UCR) y Montoya (PJ).

15. Proyecto de Ley General N° 156/08. Propone la aprobación del Convenio celebrado entre la Provincia y la Armada Argentina, por el que la Provincia adquiere el derecho de dominio de un sector de tierras en Puerto Madryn.
Oradores: Diputados Karamarko (PJ) y Risso (UCR).

16. Proyecto de Ley N° 204/08. Propone la creación de un nuevo Régimen Provincial de Iniciativa Privada.
Oradores: Diputados: García Héctor (PJ), Risso (UCR) y  Lorenzo (UCR).

17. Proyecto de Ley General N° 196/08. Propone la modificación del artículo 3º de la Ley Nº 1.806, que regula en el ámbito provincial la tasa denominada “Tasa Reducida” a que están sujetas las actuaciones antes los Tribunales Letrados de esta Jurisdicción.
Orador: Diputado Touriñán (PJ).

18. Resolución N° 179/08. Rechaza el Proyecto de Ley N° 220/08 por el cual se proponía la aprobación del Presupuesto de Gastos del Poder Judicial para el año 2009.
Oradores: Diputados Touriñán (PJ), Lorenzo (UCR), Risso (UCR), Karamarko (PJ) y Urbano (ARI).

19. Proyecto de Resolución N° 125/08. Solicita al Superior Tribunal de Justicia informes sobre las obras previstas para el año 2009 y las ejecutadas durante el ejercicio 2008.
Orador: Diputado Touriñán (PJ).

20. Proyecto de Resolución N° 126/08. Solicita al Superior Tribunal de Justicia informes de los ingresos por percepción de honorarios provenientes de la Defensa Pública durante los años 2006, 2007 y 2008.
Orador: Diputado Touriñán (PJ).

21. Resolución N° 182/08. Convoca a sesión especial de esta Honorable Legislatura para el día lunes 29 de diciembre de 2008, a las 12 horas.
Orador: Diputado Touriñán (PJ).

III – CIERRE DE LA SESIÓN.

IV – APÉNDICE. DECLARACIONES Y RESOLUCIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
 

- I -
APERTURA DE LA SESIÓN

- En Rawson, en Salón de Eventos del Tribunal de Cuentas, constituido en recinto de sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho, siendo las 14,40 dice el

SR. PRESIDENTE (Vargas): Con la presencia de veintidós señores diputados en el recinto y cinco en la Casa, se declara abierta la sesión especial.

- II -
ORDEN DEL DÍA

SR. PRESIDENTE (Vargas): Sobre vuestras bancas se encuentra el Orden del día que, de no mediar observaciones, se dará por aprobado.
Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

- 1 -
MODIFICACIÓN ORDEN DEL DÍA

SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, dos temas. En el punto 11º, que están los despachos ingresados, del conjunto de dictámenes hay uno que es la aprobación del pliego del doctor Emilio Porras Hernández como Fiscal Adjunto; ese tema vamos a pedir que se trate en la próxima sesión que se convoque.
Y después, para adelantar, si es posible, si la Cámara me acompaña, el tratamiento de dos temas, porque la gente está aquí, esperando: la creación de la Universidad del Chubut y el tema de la ley de salud mental. Si es posible, tratarlos en los primeros puntos, si la Cámara está de acuerdo.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción efectuada por el señor diputado Touriñán.

- Se vota y aprueba.

De no mediar ninguna otra observación, se dará por aprobado el Orden del día con las modificaciones propuestas.

- Se vota y aprueba.

Por Secretaría se leerá el punto 3º del Orden del día.

- 2 -
PROYECTO DE LEY GENERAL N° 083/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación General, Cultura y Educación y de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General nº 083/08, presentado por el Poder Ejecutivo, el que se modificó en las Comisiones, por el cual se propicia la creación de la Universidad del Chubut.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Muñoz.

SRA. MUÑOZ: Señor Presidente, señores diputados, éste es un proyecto de ley de gran trascendencia histórica para la provincia y de un justo reconocimiento para la ciudad de Rawson; señor Presidente, me estoy refiriendo a la creación de la Universidad del Chubut.
En una sociedad que se proyecta, como la nuestra, que quiere seguir creciendo, ¿usted cree que alguien puede negarse a apoyar esta iniciativa política?, que es nada más y nada menos que aumentar la oferta educativa para los chubutenses y así evitar el desarraigo de nuestros jóvenes en pos de una educación superior.
Como dijo el general Perón: “mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”. Por lo tanto, no nos puede sorprender esta decisión política del Gobernador, esta histórica política de Estado, ya que cuando comenzó la gestión el Gobernador Mario Das Neves dijo: “quiero hacer de la palabra una institución, quiero trabajar con políticas de Estado, con una fuerte inclusión social”, y la palabra empeñada hoy se está haciendo realidad.
Por eso, señor Presidente, acompañamos esta iniciativa porque creemos que contribuirá a la formación de alternativas universitarias con amplia inserción social, una fuerte contribución en lo productivo, en la innovación tecnológica, en la producción, en la salud, en la educación y en la seguridad social.
Señor Presidente, señores diputados, estamos creando la Universidad del Chubut como persona jurídica, pública, dotada de autonomía académica e institucional, autarquía económica y financiera, con sede en la ciudad de Rawson en el marco de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521.
La Universidad no sólo desarrollará actividades de formación, sino también de investigación y extensión universitaria, que respondan a las necesidades económicas, científicas, tecnológicas, culturales, ambientales y de planificación del territorio provincial. El Poder Ejecutivo designará al rector organizador, y a propuesta de éste se designará a quiénes formen su equipo jerárquico, su equipo de trabajo.
En esta ley no se aprobó la estructura de la universidad, a pesar de que acompañaba el proyecto de ley, porque creemos que es tarea del rector organizador y de su equipo de trabajo, no solamente crear estructuras sino el Estatuto y todo aquello necesario para su creación y su puesta en funcionamiento; pues aprobar  la estructura sería dejar atada la misma a la decisión de los diputados ante cualquier modificación y de alguna manera no respetaría el principio de autonomía propia del sistema universitario.
También se crea el fondo de financiamiento de la Universidad del Chubut, que se conformará con fondos del Presupuesto General de la Provincia; en este Presupuesto 2009 alcanza a $ 2.500.000.
Trabajando con el equipo que está en este tema se acordó que en el primer semestre se trabajará en lo que es la organización y puesta en marcha de la universidad, como su estructura, estatuto y todo aquello que requiere la Ley Nacional de Educación Superior; y, en el segundo semestre, se estaría trabajando en lo que es la determinación de las carreras, con una fuerte participación de los intendentes y de todas aquellas entidades que tengan algo para aportar y proponer en lo que significa esta nueva alternativa de Educación Superior, porque la idea es que comience a funcionar en el ciclo lectivo 2010.
También, señor Presidente, señores diputados, se ha trabajado en lo que significa la construcción del campo universitario, y tengo que destacar algo muy importante: la rápida reacción política  del Intendente de la ciudad de Rawson, el doctor Adrián López, que sin dudarlo analizó y destinó el terreno para la construcción de este campo universitario.
También paralelamente al trabajo que se irá realizando este año, se irá trabajando en la posibilidad de elaborar este proyecto de complejo universitario y analizar  su financiamiento.
Este gobierno también apuesta, con la creación de esta universidad, a una política coherente de articulación entre las tres casas de altos estudios que va a tener la provincia: la Universidad Nacional de la Patagonia, que ya existe con su historia y su trayectoria, no solamente en la Provincia del Chubut sino en la Región Patagónica, la Universidad Tecnológica  y hoy la Universidad del Chubut.
¿Por qué? Porque nosotros creemos que en forma conjunta pueden ofrecer una oferta académica no solamente a los chubutenses sino también al resto de la Patagonia, y ¿por qué no? al resto del país. Éste es un momento histórico importante y es una decisión política de gran trascendencia, que tal vez hoy no le damos la dimensión que corresponde, que merece, pero estamos creando no una escuela más, sino que estamos creando una Casa de altos estudios, apostando a la excelencia, apostando al compromiso de todos los chubutenses. Porque como dijo el Gobernador, la universidad es de los chubutenses y entre todos tenemos que ir construyéndola, tenemos que ir aportando para que sea, junto con el resto, una de las mejores universidades del país.
Por eso, señor Presidente, pido a los señores diputados que nos acompañen en la aprobación de este histórico proyecto de ley.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Burgueño.

SRA. BURGUEÑO: Señor Presidente, nuestra Provincia del Chubut tiene una rica historia de gestas pioneras y desafíos. Muchas de esas gestas comenzaron su desarrollo como una simple idea, con materia con la que se forman los sueños, bajo el signo de la necesidad y, en otros casos, en clave de respuesta ante el abandono o la postergación.
Desde 1957, con los Constituyentes, se dieron los primeros pasos hacia la construcción de nuestra autonomía formal.
Con ella, el inicio de nuestra vida política institucional dentro de un concierto de provincias que buscaban un espacio de identidad, en medio de debates sobre el destino y el uso de los recursos naturales, las fuerzas de la producción primaria y los límites para su explotación.
Entre el ansiado y lejano federalismo y la salvaje herencia unitaria, un camino de luchas y de protagonismos populares,
frente a las exigencias sectoriales y de las élites iluminadas de ayer, de hoy y de siempre, nos deja nuevamente frente a la posibilidad de emprender un camino pionero, o de permanecer para siempre al costado de la historia.
La elección efectuada por nuestra provincia, en esta etapa del proceso histórico, es clara. Frente a un mundo que se nos ofrecía hasta hace poco como el único posible, globalizado y homogéneo, un mundo de copias de carbón y de mínimo riesgo y audacia, decidimos jugar fuerte, apostando a la autonomía de la mano del conocimiento y el desarrollo, sí, pero al mismo tiempo, mirándonos a la cara y mirando hacia dentro de nuestra propia casa, la de todos, la maravillosa provincia que habitamos. Ése es el sentido de una Universidad propia de esta provincia.
Y es en la querida ciudad de Rawson, que conozco y de donde proviene al mandato que me trae como diputada provincial ante esta Casa de las Leyes, que me detengo a contemplar la extensión y dificultad del camino ya recorrido como pueblo, desde aquellos lejanos días de los Constituyentes a través de obstáculos, barreras y algún que otro parche colocado a tiempo, en la búsqueda de soluciones permanentes que tuvieron que encontrar en nuestro Gobernador, en Mario Das Neves, la decisión política de profundizar uno de los aspectos centrales de una autonomía sana y vigorosa: el conocimiento universitario que, como lo indica el término, debe preparar a nuestros jóvenes para la comprensión de un universo de posibilidades al servicio del pueblo sin la dolorosa realidad de alejarlos de nuestra tierra por falta de expectativas o de oportunidades.
La nueva Casa de estudios, que empezó como un sueño pionero, y como tal afrontó la burla de los incrédulos y el embate de  intereses que no son los de la inmensa mayoría del pueblo del Chubut, traerá nuevas oportunidades de fortalecer un desarrollo estratégico planificado, sostenible con sabor a Chubut, dirigiendo sus esfuerzos y su oferta académica a formar profesionales y técnicos en materias que aporten a cubrir sus necesidades y al aprovechamiento del enorme potencial de sus habitantes; el capital social que debemos comprender, despertar y potenciar, a partir de una herramienta poderosa tal como lo es una casa de altos estudios auténticamente chubutense, que se ubique en sintonía con la sociedad que la ha creado.
No es la competencia con otros modelos, con otras ofertas educativas lo que nos motiva a concretar hoy esta idea y convertirla en realidad. Es la fe inquebrantable en nuestra sabiduría como pueblo, es la renovada confianza en el poder de la democracia de los hechos, desde una gestión que hace de cultivar lo nuestro un camino diario y que sin embargo, mira con atención lo que sucede en otros países del mundo. No podemos competir, porque uno y otro modelo coexisten en la bisagra del cambio, pero habitan distintas dimensiones de tiempo y espacio.
Invitamos a los jóvenes, a las autoridades políticas de las ciudades, a los empresarios, a los equipos técnicos, a la comunidad, a construir y dar forma final a esta Universidad que es la de todos, de la comunidad.
La idea crecerá y germinará, y un día será una usina de transformación donde jóvenes comprometidos con el destino de sus hijos y sus nietos, pero también conscientes de las luchas de sus padres y abuelos, se quedarán a vivir, se afincarán activamente y devolverán con acciones el maravilloso gesto de mística que significa una Universidad acá, con sede en nuestra ciudad Capital, accesible a todos, para estudiar y adquirir herramientas de desarrollo y empoderamiento.
Esta parte de la historia de la Universidad del Chubut comienza hoy, en esta provincia que ha probado su preferencia y respeto por la capacidad de los más jóvenes, incorporándolos a la vida institucional y política de las ciudades y de los pueblos. Y damos por hecho que ellos, con la influencia generosa y experimentada de sus mayores, harán de esta idea pionera que una vez comenzó como un sueño, uno de los pilares de nuestro despegue definitivo y cuna de grandes hombres y mujeres para el país que amamos.
No tengo dudas de que las autoridades municipales, encabezados por nuestro Intendente doctor Adrián López, le pondrá lo mejor de sí a la construcción de una nueva realidad educativa para Rawson, el mismo tesón que le viene poniendo al sueño compartido con las autoridades provinciales, para hacer de Rawson una Capital de la que nos sintamos orgullosos todos los chubutenses.
Quiero entonces finalizar con los buenos augurios para esta iniciativa que aplaudimos, con el reconocimiento de la ciudad de Rawson al Gobernador y a todos aquellos que trabajaron para hacer que esta quimera inicie un camino hacia la Universidad que no solo necesitamos, sino que también necesitan nuestros hijos y sus hijos. Y también es posible que hayamos sentado las bases de la institución de la que un día saldrán gobernantes y empresarios, profesionales y técnicos, que sigan abonando la idea de hacer de Chubut la provincia gloriosa que nos merecemos y que soñamos. Nada más, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Raso.

SRA. RASO: Señor Presidente, desde el Bloque Radical no vamos a acompañar el proyecto en tratamiento porque se ha dado dictamen en principio a este proyecto en forma totalmente unilateral, sin debate de la Comisión y teniendo conocimiento reciente de las modificaciones introducidas al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, después de emitido el dictamen avalado por el oficialismo de la Legislatura.
Señor Presidente, señores diputados, un proyecto tan serio como lo es el de la creación de una Universidad, un lugar de formación académica profesional que además de expedir títulos, investiga y produce conocimientos, que debe ser un espacio estratégico de participación y construcción de ciudadanía, donde se debe pensar críticamente, donde se deben discutir ideas a partir de debates racionales y democráticos; un proyecto tan importante –vuelvo a repetir- como lo es la creación de una Universidad, no ha sido tratado y debatido correctamente en la Comisión correspondiente.
Pero no sólo eso no se ha hecho; no se ha debatido ni invitado a toda la comunidad educativa del Chubut a participar y a opinar de este proyecto. Y es más, señor Presidente, se debería haber invitado y haber debatido de cara a la sociedad del Chubut para conocer el pensamiento de las distintas ciudades y localidades de la provincia.
Hemos repetido hasta el cansancio, en todos los ámbitos en que nos consultaban, que deberíamos tratar de no fragmentar la oferta educativa, que debíamos tender a fortalecer la Universidad Nacional, que teníamos que tratar de solucionar los problemas existentes –que lógicamente los hay, son muchos-, que debíamos aunar esfuerzos y recursos económicos y humanos y no tratar de solucionar todos estos problemas con la creación de una institución paralela que mágicamente va a venir a solucionar todos los problemas de la gente de Rawson, porque no escuché decir de “los chubutenses” en la fundamentación.
El señor Gobernador, cuando hizo la presentación en sociedad de esta iniciativa, puso en tela de juicio el trabajo que durante años viene realizando la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco". Y creemos que es importante realizar una mirada crítica sobre el pasado y sobre el presente también, pero siendo respetuosos de lo que muchos hombres y mujeres hicieron antes para llegar a ser lo que somos y a tener lo que hoy tenemos en la provincia del Chubut.
Sin embargo, el señor Gobernador al anunciar esta iniciativa -y lo han publicado todos los medios- dijo: “hoy es una fecha fundacional”. Debemos tener presente, señores diputados, que no somos fundadores. El señor Gobernador cree que todo comenzó con él, tiene tendencia a presumir que la historia comienza con él y esto no es bueno en ningún caso, y menos cuando de educación estamos hablando. Somos continuadores de la historia, recibimos una herencia que podemos enriquecer, pero siempre apelando a la memoria social e institucional.
Sería largo enumerar aquí sobre los antecedentes que tiene la educación universitaria en la región. Sólo queremos señalar que llevó largas décadas de lucha y de trabajo llegar en 1980 a la sanción de la Ley 22173, de creación de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, por la que se unificaron la Universidad Nacional de la Patagonia, creada por Ley 20296 en el año 1974 y la Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco" creada por Decreto nº 2850 del año 1963. Y fue en 1981 cuando se celebró el convenio con la Provincia del Chubut donde se transfirió el Instituto Universitario de Trelew a la Provincia.
Parece ser, señores diputados, señor Presidente, que en esos tiempos, a diferencia de los actuales, los diferentes actores tenían claro que en la unión estaba la fuerza, que las instituciones se fortalecían si se sumaban esfuerzos, que era mejor unificar que dividir o crear distintas unidades académicas. Lamentablemente, hoy sucede lo contrario.
¿No hubiese sido más lógico que el Poder Ejecutivo tratara de coordinar acciones con la Universidad Nacional ya existente, y que utilizara los recursos que va a utilizar en la creación de esta nueva universidad, que destinara esos recursos al fortalecimiento de la ya existente que hubiera contribuido para la creación de nuevas carreras de grado y postgrado y de otras sedes incluso, si lo que se pretendía era un sede en Rawson?
Vamos a reiterar que con este proyecto se está tendiendo a la fragmentación y segmentación de las ofertas de formación profesional que implican dispersión de esfuerzos y recursos económicos y humanos.
En este sentido, no sólo se podría haber articulado con la Universidad Nacional de la Patagonia sino también con la Universidad Tecnológica Nacional y con los distintos Institutos Superiores de Formación Docente de la provincia. Se podrían haber consensuado diferentes proyectos y coordinar, como ya dijimos, el dictado de carreras de grado y postgrado. Esto hubiera hablado de una racionalidad social y económica que no parece tener este gobierno. En vez de pensar en otra universidad, ¿podrían haberse detenido a pensar el señor Gobernador y la señora Ministra de Educación en mejorar la calidad educativa de la Ley de Educación Inicial, mejorar la calidad educativa en la primaria y secundaria, que son realmente a lo que los obliga y le compete al Estado y que arroja alarmantes índices de deserción y de repitencia y muestras concretas de deficiencia? ¿O es que no sabe el señor Gobernador y la señora Ministra de Educación que los Institutos Superiores de Formación Docente se ven obligados a dictar cursos propedéuticos para preparar y nivelar a los alumnos para el ingreso a las carreras? ¿No saben acaso que los docentes se enfrentan en los terciarios y en la universidad con alumnos que no comprenden lo que leen y que no tienen las más elementales competencias comunicativas ni los más elementales conocimientos tecnológicos? ¿No saben acaso que este año en Puerto Madryn casi 200 niñas y niños tuvieron serios problemas para asistir a las salas de 4 años cuando la Ley 26.206 de Educación Nacional establece en su Artículo 19° la obligación de las provincias de universalizar los servicios educativos para los niñas y niños de cuatro años de edad. ¿No saben que siempre son los sectores más vulnerables social y económicamente los más perjudicados? De estos temas debería ocuparse la señora Ministra de Educación.
Señor Presidente, señores diputados, en el ámbito nacional se está debatiendo una nueva Ley de Educación Superior. Dijo la señora diputada Adriana Puiggrós del Frente para la Victoria: “El sistema está anarquizado, hay institutos de educación superior y universidades que se superponen, no hubo criterios de planificación regional y esto es lo que hay que generar”. Entonces, nos preguntamos: ¿Por qué sancionar una norma en la Provincia del Chubut cuando vamos camino a una nueva Ley de Educación Superior?, siendo la actual Ley, la 24.521, -creo que en el marco de la educación- la única norma sobreviviente desde la época del menemato.
Uno de los aspectos que integran el proceso de revisión anunciado por el señor Ministro de Educación a nivel nacional, es la norma referida a las universidades provinciales. Es decir que las experiencias que sobreviven como la de la UADE lejos están de poderse considerar exitosas y, por el contrario, han sido una fuente permanente de conflictos públicos.
Quiero finalizar señor Presidente, leyendo la pronunciación del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que en su reunión plenaria realizada en Santa Rosa, La Pampa, que contó con la participación de 33 universidades nacionales dijo: “Las universidades nacionales expresan su oposición al proyecto de creación de la Universidad Provincial del Chubut presentado públicamente por las autoridades provinciales”.
Se refiere luego a: “su preocupación por los intentos y propuestas de creación de universidades provinciales que pueden fragmentar la coherencia regional de la política universitaria nacional y convocó a los estados provinciales a sumarse al desafío de promover acciones conjuntas que permitan la articulación institucional de los recursos en materia de educación superior, optimizando la utilización de fondos públicos en un marco de solidaridad, respeto y complementariedad”.
Y para finalizar, señor Presidente, creo que esta norma que hoy los señores diputados están dispuestos a aprobar no es nada más que una expresión de deseos.
Por lo expuesto, por parte de los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, indudablemente queda plasmado que no es una universidad para la Provincia del Chubut, es una universidad para la ciudad de Rawson, así lo han destacado, y creo que es un proyecto totalmente vacío de contenido, donde se establece sí un marco regulatorio pero de muy difícil concreción, aún por el presupuesto que se ha imputado a este proyecto.
Por lo expuesto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical no vamos a votar este Proyecto de Ley.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Bien, el autor del proyecto tiene derecho a hacer uso dos veces de la palabra, pongo esto en conocimiento de los señores diputados. Tiene la palabra la señora diputada Muñoz.

SRA. MUÑOZ Señor Presidente, señores diputados: parece que la señora diputada Raso todavía no se enteró que el que gobierna la provincia es el Justicialismo, parece que está lejos de esa idea, cree que todavía está en el gobierno.
Las decisiones políticas y todas las estrategias las toma el Justicialismo, su conjunto y su equipo de trabajo. Le duele porque no se les cayó la idea a ellos.
Quiero contestarle aunque no le guste, la ley la vamos a aprobar ahora y seremos los diputados que levantamos la mano, que creamos y trabajamos con políticas que le cambian la realidad a la gente, ustedes no son creadores, son fundidores.

- Aplausos en las barras.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Silencio. Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Muñoz.

SRA. MUÑOZ Señor Presidente, señores diputados: cuando la señora diputada se refería al tiempo, a esos tiempos que eran históricos, donde la unidad hacía la fuerza, se olvidó de decir que era la época militar, y así se unieron y así nos dejaron. Lamento que se refiriera a esa época.
Señor Presidente, estoy convencida que esta decisión política y las decisiones políticas de este gobierno han sido históricas y trascendentes. No esperábamos que el Radicalismo nos acompañe, no nos acompañó en el gasoducto porque también era una mera idea y hoy el gasoducto está, y la gente tiene calor natural, se puede vivir otra vida, puede mejorar su calidad de vida; y como dijo el señor Gobernador, les devolvimos la sonrisa.
Segundo, le quiero decir a la señora diputada que parece que no lee los diarios, parece que no estuvo en la Provincia, cuando ellos eran gobierno.
¿Por qué lo digo? Yo soy docente, y se lo digo mirando a la cara, señora diputada, ¿sabe por qué?, porque usted se olvidó que el Nivel Inicial en la Provincia funcionaba en lo que les sobraba a las escuelas primarias, y en todo lo que los intendentes podían ofrecerles al Sistema de Nivel Inicial. Nosotros hicimos más de veinte edificios, hermosos, únicos que van a quedar en la historia, les trajimos dignidad, no solamente a los chicos y sus familias, a los docentes. Hoy los docentes tienen un lugar digno donde trabajar y desarrollar sus actividades.
No se preocupe, señora diputada, no esperábamos que nos acompañen, pero parece que usted tampoco leyó el Orden del día de la semana pasada, porque este proyecto estaba en el Orden del día de la semana pasada y se pasó para ésta.
Yo simplemente le quiero decir que la fragmentación de las instituciones las hace la incoherencia, las hace el poco compromiso que asumen quienes conducen las universidades o los institutos o las escuelas.
Cuando alguien tiene compromiso social y se compromete con su comunidad, le puedo decir y asegurar –porque yo trabajé en una comunidad difícil- que todo sale adelante y que la igualdad de oportunidades les llega a todos.
Este Gobernador, mal que les pese y por eso les duele, ha trabajado de cara a la sociedad, con aciertos y con errores, porque el que construye y hace siempre tiene la posibilidad de cometer errores. Pero sí le puedo decir que no trabajó detrás de la gente para tratar, de alguna manera, entre comillas, de mentirles o de decirles que esto es lo mejor y que al final del camino quedaran con las manos vacías, que eso es lo que hicieron ustedes.
Nosotros podemos mostrar y podemos demostrar que lo que se dice se cumple. Y lo que más le duele, le voy a decir… porque usted dice que no hubo debate, y yo le digo que usted sigue teniendo mala memoria. Nos juntamos todos los Bloques y con todos los diputados que había en el recinto, todos los Bloques con las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, y no cambiamos nuestro discurso, seguimos diciendo lo mismo. Porque en esa reunión, nosotros les dijimos que seguíamos analizando el proyecto pero que iba a salir porque era una decisión política del Gobernador, de este gobierno. No era un proyecto de un diputado, era un proyecto de gobierno, una decisión política. 
Lo que más le duele a usted es esto, es esto. Porque esto, ahora que usted habló y yo lo analizo, lo hizo usted con los de la Universidad.
¿Qué pretendía, qué proponía la Universidad? Lo que usted dijo. Comparten –dicen-, la clara vocación del Estado Provincial de participar en la elaboración de estrategias referidas a la formación de Educación Superior. Comparten todo el marco, lo que no comparten es que la plata se vaya para otro lado y no se la den a ellos.
¿Qué es lo que nos proponían? Fíjense, proponían de alguna manera en el Proyecto de Ley que está anexado acá: “el Poder Ejecutivo implementará, conjuntamente, con la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, una comisión de análisis y articulación de acciones universitaria”.
Yo hasta ahí estaba contenta cuando leí el proyecto. Después dice que creará, que se analizarán las ofertas en los lugares donde están, que es interesante trabajar, y es lo que nosotros seguimos proponiendo. Pero lo que decía el Artículo 4° era lo que ellos querían. “Se autoriza al Poder Ejecutivo a establecer y reglamentar un fondo de asistencia presupuestaria para la implementación consensuada de nuevas ofertas universitarias pública, así como la eventual complementación de la ya existente en el ámbito de la Provincia del Chubut y un fondo que será constituido por los aportes especiales de la emergencia del punto 7 al punto 1 de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut, aprobada por Ley 5616 y otros fondos específicos. Apruébase la constitución de un fideicomiso…”
Eso es lo que quería, eso es lo que quería diputada. Y yo le digo -lo dije siempre que hablé- que uno no puede ser sordo y ciego cuando llega a un lugar de trabajo, cuando se hace cargo de una institución, cuando se hace cargo de una responsabilidad política, de reconocer quienes vinieron trabajando o quienes hicieron base en el lugar donde uno llega. Yo no puedo dejar de reconocer la historia y la trayectoria que tiene la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, no sólo en la Provincia del Chubut sino en el resto, porque ha sido la oferta educativa de todos quienes han pasado. Porque de esta oferta educativa que hoy estamos creando ¿qué es lo que dije yo? Que es una oferta educativa que se complementará con el resto. No venimos a competir, venimos a sumarnos, venimos a construir entre todos esta Provincia y esta Patagonia que todos queremos.
No somos mezquinos de pensamiento, porque no se me ocurrió a mí, no lo voto. No esperábamos el acompañamiento, pero sí por lo menos no dejar asentado en la versión taquigráfica esa expresión mezquina que dijo, que esta Universidad es para Rawson. Una legisladora provincial no puede desmerecer otra localidad porque no es la suya.
Diputada, nosotros somos diputados de la Provincia del Chubut, no somos diputados de la localidad donde vivimos.
Por eso creo, señor Presidente, señores diputados, que ésta, mal que les pese a muchos, es una decisión política trascendente, más allá de la decisión de ellos, que ellos quedarán en la historia como siguen quedando, que van siempre a contramano de la realidad y de lo que la gente necesita. Gracias, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Néstor García.

SR. GARCÍA (Néstor): Señor Presidente, en relación a lo que se ha manifestado, es cierto, es una Universidad para Rawson. Rawson la quiere, Rawson la necesita y, por voluntad de todos sus vecinos, Rawson la va a saber llevar adelante, para beneficio de todos los chubutenses, no para la exclusividad de Rawson sino para beneficio de todos los chubutenses.
Creo que queda un arduo trabajo por delante para darle el marco adecuado a este sueño; ya comenzaron a sobrar las palabras y es necesario poner manos a la obra. Conscientes de que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos es que, sin mediar más palabras, quiero manifestar el voto positivo del Bloque PROVECH.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Montoya.

SR. MONTOYA: Señor Presidente, no pensaba hacer uso de la palabra, porque sentía que formaba parte de la Universidad Nacional de la Patagonia por ser egresado de ella. Pero debo decir que existe una larga y rica historia de la Universidad Nacional de la Patagonia, de la cual algunos podemos saber; el diputado Javier Touriñán y yo podemos saber, porque fuimos en el año `83 –que mencionaba la diputada Raso- coautores de la redacción del proyecto de estatuto.
Quiero separar y resaltar en la historia de la Universidad Nacional de la Patagonia al ingeniero Aldo López Guidi, un gran hombre, un gran intelectual, un gran demócrata; un hombre que nos enseñó el camino de la participación, la amplitud de criterios, el crecimiento y, sobre todo, la comprensión de nuestro territorio regional. Tanto el diputado Touriñán como yo hemos tenido largos debates con el ingeniero López Guidi, porque cada vez nos sorprendía con una nueva sede, hasta que entendíamos que éste era el reclamo justo a las necesidades y el reconocimiento a las distintas regiones de nuestra Provincia; así fuimos abrazando a Esquel, Puerto Madryn, Ushuaia y allí nos detuvimos, porque en esto de la democracia los hombres cumplen un período y otros impiden lo que alguien comenzó a hacer.
Por eso quiero destacar, resaltar y separar esa gestión de la gestión de doce años de ladrones, como Hugo Bersán, del cual tengo el gusto como abogado de haber obtenido una sentencia judicial para que lo procesen por pagar sus honorarios profesionales con dinero de la Universidad.
Tengo el gusto de haber obtenido una sentencia judicial para que restituyan al señor Carlos Padín, síndico de la Universidad, que cuando remarcó las primeras tropelías que hacían en el presupuesto de la Universidad, 35% de sobrevaluación en una obra, en esta colaboración o connivencia de apoyo de la Provincia a la Universidad Nacional para su desarrollo, un rector sin legitimidad y sin autoridad lograba un crédito firmando un pagaré –como lo escuchan, cosa imposible de creer- al Banco del Chubut y obtenía en forma directa esa plata de la empresa Tecneco. Éste es el apoyo institucional, éste es el apoyo a la educación superior y a la Universidad Nacional que hace el gobierno radical a una gestión radical, como la de Hugo Bressán, Roque Cambareri y su conjunto de ladrones, porque están procesados, por eso lo puedo decir no bajo el cobijo de ninguna inmunidad.
Entonces esto es, señor Presidente, lo que el señor Gobernador no pudo evitar, que es tomar decisiones para  hacer un proyecto de universidad, porque la Universidad Nacional de la Patagonia no pudo debatir con el conjunto de la Provincia un proyecto político, porque lo que interesaba era un proyecto económico para robar, y en ese marco la  dejaron destruida y cuando la dejaron destruida, la abandonaron. Y es en esta gestión del Ingeniero Gil, que empieza a tapar los agujeros y a cerrar los déficits que dejaron doce años de gobierno conjunto, provincial y universitario del mismo signo, para el desarrollo y para poder colaborar y coadyuvar ideas. Por supuesto que ha sido mejor, por supuesto que sería positivo, por supuesto que sería posible, pero para eso se necesitan grandes hombres como lo fue López Guidi, no los que vinieron después.
Por eso, señor Presidente, debo decir que en su momento me costó decidir por qué crear una nueva universidad, sin discutir por qué crearla en Rawson, porque soy de Sarmiento, y si hubiera tenido la oportunidad la hubiera peleado para Sarmiento, porque todos queremos una casa de altos estudios en nuestra ciudad porque nos jerarquiza, porque nos eleva, porque nos trae recursos humanos que nos van a hacer debatir diferente en la ciudad.
Yo les digo a los rawsences: van a tener competencia, porque van a tener muchos recursos humanos que traer, que van a elevar el nivel de la ciudad, en puntos de vista, en debates de ideas, en debates de proyectos, en confrontación. Cuando hay una  universidad nacional en  una ciudad es muy difícil acallar las ideas, no  se puede; eso es una  universidad, es el universo de ideas, es el debate de ideas en la generación de proyectos, en la generación de desarrollo.
Por eso, señor Presidente, creo y lamento que el diseño de esta universidad sea el diseño de la ley radical, de esa participación mezquina de sectores mínimos de la sociedad. Me hubiera gustado otro diseño de universidad, un diseño con mayor participación del conjunto de los trabajadores, del conjunto de los intelectuales y del conjunto de empresarios. Y tengo vasta experiencia, más de doce años en la universidad, en dos carreras y en dos universidades distintas, y he visto que este diseño está fracasado, porque los alumnos no pueden decidir sobre muchísimas cosas que a veces tienen más peso que en otros sectores. Y yo he sido dirigente estudiantil, hablo con conocimiento de causa: hay  sectores de la sociedad que faltan, y ojalá en esta nueva interpretación de ley universitaria sea eso lo que se abarque. Porque no se puede invertir $ 140.000.000 para que lo disfruten algunas minorías muy pequeñas, abroqueladas en su propio ombligo, porque muchos de los que fuimos dirigentes no fuimos a la universidad, no nos quedamos retorcidos en ese circuito para tener dedicaciones exclusivas, para tornarnos a ser decanos o rectores; la universidad es otra cosa, es pensar para siempre y para adelante, no para uno y para atrás.
Por eso, señor Presidente, estoy convencido de que es la ciudad de Rawson solamente la sede, y no vamos a perder oportunidad de -cuando tengamos posibilidades- presentar proyectos alternativos o de plantear una nueva sede, así lo haremos; y posiblemente cuando hayamos dejado de ser legisladores estaremos demandando donde haya una problemática, donde haya una oportunidad regional de crear una carrera, que así se haga, sin las mezquindades que tuvo esta universidad.
Por eso, señor Presidente, creo que éste es un proyecto que va a tener que ser debidamente cuidado, debidamente custodiado, porque si no también corre el riesgo de los vicios de las viejas estructuras universitarias.
Así que, voy a apoyar el proyecto y le deseo muchísima suerte y muchísima ventura a esta universidad. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Miguel González.

SR. GONZÁLEZ (Miguel Ángel): Muy breve, señor Presidente. Ante la inminente aprobación del proyecto tan trascendente para nuestra Provincia del Chubut, voy a solicitar que el proyecto en general se vote en forma nominal.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción del señor diputado González.

-Se vota y aprueba.

SR. URBANO: Señor Presidente, cuando tomamos conocimiento de que se iba a construir y llevar a cabo una universidad provincial, la gran mayoría de las personas consideraron de que no correspondía, que no era necesario, que en última instancia lo que habría que hacer era apuntalar, a través de convenios, a través de gestión, la universidad que nosotros tenemos, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Eran épocas en donde sobraba la plata, parecía que era así, y que esto era una forma de dar rienda suelta o de producir gastos, que de alguna forma se tenían que realizar, no tenía otra excusa, no había otra explicación. La infraestructura que requiere una universidad es costosísima y la verdad es que no tiene sentido realizarlo en este momento de crisis, en aquella oportunidad no hubo demasiada resistencia, y yo creo que tendría que haber existido, pero en estos momentos donde estamos entrando en una situación de extrema gravedad con la crisis socioeconómica que seguramente va a existir en el Chubut, arrastrado por lo que está pasando en el mundo entero, entrar a hacer este gasto enorme me parece que es una medida  totalmente descabellada.
Tenemos que tener en cuenta que nuestra universidad es una universidad donde se han formado muchos estudiantes no solamente de Chubut sino también de provincias aledañas y no vemos el motivo por el cual ya empezó una serie de competencia en donde se la está desacreditando, por determinadas razones, y yo creo que esto no le va a servir a la nueva Universidad que, como dijo alguien acá hay una decisión política y seguramente se va a llevar a cabo porque acá hay manos suficientes que van a hacer levantadas sin haber tenido la participación de la comunidad. Creo que esto tendría que haber sido debatido en forma más profunda y seguramente hubiéramos desistido de esta idea tan descabellada. Quiero dar mi voto negativo, el del Bloque del ARI, que por supuesto lo rechazamos y la mayoría de los conceptos que puedo expresar en estos momentos ya los dio la señora diputada Raso por los cuales me adhiero totalmente. Nada más.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Señor Presidente, no tenía mucha intención para ser honesto, muchas ganas de participar en esta discusión y creo que los diputados preopinantes, especialmente la señora diputada Raso ha sido clara al exponer el posicionamiento del Bloque de la Unión Cívica Radical. Pero me veo en la obligación de hacerlo por la naturaleza del tema que estamos debatiendo, que es la creación -como se dijo acá- de una Casa de altos estudios que se basa en el principio sagrado universitario de la autonomía universitaria.
Les gusta a algunos diputados hablar de la historia de la Reforma Universitaria, tendríamos que irnos hasta el año 1916 y todo lo que significó, señor Presidente, que estos principios sagrados de la Reforma Universitaria hoy tengan plena vigencia en el país. Lamentablemente acabo de escuchar a un profesional, a un universitario, -alguien que, como dijo, se formó en una universidad democrática- denostar estos principios, por lo que él entiende fue una gestión que merece una crítica y que calificó incluso a algunos de sus miembros de ladrones. Lo primero que voy a pedir, especialmente por lo que estamos discutiendo, y ante quiénes lo estamos debatiendo, porque están los representantes de la comunidad de Rawson, que tenga el honor de constituirse en querellante -lo dijo, no se cubre en los fueros y yo me alegro- para acreditar todas y cada una de las acusaciones que ha hecho; porque es cierto que el ex Rector, al cual ni siquiera conozco más allá de las gestiones personales por haber sido rector, ha sido condenado por el uso o mal uso de recursos en el pago de honorarios, pero en todo lo demás -que yo sepa- no existe condena y tiene la posibilidad el diputado Montoya como miembro –entiendo- de esa Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” -de la que él tanto ha hablado- de constituirse como querellante; es más, debe hacerlo, debe hacerlo, debe hacerlo. Porque ha hablado de ladrones, ha denostado los principios sagrados de la reforma de la que yo participé, he sido universitario, y él nos ha denostado por -lo que entiende- gestiones de un período en el que vinculó a la Unión Cívica Radical.
Y le puedo asegurar, señor Presidente, que hasta donde yo sé, el Gobierno de la Provincia en esos doce años de gestión no ha tenido vinculación, además no corresponde que la tenga, como tampoco la va a tener esta universidad que es provincial, si se cumplen los principios de la autonomía universitaria. No debería tener ni gestión o injerencia el Gobierno de la Provincia, en absoluto. Porque uno de los valores justamente de la Reforma Universitaria, de la autonomía universitaria, es justamente que sus claustros definan entre sí -entre ellos, con la participación democrática de cada uno de esos claustros- el destino de una universidad.
Pero más allá de estos agravios, que son gratuitos, porque fíjese señor Presidente, lo primero que nos debería llevar a enseñar la vida universitaria es la tolerancia y la vida universitaria enmarcada en los principios de la Reforma Universitaria; la tolerancia, aceptar que el otro opine distinto; pero por el hecho de decir que no estamos de acuerdo con lo que se ha expresado, hemos sido agraviados, calumniados, porque nos vincula a todos, vincula al Gobierno Radical, doce años de gobierno en las opiniones del Gobernador… de ladrones, toda clase de epítetos por el hecho de que expresemos en la votación: miren, no estamos de acuerdo, vamos a votar en contra, y éste es el pecado.
Me da la sensación de que si tuvieran la posibilidad, nos liquidarían de este Parlamento.
Eso es abusivo, eso es intolerancia, es abusar, señor Presidente, de la mayoría que le dio democráticamente el pueblo del Chubut. Claro que tienen la mayoría, pero tienen que aceptar que opinemos distinto y no por eso somos más o menos malos, opinamos distinto.
Y lo vamos a seguir haciendo, no porque somos más o menos democráticos o, señor Presidente, como ha dicho el diputado Montoya, por militar en este partido la Unión Cívica Radical, más o menos honestos, porque esto es lo que ha expresado el señor diputado Montoya.
No lo puedo creer y, obviamente, no lo puedo aceptar, que critique la posición del Radicalismo llevándolo a la discusión de la honestidad o deshonestidad de la Unión Cívica Radical; es como si yo, señor Presidente, irracionalmente porque también soy universitario, fuera un poco más atrás –con unos pocos años más que el señor diputado Montoya- y fuera a Otalagano, Ivanissevich, López Rega, a todos los que a mí me privaron como universitario, me persiguieron de los comedores universitarios, terminé recibiéndome con un golpe de Estado en el `76, y producto mucho de esas políticas he convivido en la universidad con guardaespaldas armados.
Yo iba a la Universidad de Santa Fe, entraba a la Facultad de Derecho y había guardias armados, el oficialismo pareciera… es como si yo dijera: mire, nos va a volver a ocurrir… esto es una irracionalidad. O que yo descalificara al Justicialismo porque sostiene esta posición, claro que tienen derecho a sostenerla, tienen el mismo derecho que tenemos nosotros al decir que no estamos de acuerdo y queremos explicar por qué no estamos de acuerdo, sin descalificarnos de esta manera.
Pregunto, señor Presidente, si hablan de los valores, les puedo asegurar que los comparto, de las dos diputadas que leyeron la fundamentación de la creación de la Universidad; cómo no vamos a compartir esos fines, pero también queremos que estos fines se concreten, que le digamos a la comunidad de Rawson “miren, en serio van a tener su Universidad”. Además de usarla como una herramienta -si quieren-  de política electoral, pero logren como objetivo su Universidad. Porque no fuimos nosotros, lo dijo la señora diputada preopinante, un día histórico de Rawson, ni hablemos del diputado García, del PROVECH, que dijo, directamente, para Rawson, y ésta es una Universidad que debe ser para la provincia del Chubut.
Pero yo digo, señor Presidente, mirándolos, asumiendo la votación nominal, lo decimos: miren, los radicales nos oponemos. Y vamos a explicar por qué nos oponemos: porque queremos que esta Universidad no sea una mentira, que sea una realidad.
Yo pregunto, señor Presidente, estamos por aprobar un presupuesto –además de rechazar uno-, el de la Provincia, de $ 4.300.000.000 –creo que ronda esta cifra-. Es decir, de $ 4.300.000.000, del nuevo presupuesto -dijo el Gobernador el más alto en la historia de la Provincia del Chubut- se destinan $ 2.000.000 a la Universidad. En esta ley que estamos sancionando no se dice qué cantidad de gente va a trabajar en la organización de la Universidad, para lo que tiene seis años dice el proyecto, cuatro años más dos para organizar la Universidad; hagamos un promedio de sueldos por año, qué cantidad de técnicos... y gran parte de esa plata se va en sueldos, ¿para organizar qué?
Después, la señora diputada habló de “campo” y no es “campo”, es el “campus” universitario; todo lo que implica un campus universitario para la ciudad de Rawson, que lo compartimos, qué más queremos que nuestra ciudad capital tenga un campus como no tiene la provincia y como se merece la capital. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué plata se va a construir? ¿Para qué carreras? ¿Cómo lo vamos a financiar? Me lo tienen que decir, lo tiene que decir la ley que estamos sancionando, para que todo esto...
Nos han ofendido, agraviado, calumniado, nos han dicho ladrones simplemente porque decimos: miren, tenemos estas dudas. Bueno, no nos lo digan a nosotros, díganselo al intendente de Rawson, que está acá, entiendo que están los concejales y representantes de la comunidad de la capital de la Provincia del Chubut. ¿Con qué lo van a pagar? Si estamos por aprobar $ 4.300.00.000, el presupuesto más grande de la Provincia del Chubut; $ 2.000.000 destinan.
La Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco" con todos los problemas que tiene, tiene un presupuesto anual de más $ 100.000.000 -y los problemas que tiene-... $ 150.000.000, y tiene construido el edificio, y tiene construidas las sedes y demás. Pero éste es el presupuesto. ¿Con qué vamos a pagarlo? ¿Por qué no lo discutimos? Esto es lo que queremos hacer.
Y si decimos que no estamos de acuerdo y que no compartimos, porque nos parece, tal como lo presentó -y esto es verdad, y lo dijo la diputada Raso- el Gobernador, cuando presentó el proyecto a la comunidad de Rawson, denostó la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco”, criticó la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”; yo pido que lo recuerden.
Y pido también, señor Presidente y comunidad de Rawson, que digan, que recuerden con qué dijeron que se iba a financiar esta Universidad; yo pido que lo recuerden: con los fondos extraordinarios del contrato de Pan American Energy. ¿Dónde están los fondos extraordinarios del petróleo? Estamos viviendo una de las crisis más grandes; se cayó el precio. ¿Dónde están los fondos extraordinarios de Pan American Energy? Tienen que estar en el presupuesto; $ 2.000.000 son; me lo tienen que explicar. ¿Dónde están? Porque les recuerdo que el contrato que se firmó con Pan American Energy se cayó porque el valor del petróleo así lo indica; se cayó; no hay regalías extraordinarias, nunca las hubo; no están. ¿Dónde están esos fondos extraordinarios? ¿O deberemos esperar, para financiar esta Universidad, que el precio del petróleo vuelva a subir y que el contrato genere estos recursos? Esto es lo que hemos planteado.
Y le puedo asegurar, señor Presidente, y créame, que nosotros simplemente lo que dijimos o lo que íbamos a decir es lo que expresó la diputada Raso: miren, tenemos estas dudas. Pero no podemos aceptar que nos ofendan de esta manera, que nos agravien, porque, señor Presidente, hasta eso generan.
Yo les pido que recuerden que nosotros hemos debatido muchas veces, y vamos a seguir debatiendo muchas veces, pero jamás les hemos llamado ladrones o que militen en un partido político de ladrones. Señor Presidente, por edad, me ha tocado participar en muchas gestiones justicialistas, pero no lo hemos hecho; aceptamos cuando opinan distinto a nosotros, y lo aceptábamos cuando éramos mayoría; y teníamos debates, duros debates, pero el Justicialismo siempre expresó su opinión y siempre lo respetamos; y terminaron los mandatos, señor Presidente -y he participado en varios- y a pesar de la dureza de los debates, seguimos conviviendo y hablando con ex legisladores porque nunca nos faltábamos el respeto, ni nos ofendíamos de esta manera, ni se dificultaba el diálogo, porque es imposible dialogar de esta forma.
¿Cómo pretenden que ayudemos a construir algo si cada vez que planteamos algo distinto nos ofenden, nos agravian y nos agreden como nos agreden? Nos amenazan y abusan de un poder que le ha dado, es cierto, la comunidad y nosotros lo respetamos.
Simplemente pedimos que nos respeten y esta es nuestra opinión, por eso no votamos este proyecto, no porque sea un capricho o porque sea una idea que se le cayó al señor Gobernador Das Neves y no se nos cayó a nosotros, como dijo la señora diputada preopinante. Queremos apostar a un proyecto serio y que sea serio y que se le diga a la comunidad cómo se va a financiar y que definamos entre todos qué tipo de universidad provincial queremos y qué tipo de universidad provincial necesitamos los chubutenses. Acá no se ha debatido, acá no se ha dicho ni siquiera cuál va a ser la orientación.
Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y a trabajar, pero cuando la cuestión se plantee seriamente,.y cuando sea posible hacerlo en un marco de respeto sin que nos agredan, como nos agreden simplemente porque opinamos distinto.
Gracias señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, creo que están demostrando una particularidad, que es la de sentirse ofendidos y agredidos cada vez que alguien piensa distinto. Necesariamente y prácticamente todos los días recriminan que no se respeta a las minorías solamente por no pensar igual.
Yo creo que no miran la ventana sino que miran al espejo, porque no aceptan que la mayoría piense distinto a lo que piensan ellos. Entonces, este debate se convierte en un debate vacío porque reclaman cuestiones que ellos no practican.
En principio, la educación no puede plantearse en los términos que lo plantea la Unión Cívica Radical; o sea, no puede plantearse porque no hay competencia, cuando hay más oferta académica, no puede haber competencia abriendo más universidades, es como si pretendiéramos cerrar las escuelas para que no haya competencias entre distintos sectores.
Es un complemento, no puede haber un hecho tal que perjudique a una universidad por la mera existencia de otra universidad, eso es una entelequia, no existe tal concepto.
La universidad no es una fábrica de estudiantes, no es una fábrica de profesionales, no es eso, de ninguna forma. La universidad tiene tres patas: la educación, la investigación y la extensión universitaria.
Es cierto lo que decía el señor diputado Montoya, que hemos participado en la creación de esta universidad que hoy tenemos en la provincia y en la Patagonia, que es la Universidad Nacional de la Patagonia. Nos costó mucho trabajo. Yo tal vez con un par de años más de lucha, no muchos, que mi compañero de bancada, porque él estaba en esa época peleando por Malvinas y yo estaba en la universidad.
Y todos los que estábamos en ese momento planteábamos o creíamos o concebíamos la universidad como eso, como el complemento que necesitaba la región para poder desarrollarse como tal, porque había varias ofertas dispersas que no completaban el esquema que se necesitaba para la región.
De ese conjunto de intereses surgió la Universidad Nacional de la Patagonia, que en ese momento tenía sede únicamente en Comodoro Rivadavia, y absorbió, como dijo el señor diputado Montoya, al Instituto Universitario de Trelew y, posteriormente, se absorbió la sede de Esquel.
Pero esta universidad que nació en ese concepto de regional, universidad que nació como una apertura de distintas ofertas que debían comprometerse con el medio, y debía desarrollar un esquema de carreras que tenga una relación directa con la realidad de cada una de las regiones o subregiones de la Patagonia, no se cumplió, y no se cumplió por diversas razones.
Yo no voy a analizarlas en este momento, porque no es lo que estamos debatiendo. Lo que estamos debatiendo es la creación de una universidad y no la crítica hacia otra, pero no se cumplió. Y conceptualmente se triplicó el costo o el gasto que significa -y a veces se cuadruplicó-, pero se triplicó el costo al tener repetidas las carreras en las distintas sedes; o sea, no se trataba de abrir sedes con las mismas carreras, sino que se trataba de que cada sede tuviera carreras acordes a las necesidades que tuviera la región en ese momento. Y esto no se cumplió por diversas razones; las razones evidentemente casi siempre -y viéndolas desde adentro- eran políticas, por la necesidad de tomar mayor cantidad de alumnos, por tener presencia en las distintas localidades y por ir avanzando territorialmente sobre un esquema político, necesariamente en los albores de la democracia en esta región, en esta provincia y en esta nación.
Me acuerdo que mis adversarios en esta lucha, por si quieren nombres, eran Mauricio Manfredini, Ismael Retuerto, había nombres que realmente tuvieron algún tipo de implicancia en este esquema. Vuelvo a repetir, no se trata de competir ni de ver cuál es la universidad que va a preponderar sobre la otra, porque no hay una cuestión de supervivencia del más apto o que sobrevive el más fuerte, sino que las dos pueden coexistir con las ofertas académicas distintas que es lo que se propone.
¿Qué propone la Universidad del Chubut?: propone una oferta académica con carreras que no se estén dictando en forma formal en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, que tengan que ver con la realidad que necesita la provincia para poder desarrollarse actividades o ramas que aún no están cubiertas.
La sede donde esté ubicada realmente es una cuestión menor, si se considera que la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, si bien  tiene sede en las principales ciudades de la provincia, alberga a estudiantes de todos los rincones de la provincia e incluso estudiantes extra provinciales. De hecho, en Comodoro Rivadavia, existen albergues de localidades del interior, que reciben a los chicos que vienen a estudiar a la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Que esté en Rawson, en Trelew, en Comodoro Rivadavia, en Esquel, en Madryn, en Paso de Indios, es exactamente lo mismo, si lo que se busca es tener un esquema de excelencia académica, un esquema de complemento a la oferta académica que se tenía hasta el momento. Nadie cuestionó en su momento la inserción que tuvo la Universidad Tecnológica Nacional, que también se desarrolló en varios lugares de la provincia y en algunos sigue estando intacto; pero evidentemente que fuera una Universidad Nacional, Tecnológica Nacional, tampoco generó este tipo de inconvenientes.
Nadie cuestiona que, por ejemplo, la Universidad de Belgrano dicte carreras a distancia en la Provincia del Chubut; nadie cuestiona que la Universidad Nacional de Salta dicte carreras a distancia en la Provincia del Chubut; nadie cuestiona que la Universidad del Comahue dicte carreras en la Provincia del Chubut; nadie cuestiona que la UNPA, que es la Universidad de Santa Cruz, que nació como una Universidad provincial y hoy es una Universidad Nacional, reciba y albergue a alumnos de la ciudad de Comodoro Rivadavia  y de la ciudad de Sarmiento, de la región aledaña a la zona sur de la Provincia.
Entonces no es una cuestión de ver quién quiere la universidad, o quién hace la mejor universidad, sino cómo se complementan éstas. Yo respeto la autonomía universitaria, tengo algunas diferencias con respecto a las reformas pero lo acepto, porque no creo que haya hasta el momento alguna cuestión que haya podido mejorar sustancialmente el esquema de gobierno. La autonomía significa la autonomía, no puede pretenderse autonomía si hay una dependencia de un estado que no es el propio, quien le aporte los fondos para que funcione. La Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” no está en las condiciones que está por culpa de que la provincia no le haya hecho los aportes para que pueda funcionar, porque de hecho en algún momento propusimos desde esta Cámara un aporte de derivados de los fondos que se recaudaban en concepto de tasas de justicia para poder disfrutar de la carrera de Ciencias Jurídicas y, sin  embargo, desde el propio seno de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” se rechazó el proyecto y además nadie lo defendió. Entonces tampoco estaban tan necesitados de fondos como para poder sostenerlos.
Volviendo al tema de la autonomía, si se es autónomo se es autónomo, la situación en que se encuentra la Universidad es porque han escrito el manual de las cosas que no hay que hacer y entonces en el Ministerio de Educación no tiene forma de poder aumentar o acceder a créditos superiores a los que tiene. Esto ha sido, por la propia historia que viene demostrando, a través de los años,  por el manejo de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. El manejo no educativo porque tiene un nivel de excelencia académico muy importante y reconocido en todos los niveles, lo que no tiene un  nivel de administración. Y en esto no hecho culpas exclusivamente a los gobiernos no sólo radicales, sino que hubo gobiernos también peronistas, que también cayeron en el mismo esquema porque esto es el corporativismo como tienen otros estados, o estadios de  poder en todos los niveles de gobierno.
En ese contexto a mí me parece que desde la defensa de la universidad pública, porque no deja de ser una universidad pública, sea nacional o sea provincial, desde la defensa de la universidad pública no podemos estar en contra de esto. No podemos estar en contra porque no podemos estar en contra de que haya apertura de ofertas educativas; no podemos estar en contra porque no podemos decir que estamos en contra porque la plata que necesita la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” se la puede aportar la provincia, porque eso es ir en contra de la autonomía que dicen defender; sigue siendo un abstracto lo que se plantea.
Entonces, no se puede estar en contra por estar en contra únicamente.  Para estar en contra hay que tener fundamentos y no veo que los estén teniendo. Yo creo que tienen sobrados fundamentos para poder apoyar el proyecto, que es de extrema importancia, no solamente para la ciudad de Rawson que va a tener algún tipo de crecimiento intelectual, de crecimiento en cuanto a la capacidad de generación de ideas y generación de proyectos, sino que además, es un proyecto que es de extrema importancia para Chubut y la región Patagónica.
Entonces, señor Presidente, creo que el debate no da para más, me parece que está agotado. Ha habido debate, quiero aclararlo porque después dicen esto se votó a libro cerrado, se votó sin debate y no es cierto. Hubo debate, se convocó a las autoridades universitarias, hubo debate en las distintas comisiones, hubo debate permanente.
No es un proyecto que ha ingresado hoy y lo estemos sacando a la tarde; ingresó prácticamente hace un año o poco menos, lo anunció el Gobernador y tuvo difusión masiva en todos los medios de comunicación. Es un proyecto que no es nuevo, es un proyecto que –como decía el señor diputado Urbano- si bien tuvo resistencia masiva, la gente no se opuso, un poco contradictorio, pero bueno, es lo que ocurrió.
Entonces me parece que no debe tratar de malversarse la opinión y la diversidad de posibilidad que se ofrece para el desarrollo de las distintas regiones, sobre todo, de la ciudad Capital de la Provincia. Nada más, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Bissi.

SRA. BISSI: Buenas tardes señor Presidente, buenas tardes compañeros diputados y, sobre todo, a los compañeros de la Unión Cívica Radical.
Digo compañeros, porque son compañeros de esta Casa legislativa, que no se malinterprete.
Es muy cortito y preciso, señor Presidente. El Bloque Radical recién manifiesta que ellos…como que se sienten ofendidos, atacados y agraviados cuando opinan de forma diferente y yo lo único que pido desde el lugar que nací y me crié: Comodoro Rivadavia, que está bien que opinen, pueden opinar de la forma que quieran, pero no se trata de que opinen de forma diferente, señores, acá nadie se preocupa por eso. Yo estoy preocupada por el exceso de pérdida de memoria que tienen, de mentiras.
Ellos tuvieron una gestión universitaria durante 12 años de gobierno en la universidad de Comodoro Rivadavia, donde la gestión universitaria fue un desastre. Sí hubo robos, sí hubo robos, porque ahí sí acompaño al compañero Montoya y no quiero ser repetitiva con todo lo que dijo también el señor diputado Touriñán y, sobre todo, la señora diputada Rosa Muñoz.
Justamente, uno está de acuerdo con este nuevo proyecto de esta nueva universidad, por todo lo expresado por el señor diputado Touriñán, el enriquecimiento que va a tener Rawson y la educación, como decía también el señor diputado Montoya; pero lo que quiero recalcar en todo esto es que si bien el Bloque Radical quiere trabajar y quiere colaborar, no den a entender constantemente como que orinan agua bendita, porque perdieron la memoria. Perdieron la memoria con el tema educativo, perdieron la memoria con el tema salud, y con muchos temas que puedo llegar a mencionar pero ya sería irnos del tema, ¿no?
Pero si quieren colaborar y quieren trabajar, que traten de recuperar la memoria, lo que hicieron ellos durante doce años de gobierno. Nada más, señor Presidente, muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Aravena.

SRA. ARAVENA: Sí señor Presidente, señores diputados, vecinos de Rawson, realmente quiero manifestar que una vez más queda plasmado en una sesión por ahí las mezquindades de la oposición, como ha pasado en otras oportunidades con relación a distintos proyectos de envergadura, como es éste de la universidad provincial.
También decir que es un orgullo que sea nuestra ciudad capital, sobre todo, porque los chicos de nuestra cordillera, los chicos que están en lugares muy alejados como es Cushamen, El Maitén, Ñorquinco, Lago Puelo, Epuyén; en este momento por ahí acceden a la Universidad que está ejerciendo o funcionando en la ciudad de Esquel. Pero creo que es una mejor oferta también tener la posibilidad de que nuestra provincia tenga una Universidad, para poder trabajar con las necesidades que tienen las distintas localidades de nuestra provincia, que por ahí no pueden ir a lugares, a ciudades más grandes por recursos económicos o diversas situaciones.
También quiero recordarle al Bloque de la Unión Cívica Radical que soy integrante de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación y que este proyecto se está trabajando desde hace bastante tiempo; hemos participado y atendido a la gente de la Universidad Nacional de la Patagonia. A su vez, quiero recordarles que recientemente se ha inaugurado una nueva escuela secundaria, la 788 en la localidad de Lago Puelo y, asimismo, el Instituto de Artes 814; y así, no le voy a enumerar la cantidad de ramas que tenemos en educación a nivel terciario en este gobierno del Gobernador Mario Das Neves.
Estos chicos, que no tuvieron la oportunidad de estudiar en el gobierno anterior, tenían que asistir a la localidad de El Bolsón y muchas veces lo hicieron en camionetas, a dedo o en la forma en que ellos podían; no podían asistir a las Universidades de Buenos Aires o a las que están en las ciudades alejadas por no tener recursos y porque el gobierno anterior tampoco les dio la posibilidad de becas; porque las becas estaban solamente para dos o tres hijos de los punteros políticos de ese partido. Realmente, es lamentable que se siga manifestando esta forma tan mezquina de los diputados de la minoría.
Por lo tanto, quería dejar presente que es un orgullo y que seguramente muchos chicos de las localidades mencionadas y las localidades alejadas van a poder participar de esto, que les va a dar mucho más para el crecimiento y poder posteriormente manifestar sus conocimientos y plasmarlos en todo lo que tiene que ver con nuestra provincia. Nada más, señor Presidente, muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el proyecto de ley.

SRA. SECRETARIA (Mingo):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY


Artículo 1º.- Créase en la Provincia del Chubut, la “Universidad del Chubut”, como persona jurídica pública, dotada de autonomía académica e institucional y autarquía económico-financiera.

Artículo 2º.- La Universidad del Chubut tendrá su sede en la ciudad de Rawson, pudiendo establecer organismos o dependencias dentro de la jurisdicción provincial, y se regirá por las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24.521 de Educación Superior o la que en el futuro la sustituya, en tanto no vulnere la autonomía provincial.

Artículo 3º.- El proyecto institucional que se formule deberá prever el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión universitaria que respondan a las necesidades económicas, científicas, tecnológicas, culturales, ambientales y de planificación del territorio provincial.

Artículo 4º.- La  reglamentación de la presente ley, el proyecto institucional y los estatutos que en su consecuencia se dicten, deberán garantizar el ejercicio de la autonomía y autarquía acordadas bajo las siguientes condiciones:

1. En lo institucional:

a) Que la autonomía se practique con responsabilidad generando mecanismos de coordinación y articulación con el sistema educativo de la Provincia.
b) Que  en los órganos colegiados del Gobierno Superior de la Universidad se asegure la representación de docentes, estudiantes, egresados, no docentes y del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.
c) El Estatuto de la Universidad establecerá que los órganos colegiados tengan exclusivamente funciones normativas generales, de definición de políticas de control o de elección de autoridades o resolución de procesos de designación de docentes y funcionarios; en tanto que los unipersonales tengan principalmente funciones ejecutivas.
d) Que se asegure la igualdad de oportunidades en el acceso y continuidad de los estudios.
e) Que se contemplen mecanismos de autoevaluación institucional permanentes.

2. En lo académico:

a) Que sea prioritaria una oferta educativa que responda y satisfaga las necesidades reales de la Provincia, previendo mecanismos  de homologación con los planes de estudio de los Institutos Superiores No Universitarios reconocidos por el Ministerio de Educación de la Provincia.

3. En la investigación:

a) Que se asigne especial importancia a la investigación orientada a aquellos aspectos que contribuyan a los requerimientos de la región.

4. En la extensión:

a) Que se garanticen las funciones de extensión que prevé el artículo 28, inciso e) de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24.521.

5. En lo económico financiero:

a) Que se prevean procedimientos administrativos ágiles, eficientes y eficaces, que garanticen transparencia y celeridad en el manejo de los fondos y establezcan sistemas de control modernos que se adecuen a las necesidades y modalidades de la institución.
b) Que se establezca un régimen de contrataciones de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes que responda a los principios de celeridad y transparencia.
c) Será de aplicación a la Universidad del Chubut, la Ley Nº 5.447 de Administración Financiera  y sus modificatorias y estará sujeta a la fiscalización del Tribunal de Cuentas  de la Provincia del Chubut.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo Provincial designará un/a Rector/a Organizador/a y a propuesta de éste, designará a quienes conformarán el equipo jerárquico de la Universidad.

Artículo 6º.- Hasta tanto se integren los órganos de gobierno de la Universidad del Chubut, las normas orientadas a la organización y funcionamiento serán aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 7º.- El proceso de organización concluirá en un plazo de cuatro (4) años, pudiendo el mismo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, a pedido del/la  Rector/a Organizador/a, por un plazo máximo de dos (2) años.

Artículo 8º.- La Universidad del Chubut queda facultada para suscribir convenios destinados a potenciar su capital humano y desempeño en la enseñanza, la creación científica, tecnológica, literaria, artística y cultural; y/o contribuir con  el  desarrollo y fortalecimiento de otros organismos e instituciones.

Artículo 9º.- A  los efectos de la presente ley, créase el Fondo de Financiamiento de la Universidad del Chubut, que se conformará con la partida presupuestaria que anualmente se asigne por Ley de Presupuesto General de la Administración Provincial, y con otros fondos adicionales que provengan de la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, donaciones, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponder por cualquier título o actividad acorde con sus fines.

Artículo 10º.- El Instituto de Asistencia Social transferirá a la Universidad del Chubut, en concepto  de aporte extraordinario y por única vez,  la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00).-

Artículo 11º.- Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán atendidos con el aporte del Instituto de Asistencia Social, dispuesto en el Artículo anterior y los fondos que el Poder Ejecutivo Provincial transfiera a la Universidad del Chubut.

Artículo 12º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.

Artículo 13º:   LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.


SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar en general en forma nominal.

SRA. SECRETARIA (Mingo):
ARAVENA: Afirmativo
ASTETE: Afirmativo
BALOCHI: Afirmativo
BISSI: Afirmativo
BURGUEÑO: Afirmativo
CÁRDENAS: Afirmativo
CODINA: Afirmativo
DIAZ: Ausente
FERNÁNDEZ: Afirmativo
GAITÁN: Afirmativo
GARCÍA Oscar: Afirmativo
GARCÍA Néstor: Afirmativo
GÓMEZ: Afirmativo
GONZÁLEZ Miguel Ángel: Afirmativo
GONZÁLEZ Roque: Ausente
KARAMARKO: Afirmativo
LORENZO: Negativo
MONTOYA: Afirmativo
MUÑOZ: Afirmativo
PITIOT: Afirmativo
RASO: Negativo
RIPA: Ausente
RISSO: Negativo
SASTRE: Afirmativo
TOURIÑÁN: Afirmativo
URBANO: Negativo
VARGAS: Afirmativo

SR. PRESIDENTE (Vargas): Resulta aprobado en general. Veinte votos afirmativos, cuatro votos negativos y tres ausentes.

- Aplausos del público presente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Para su consideración en particular, por Secretaría se leerá.

- Se leen y aprueban los artículos 1º al 12º.
- El artículo 13º es de forma.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley General.

- Aplausos.

Por Secretaría se leerá el punto 5º del Orden del día.

- 3 -
PROYECTO DE LEY GENERAL N° 133/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo, de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General Nº 133/08, presentado por el Poder Ejecutivo, el que se modificó en las Comisiones, por el cual se propone la sanción del marco jurídico para las acciones y actividades del campo de la salud mental.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Muñoz.

SRA. MUÑOZ: Señor Presidente, señores diputados, el presente proyecto de ley tiene por objeto crear el marco jurídico del nuevo paradigma del campo de salud mental.
En la actualidad 450.000.000 en el mundo de personas se encuentran o estuvieron con afecciones mentales; 873.000 personas mueren por suicidio; se calcula que 114.000.000 de personas de las regiones de las Américas sufren trastornos mentales, cifra que en el 2010 puede aumentar a 176.000.000 alterando la vida de niños y adultos, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, causando sufrimiento y discapacidad…

SR. PRESIDENTE (Vargas): Silencio, por favor.

SR. RISSO: Señor Presidente, solicito un breve cuarto intermedio hasta que se retire la gente, porque no podemos escuchar lo que dice la señora diputada.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Si hay asentimiento, así se hará.

- Asentimiento.
- Así se hace a las 16,13.

CUARTO INTERMEDIO

- A las 16,25 dice el

SR. PRESIDENTE (Vargas): Cumplido el cuarto intermedio, se reanuda la sesión.
Tiene la palabra la señora diputada Muñoz.

SRA. MUÑOZ: Señor Presidente, si me autoriza voy a comenzar desde el principio teniendo en cuenta que el señor diputado Risso no había escuchado, así que si me permite, voy a comenzar desde el principio.
Tal como lo decía señor Presidente, el presente proyecto de ley tiene por objeto crear el marco jurídico del nuevo paradigma en el campo de la salud mental. En la actualidad, cuatrocientos cincuenta millones de personas en el mundo se encuentran o estuvieron con afecciones mentales; ochocientos setenta y tres mil personas mueren por suicidio, se calcula que ciento catorce millones en la región de América sufren trastornos mentales, cifra que según los estudios en el año 2010 puede aumentar a ciento setenta y seis millones, alterando la vida no solamente de los adultos sino también de los niños de los países desarrollados y también en vías de desarrollo, produciendo discapacidad y sufrimiento.
Millones de personas también sufren depresión, alcoholismo, esquizofrenia, epilepsia, trastornos bipolares, trastornos obsesivos compulsivos, con consecuencias devastadoras. No obstante, carecen por completo de acceso a los tratamientos necesarios, de eficacia comprobada.
Además, señor Presidente, es importante destacar que estas enfermedades mentales crónicas influyen profundamente en otras enfermedades tales como el cáncer, problemas del corazón, diabetes, HIV, trastornos cardiovasculares.
Señor Presidente, señores diputados, esta ley que también marca un hito importante en la Provincia del Chubut, define a la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo manifiesta sus propias habilidades, trabaja productivamente y es capaz de contribuir al bienestar de la comunidad. Es un factor clave para la inclusión social. La salud mental es mucho más que la mera ausencia de enfermedades mentales. Es una parte indivisible de la salud y del funcionamiento eficaz de la persona.
Lo que propone este nuevo marco jurídico es la des-institucionalización, que no significa que los enfermos mentales vuelven a casa o que desaparece el servicio, al contrario, significa que los hospitales y los servicios privados dejan de ser depósitos de personas con enfermedades mentales. Este plan incluye programas que atienden a todas y cada una de las patologías, con un conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social de las personas con sufrimiento mental, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas, maximizando la autonomía personal, colaborando con la red de atención sanitaria, sustituyendo el rol tradicional de la familia, la atención tanto sanitaria como social de alta complejidad, las salidas individuales destinadas a incentivar la utilización del medio familiar o familias sustitutas; el alojamiento supervisado, ya sea en pensiones en los servicios del Estado o en casas protegidas; el apoyo a la propia vivienda; el equipo personal debidamente formado y especializado; la creación de redes sociales y el fortalecimiento de las ya existentes.
Esta nueva ley propone, junto con los tratamientos psicofarmacológicos, psicoterapias y los programas de rehabilitación psicosociales de adiestramiento profesional, la intervención de la familia; permite la integración social de muchos pacientes aquejados en la salud mental. Es una nueva visión, es una nueva propuesta, una propuesta con mucha sensibilidad, con mucho trabajo y, por sobre todo, con mucho compromiso social.
La ley, en su estructura, define el objeto de la misma, los alcances, el ámbito de aplicación; el derecho de las personas con sufrimiento mental, el derecho de los familiares y personas a cargo; el equipo de salud mental, el tratamiento domiciliario, la internación en los servicios de salud mental, tipos de internación y externación, salidas, permisos especiales y altas; capacitación, investigación, residencia; creación de una comisión también interdisciplinaria que hará el seguimiento de la aplicación de esta ley; la fiscalización de instituciones públicas y privadas; el registro de reincidencias y anomalías; el registro de drogas y psicotrópicos; las sanciones.
O sea, esta ley, este marco que hoy estamos aprobando, de alguna manera tiene el marco o propone el marco jurídico de esta nueva propuesta en este campo de la salud mental; es un completo marco jurídico a los efectos de garantizar que estas personas con sufrimiento mental puedan desarrollar sus capacidades y tengan una fuerte contención social.
Éste es el compromiso político asumido por el Gobernador y el equipo de salud, que realmente han trabajado con la Comisión de Salud. Y yo quiero rescatar esto que ocurrió en estas dos leyes que tienen trascendencia histórica, principalmente ésta de salud mental, el trabajo que hemos hecho con el equipo de salud, y la ley que aprobáramos en la sesión anterior, que era el manejo del fuego, también; todo el aporte y todo el trabajo que hemos hecho mancomunadamente que, de alguna manera, tanto para los diputados como para ellos, nos garantizan que las leyes que estemos aprobando sean leyes que se puedan aplicar, que tengan una fuerte inserción social y que de alguna manera le devuelvan la sonrisa a las personas.
Gracias, señor Presidente; por lo expuesto solicito a los señores diputados el acompañamiento.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Urbano.

SR. URBANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Cuando tomo conocimiento que desde el Poder Ejecutivo había un proyecto de ley para regular aspectos relacionados con la salud mental, fue grande mi sorpresa. Entonces, indagué quiénes eran los que habían elaborado este proyecto de ley y me encuentro con que es una o dos personas; una es la Directora de Salud Mental, la licenciada Susana Zelaya y sin demasiada participación, por lo menos no nos explicaron quiénes más elaboraron este proyecto de ley. Inmediatamente pidieron participar y se recibió a la Asociación de Psiquiatras y al Colegio de Psicólogos, los cuales pusieron muchísimos reparos a este proyecto de ley.
Se hicieron modificaciones, pero el proyecto de ley presentado y que estaba en elaboración no fue suficientemente consensuado, ya que había desde las organizaciones profesionales muchos cuestionamientos a esta ley. Al mismo tiempo, nosotros sabíamos que está por sancionarse una ley también sobre este tema a nivel nacional.
Quienes estamos participando en el Foro de Salud, sabemos que las leyes el año que viene, es nuestro argumento que ojalá así sea, van a ser consensuadas entre todas las provincias y aquellos que quieran su adhesión, que suponemos va a ser la mayoría porque están participando todas las provincias del país, la leyes van a ser federales.
Lo cierto es que independientemente si esto se lleva a cabo, nosotros consideramos que era una medida apresurada sacar este proyecto de ley cuando habían tantas voces disonantes. Solamente participaron y en pequeña medida, ya que no están de acuerdo con el proyecto de ley las asociaciones profesionales. Tampoco se les consultó a los trabajadores de la salud, a las enfermeras, a las mucamas, a aquéllos que tienen que ver y hubieran hecho su aporte. Yo creo que es la mejor forma de que una ley sirva y sea efectiva y que no decaiga o que haya que modificarle artículos, o alguno que nosotros podamos llegar a aprobar en esta circunstancia.
Yo creo que es una ley muy poco consensuada, no solamente desde que vino del Poder Ejecutivo sino también en la misma Comisión de Salud, en donde yo he tenido sinceramente muy poca participación, y no porque no haya asistido absolutamente a todas las reuniones de comisión, y quiero puntualizar a todas, excepto una en la cual justamente no asistí porque estaba en Buenos Aires, en el Congreso Nacional participando de un foro de Salud.
He visto muchas modificaciones en la ley original y aun así no me conforma. Se habla de liberar de la institución a los pacientes, estoy totalmente de acuerdo en la medida que se pueda. Pero en última instancia, muchos de los pacientes con sufrimiento mental necesariamente tienen que ser institucionalizados y la provincia no tiene infraestructura para ello. Podríamos haber incluido en el alguno de los artículos este aspecto.
Se habla de que el tratamiento se debe hacer en su domicilio, con sus familiares, con sus tutores, pero sin embargo no hay un artículo que con precisión pueda determinar la responsabilidad de los familiares de los pacientes.
Yo considero que hasta incluso no tiene validez este proyecto de ley, ya que no fue analizado entre todos los que componemos la Comisión de Salud, fueron algunos de ellos, no sé quienes habrán sido. Lo cierto es que el día 10, el día de reunión de la comisión, el miércoles pasado, yo concurrí, había reclamo de los trabajadores y en ese lugar no se podía trabajar, pero nadie me informó que se haría en otro lugar o que se hubiera suspendido esta reunión.
Lo cierto es que al día siguiente, el presidente de la Comisión, el señor diputado Montoya, me habla de que iban a reunirse pero yo tenía otros compromisos y no pude acudir. Pero lo cierto es que acá hay un apuro en sacar esta ley innecesariamente, mucho más cuando podríamos ver cuáles son los alcances de la ley nacional que se está por aprobar, creo que antes de fin de año.
Por lo tanto, solicito que esta ley vuelva a comisión, que la veamos entre todos los actores que tienen que ver con este proyecto de ley, que es muy importante, y que le hagamos las modificaciones y los aportes que sean necesarios para que podamos sacar una ley que perdure a través del tiempo y que sea de alguna forma similar o por lo menos con todos los aportes que se puedan tomar de la Ley de Salud Mental a nivel nacional.
Mi moción es que para enriquecerla, para mejorarla, vuelva otra vez a comisión, no hay ningún apuro en este aspecto, y que pueda ser tratada después de analizarla nuevamente.
Nada más señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción del señor diputado Urbano.

- Se vota y resulta denegada.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Burgueño.

SRA. BURGUEÑO: Señor Presidente, solamente para relatar como fue el trabajo con esta ley en reuniones que fueron extensas. Durante semanas mantuvimos reuniones con los equipos de salud para plantear todas las dudas, incluso en Legislatura,  para poder llevar a cabo todas aquellas modificaciones que nosotros habíamos planteado y hacerlo en forma consensuada. Entiendo que el cambio de paradigma de una ley, como la que estamos aprobando, que es histórica, nos plantea el trabajo con sujetos de derechos en un marco de derechos humanos, y no es sencillo. Creo que esta misma resistencia pueden haber tenido quienes se plantearon, respecto de la niñez y la adolescencia, un cambio de paradigma de tratar a las personas, por más diferencias en las edades, de trabajar con sujetos de derechos, no como objetos de derecho o con situaciones tutelares.
En realidad el trabajo para quienes no pertenecemos al campo de la salud fue muy arduo, ya que tuvimos que acudir a muchísimas consultas con profesionales del campo de la salud mental y también con abogados para poder dilucidar algunos aspectos donde teníamos muchas dudas. Luego de comprender el trabajo, porque no es así como dice el señor diputado Urbano, creo que sería interesante que por una cuestión de respeto a los equipos de trabajo se pudiera consultar cuál ha sido la mecánica de este paradigma, que no nace un paradigma de un día para el otro, sino que es una propuesta de trabajo que se viene elaborando hace muchísimo tiempo y que quienes están en el equipo de Salud han tenido que consensuarlas con los mismos trabajadores y con otros profesionales. Se han hecho algunos trabajos iniciáticos -si se quiere- de este paradigma, como en la ciudad de Trelew; se va implementando muy trabajosamente en todas las ciudades porque realmente es un cambio cultural, es ver que la persona que tiene un sufrimiento mental, no es una persona que es un objeto, que dejó de tener los derechos que están  consagrados en todas nuestras leyes.
Entonces, partir desde esta premisa es algo que no se hace de un día para el otro. Quienes hemos estado trabajando muchísimo hemos tenido que leer mucho para comprender realmente el paradigma. Tenemos que decir que le ponemos a esta ley toda la fe para que podamos tener una salud mental en el marco de los derechos humanos.
Y también hemos tenido dudas, para eso hemos tenido que visitar instituciones, ver cómo es este tema de la institucionalización, que dicho así parece que fuera lo máximo, no. Cuando una persona llega a una institución tiene que ser el último recurso terapéutico, tiene que estar consensuado con la familia, porque tampoco podemos permitir que dejemos de ocuparnos de un familiar que tiene problemas o sufrimientos mentales, porque nadie sabe cuándo lo va a necesitar. Se ha trabajado de manera orgánica, se han respetado los equipos de trabajo que tiene la misma Secretaría de Salud. Creo que el desafío más grande va a ser para estos equipos que le han puesto toda la mística que se necesita para implementar un nuevo paradigma.
Voy a pedir que se trate en este día y demos a luz nuevamente una ley que va a ser historia en la Provincia del Chubut, que es el tratamiento en el marco de los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental.
Muchas gracias, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Burgueño.

SRA. BURGUEÑO: Señor Presidente, dado lo extenso de la Ley voy a pedir que se vote a libro cerrado.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción de votación a libro cerrado efectuada por la señora diputada Burgueño.

- Se vota y aprueba.

Por tratarse de una votación a libro cerrado, se va a votar en general y en particular, el Proyecto.

- Se vota y aprueba.
- Se adjunta copia del Proyecto.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
L EY

ARTÍCULO 1º.- Créase el marco jurídico para las acciones y actividades del campo de la salud mental incluyendo los sectores público y privado,  en relación con la promoción de la salud mental, la prevención de las problemáticas psico-sociales, el tratamiento integral y la rehabilitación de las mismas, basado en un modelo de orientación comunitaria.

TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I -OBJETO

ARTÍCULO 2º.- Objeto.
La presente Ley tiene por objeto:
1) Promover la salud mental de la población.
2) Garantizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos, sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de las personas con sufrimiento mental, propiciando un trato digno, solidario y tolerante.
3) Garantizar el acceso a la red asistencial de salud, de las personas con sufrimiento mental.
4)  Garantizar la atención y la rehabilitación psico-social, de usuarios con trastornos severos de larga evolución.
5) Promover actividades de prevención y rehabilitación de  las personas con trastornos mentales.
6) Favorecer la descentralización de la atención de la salud mental.
7)  Promover la participación comunitaria real y activa en todos los ámbitos en que se desarrollen acciones relacionadas a la promoción de la salud mental, la prevención de las problemáticas psico-sociales, el tratamiento integral oportuno y la rehabilitación de las mismas.
8) Favorecer la conservación de los vínculos familiares, laborales y sociales, de las personas con sufrimiento mental.
9)  Incentivar la articulación interinstitucional e intersectorial.
10)  Propiciar y fortalecer la creación de grupos de usuarios y familiares cuyas acciones se articularán con la de los equipos de salud mental, sin perjuicio de la autonomía de ambos.

CAPÌTULO II -DEFINICIONES

ARTÍCULO 3º.- Definiciones.
1) Salud mental: es un estado de bienestar en el que el individuo manifiesta sus propias habilidades, trabaja productivamente y es capaz de contribuir al bienestar de la comunidad.
2) Institutos o servicios de salud mental: se entiende por institutos o servicios de salud mental, a los establecimientos, o parte de aquellos, que están destinados al tratamiento de personas con sufrimiento mental, y tienen como fin primordial la prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción de las personas al medio, con la debida observancia de los derechos individuales y ciudadanos.
3) Trastornos mentales severos: Hace referencia a un grupo de entidades nosológicas que cumplen criterios de gravedad clínica, persistencia en el tiempo sin mejoría o con progresión en el deterioro con los procedimientos terapéuticos habituales y que presentan una afectación importante de relaciones personales, familiares y sociales.
4) Institucionalización: se considera institucionalización a los fines de la presente Ley, la reclusión, internación, guarda o medida similar sobre personas, sin objetivos terapéuticos reparatorios, ni plazos temporales; al sólo efecto de su alojamiento y/o exclusión social, restringiendo su libertad y/o negando su autodeterminación y autonomía.
  
CAPÌTULO III  - ALCANCES 

ARTÍCULO 4º.- Alcance de Ley y ámbito de aplicación.
Los proveedores de servicios, instituciones y profesionales que se desempeñen en el ámbito de la salud mental, en la Provincia del Chubut, se someten a las disposiciones de la presente ley, sus reglamentaciones y las disposiciones que dicte la autoridad de aplicación.
TÍTULO II
DISPOSICIONES ORGÁNICAS
CAPÍTULO I - AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 5º.- Autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación de la presente ley es la Secretaría de Salud de la Provincia del Chubut, con funciones de control, supervisión, regulación, fiscalización y sanción, en todo lo referente al campo de la salud mental en la Provincia.
El Área de Salud Mental actúa como órgano de control de calidad de los procesos y prácticas; y de revisión de las decisiones del equipo de salud mental, con el objeto de colaborar, asesorar y proceder como segunda instancia en las apelaciones a favor de los derechos de personas con sufrimiento mental, interpuestos por sí o por terceros legitimados.
TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I - DERECHOS DE LAS PERSONAS CON SUFRIMIENTO MENTAL

ARTÍCULO 6º.- Derechos de las personas con sufrimiento mental.
Las personas en relación con su salud mental tienen derecho :
1) A la atención adecuada y oportuna.
2) Al trato con humanidad y con respeto a la dignidad inherente a la persona.
3) A la protección contra la explotación económica, sexual o de otra índole, el maltrato físico o de otra índole y el trato degradante.
4) A la no discriminación.
5)  A la atención sanitaria y social que corresponda.
6)  Al tratamiento adecuado a sus necesidades de salud, preservando y estimulando su independencia personal.
7) Al tratamiento y la atención, preferentemente en la comunidad en la que vive, respetando sus pautas culturales.
8) Al acceso a la información de su diagnóstico y del tratamiento más adecuado y a prestar o negar su consentimiento. Cuando el paciente no pueda prestar libremente su consentimiento lo hará su representante legal o aquel familiar o persona cercana, a cuyo cargo se encuentre el mismo.
9) A apelar las decisiones sobre ingresos y tratamientos involuntarios a su favor.
10)  A la confidencialidad, lo cual implica que sus antecedentes personales, fichas e historias clínicas se mantengan en reserva, y a tener acceso a esa información personalmente o a través de su representante legal o aquel familiar o persona cercana a cuyo cargo se encuentra el mismo.
11)  A la residencia y al trabajo en la comunidad.

CAPÌTULO II -DERECHOS DE FAMILIARES Y PERSONAS A CARGO

ARTÍCULO 7º.- Derechos de familiares y personas a cargo.
Los miembros de las familias y personas a cargo o al cuidado de las personas con sufrimiento mental y las organizaciones que integren,  tienen derecho a:
1)  No ser objeto de estigma y discriminación.
2)  Estar informados sobre la enfermedad y sobre los planes de tratamiento siendo parte activa de los mismos.
3)  Estar representados en ámbitos en que se adopten decisiones estratégicas y participar en el desarrollo de políticas y normativas de salud mental.
4)  Contribuir en la formulación e implementación de la estrategia de tratamiento del usuario, en especial cuando la persona no está en condiciones de hacerlo sola.
5)  Apelar las decisiones sobre internación y tratamiento involuntario a favor de su familiar, si éste no puede hacerlo por sí mismo.
6)  Solicitar la externación.
.
CAPÍTULO III - PLAN PROVINCIAL DE SALUD MENTAL

ARTÍCULO 8º.- Plan Provincial de Salud Mental.
La Secretaría de Salud elaborará e implementará el Plan Provincial de Salud Mental, en el marco de la presente Ley  y su reglamentación. El que constará de diferentes programas con el propósito de:
a) Brindar cobertura integral y específica a la población.
b) Integrar las acciones de  la red asistencial socio sanitaria y de rehabilitación psico-social, a los efectos de permitir la permanencia de las personas con sufrimiento mental en la comunidad.
c) Articular con los demás organismos del Estado que contribuyen a lograr la efectivización de los derechos de las personas.

CAPÍTULO IV - RED ASISTENCIAL SOCIO SANITARIA


ARTÍCULO 9º.- Red Asistencial Socio Sanitaria.
Créase la Red Asistencial Socio Sanitaria, con el objetivo principal de desarrollar estrategias para fomentar la inserción de las personas con sufrimiento mental en la comunidad.

ARTÍCULO 10º.- Conformación de la Red Asistencial Socio Sanitaria.
La Red Asistencial se conforma con dispositivos que permitan la circulación de las personas con sufrimiento mental, según sus necesidades, bajo el principio de la continuidad de la atención. La red se fortalece y se articula  en la comunidad, permitiendo la integración a la red social y aprovechando sus recursos.


CAPÍTULO V - EQUIPO DE SALUD MENTAL

ARTÍCULO 11º.- Composición de los equipos de salud mental.
Los equipos de salud mental son multidisciplinarios. Se componen por profesionales, técnicos y otros trabajadores, cuyos saberes específicos contribuyen al logro de un abordaje integral de la salud mental, respetando la simetría jerárquica y la incumbencia de cada disciplina, articulados a los recursos no convencionales de la Comunidad.

               CAPÍTULO VI  –  LA INTERNACIÓN

ARTÍCULO 12º.- Tratamiento domiciliario.
El tratamiento domiciliario es priorizado como alternativa terapéutica, cuando el entorno familiar y social es adecuado. Su indicación es competencia del Equipo de Salud Mental, en forma consensuada con la familia

ARTÍCULO 13º.-.Internación en Servicios de Salud Mental.  Principios Generales.
    La Internación:
1)  Se concibe como el último recurso terapéutico.
2) Debe ser por el período mínimo indispensable.
3) Debe poseer el carácter menos restrictivo para la persona.
4) Debe ser evaluada y decidida por los equipos de Salud Mental o aquellos profesionales con formación idónea en el campo de la salud.

ARTÍCULO 14º.- Tipos de Internación. Requisitos.
La internación en instituciones  públicas o privadas   puede ser voluntaria o involuntaria, conforme a la capacidad de discernimiento de cada persona.
La internación, en cualquiera de los casos, es exclusivamente con criterios terapéuticos y reparadores conforme a los procedimientos dispuestos por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 15º.- Internación involuntaria.
Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a todas las internaciones, debe hacerse constar:
1) La imposibilidad cierta de que la persona pueda dar su consentimiento libre y voluntario.
2) La ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento y que existan probabilidades de que la crisis que determina su internación pueda atenuarse.
3)  Dictamen profesional del equipo de salud, por escrito y fundando la determinación adoptada según se establezca en la reglamentación.
4) Informe acerca de las instancias previas implementadas y sus resultados negativos o insuficientes.
5) La comunicación al juez competente.

ARTÍCULO 16º.-  Institucionalización de personas.
Queda expresamente prohibida la institucionalización de personas con sufrimiento mental en instituciones de carácter público o privado en todo el territorio provincial.

ARTÍCULO 17º.-  Órdenes judiciales.
Las  órdenes  judiciales  referidas a  las  personas  con sufrimiento mental deberán ajustarse a la presente normativa.
Los jueces podrán requerir, cuando las circunstancias lo acrediten, la participación, auxilio y asistencia de la autoridad de aplicación y de los equipos terapéuticos.
El juez actuante dará prioridad a la aplicación de la estrategia terapéutica aconsejada por el equipo de salud interviniente. Podrá requerir de los organismos involucrados en su cumplimiento, todas y cada una de las acciones previstas para el logro de la estrategia de recuperación de las personas con sufrimiento mental.

ARTÍCULO 18º.- Consentimiento informado. Apelación de la internación. 
En todos los casos, las personas con sufrimiento mental y sus familiares o representantes legales deben ser informados, en forma clara, correcta y completa, de los motivos que originaron la internación, de la imposibilidad de adoptar otras alternativas y de la posibilidad de apelar esta decisión ante la autoridad de aplicación o las autoridades judiciales competentes.
La comunicación deberá ser realizada en forma inmediata a los familiares y/o representantes legales. Ante la imposibilidad de proceder conforme lo indicado se notificará al Ministerio de la Defensa Pública a efectos de que asuma la representación promiscua.

CAPÍTULO VII - GARANTÍAS PROCESALES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES.

ARTÍCULO 19º.- Peticiones y recursos ante la autoridad de aplicación.
Las personas con sufrimiento mental, sus familiares, representantes y asesores legales, tienen derecho a peticionar o recurrir ante la autoridad de aplicación, todos los aspectos de la atención y el tratamiento brindado por las instituciones públicas o privadas, como así también  la ausencia y/o la negativa en las prestaciones.

ARTÍCULO 20º.-Apelación de internación o tratamientos involuntarios.  Plazos.
La persona que sea internada o se le suministre tratamiento en forma involuntaria, en instituciones públicas o privadas, puede en cualquier momento, mientras el hecho subsista, por sí o a través de sus representantes legales, apelar esa decisión ante la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 21º.- Resolución de la Autoridad de Aplicación. Consecuencias. 
Cuando la autoridad de aplicación considere improcedente la internación o tratamiento, mediante resolución fundada,  procederá de inmediato a dar el alta y/o establecer los mecanismos de tratamiento y seguimiento que correspondan.
Cuando la autoridad de aplicación se expida a favor de la internación o tratamiento, los interesados o terceros legitimados, quedarán posibilitados de recurrir ante las autoridades judiciales.

ARTÍCULO 22º.- Informes del Equipo de Salud Mental.
El equipo de salud mental que decida una internación involuntaria, elevará a la autoridad de aplicación, informes periódicos  cada vez que le sea requerido para constatar si las causas que originaron su decisión persisten.

ARTÍCULO 23º.- Orden judicial.
Cuando el equipo de salud mental considere que una orden judicial resulte manifiestamente contraria a los objetivos de la presente ley, pondrá la cuestión en conocimiento de la Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación está legitimada para intervenir judicialmente en defensa de los derechos de las personas con sufrimiento mental.

CAPÍTULO VIII - EXTERNACIÓN, ALTAS Y SALIDAS

ARTÍCULO 24º.- Acto terapéutico.
El alta de una persona con sufrimiento mental conforma un acto terapéutico, por lo que debe ser considerado como parte del tratamiento y no como la desaparición del malestar psíquico.

ARTÍCULO 25º.- Facultad del equipo de salud mental.
Las altas transitorias o definitivas y derivaciones son facultad del equipo interdisciplinario de salud mental. Si hubiere juez interviniente se le comunicará dentro del plazo que corresponda.

ARTÍCULO 26º.- Salidas y permisos especiales
Las salidas y permisos especiales son decididas en función del curso del tratamiento, favoreciendo la continuidad de su relación con el medio familiar y comunitario.
 Según la condición legal de la persona internada, se cursarán los comunicados, a los familiares, responsables, asesorías o juez, dentro de los plazos que corresponda.

CAPÍTULO IX - CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 27º.-  Capacitación, investigación y residencia.
 La autoridad de aplicación priorizará y fomentará:
1) La capacitación y actualización continua de los equipos de salud mental, de los trabajadores del primer nivel y del área rural.
2) La investigación en temáticas relevantes en salud mental.
3) La formación a través de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria.

CAPÍTULO X - COORDINACIÓN CON EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

ARTÍCULO 28º.- Fortalecimiento de la salud mental a la estrategia de APS.
La autoridad de aplicación promoverá acciones de coordinación para fortalecer a la salud mental dentro de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud ( APS ), integrando los conocimientos y las habilidades para el manejo de las problemáticas del campo.
 
CAPÍTULO XI - PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS

ARTÍCULO 29º.- Creación de la Comisión Interdisciplinaria de Salud Mental.
Créase  una Comisión Interdisciplinaria de Salud mental, de carácter consultivo y no vinculante.
La Autoridad de Aplicación determina sus integrantes, su funcionamiento y coordina su accionar.

ARTÍCULO 30º.- Funciones de la Comisión Interdisciplinaria de Salud Mental.
1) Promover y evaluar permanentemente el cumplimiento de la presente Ley y su reglamentación,
2)  Asesorar en la formulación de planes, programas y estrategias del área de salud mental provincial.

CAPÍTULO XII
FISCALIZACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y  PRIVADAS  DE SALUD MENTAL

ARTÍCULO 31º.- Requisitos para la habilitación y funcionamiento de las  Instituciones.
La Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, categoriza y determina los requisitos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, para la habilitación y funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios de salud mental.
Conforme a los mecanismos establecidos por reglamentación, deben mantenerse actualizados los registros y libros de estadísticas de instituciones y profesionales acreditados.

ARTÍCULO 32º.- Instituciones de salud mental.
La habilitación de las instituciones públicas o privadas de salud mental para el tratamiento de agudos e internaciones de mediana estancia, se ajustará a lo normado en la presente ley.

ARTÍCULO 33º.- Régimen periódico de inspecciones.
La Autoridad de Aplicación mantiene un régimen periódico de inspecciones a instituciones públicas o privadas, en principio para su habilitación y categorización y posteriormente con el fin de corroborar el cumplimiento de los contenidos y objetivos de la presente Ley  y su Reglamentación.

ARTÍCULO 34º.-  Registro de incidentes y anomalías.
La Secretaria de Salud, a través del área que determine, llevará un registro de incidentes y anomalías, corroboradas por medio de inspecciones o que surjan de la comprobación de denuncias efectuadas por usuarios, sus representantes o terceros interesados, a efectos de la aplicación de las sanciones que corresponda.

ARTÍCULO 35º.- Registro de drogas psicotrópicas.
Las drogas psicotrópicas deben ser prescriptas bajo estricto criterio médico, según diagnóstico, dejando constancia de la dosis, la frecuencia y el médico interviniente, en registro verificable.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPÍTULO I - ACTIVIDAD CLÍNICA BÁSICA

ARTÍCULO 36º.- Actividad clínica básica.
Declárase Salud Mental como quinta clínica básica, incorporándose conjuntamente con: Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología y Cirugía  en la Provincia del Chubut.

TÍTULO V
DISPOSICIONES PUNITIVAS
CAPÍTULO I - SANCIONES

ARTÍCULO 37º.- Sanciones.
La Autoridad de Aplicación posee amplias facultades para imponer sanciones,  por incumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su reglamentación y disposiciones que se dicten al efecto.
A las instituciones privadas de salud mental podrá imponerse la pena de multa, clausura provisoria y clausura definitiva, según lo establezca la reglamentación.
A los profesionales que presten servicios en el área de la salud mental, además de las sanciones administrativas, de corresponder; podrá aplicárseles por vía directa de la Secretaria de Salud o por intermedio de los colegios respectivos según corresponda, las penas de apercibimiento, multa, suspensión, cancelación  o baja de la matricula en el marco de la normativa vigente.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 38º.- Aplicación supletoria.
Para lo que no se encuentre regulado expresamente en esta Ley, resultará de aplicación lo dispuesto en normas nacionales y tratados internacionales,  referidas a la salud mental.
.
TÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 39º.- Reglamentación.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 40º.- Plazo para reestructuración de instituciones y servicios.
Establécese el plazo de ciento ochenta  (180) días a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente Ley,  para que las clínicas, institutos y servicios habilitados, públicos y privados, adapten sus estructuras y prestaciones, a lo prescripto en la presente Ley y su reglamentación.

ARTÍCULO 41º .- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley General.

- Aplausos del público presente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el punto 1° del Orden del día. Proyecto de Ley 223/08 que tiene tratamiento preferencial con fecha fija y que se ha dictaminado con modificaciones en forma unánime en conjunto con las Comisiones Permanentes de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Presupuesto y Hacienda.
En consecuencia el citado dictamen se incorpora en este punto al Orden del día.

- 4 -
PROYECTO DE LEY N° 223/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Proyecto de Ley N° 223/08,  presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2009, del goce de los beneficios establecidos por la Ley N° 4.737 de Promoción Industrial, para aquellas empresas que hayan adherido a la misma.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Pitiot.

SR. PITIOT: Gracias, señor Presidente.
Como se dijo, este Proyecto de Ley trata la prórroga de los beneficios previstos en la Ley 4737 que fijaba para empresas radicadas con domicilio y propiedad, incluso donde desarrollan actividades en la Provincia del Chubut, las exenciones a los impuestos a los Ingresos Brutos y además del Impuesto de Sellos para contratos de sociedad, prórrogas, ampliaciones de capital y modificación, etcétera.
El mencionado Proyecto de Ley que data del año 2001 fijaba la exención a una treintena de empresas, empresas de los rubros    de metalúrgicas, ceramistas, mosaiqueras, frigoríficas,    procesadoras de materias primas alimenticias, madereras, algas, etcétera. Concretamente, están eximidos de esos impuestos y beneficiados por esta Ley, veintinueve empresas de nuestra Provincia.
Este beneficio fenecía el 31 de diciembre de este año. La prórroga es hasta el 31 de diciembre del año 2009 y se incluyó y se modificó en  comisión el proyecto original venido del Ejecutivo, toda vez que se pusieron dos exenciones.
En realidad, las causales de pérdida del beneficio, la primera de ellas es que pierde estos beneficios la empresa que tenga más de treinta días ininterrumpidos de paralización de actividades o 90 días alternados y que reduzcan la mano de obra del listado presentado en la Subsecretaría de Trabajo con fecha 30 de noviembre del 2008.
Finalmente el Artículo 3° es una invitación a los Municipios a que se adhieran en forma expresa a estos beneficios.
Creo que ante la actual situación que estamos viviendo en el país producto de los fuertes desajustes económicos y financieros en el mundo, es una colaboración más del gobierno de la Provincia, de todos, para que estas empresas sigan funcionando dentro de lo que lo vienen haciendo.
Así es que pido a los señores diputados el acompañamiento a este proyecto. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el proyecto.

SRA. SECRETARIA (Mingo):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°.- Prorrogase hasta el 31 de Diciembre de 2009 el goce de los beneficios establecidos por la Ley 4737, para aquellas empresas que hayan adherido al Régimen de Promoción establecido en la misma.

Artículo 2°.- Serán causales de pérdida de los beneficios otorgados bajo el régimen indicado en el artículo que antecede, las siguientes:

a) Paralización de la producción por un período mayor a treinta (30) días corridos o noventa (90) alternados. Cuando la paralización de la producción obedezca a demoras en la recepción de materias primas no imputables a las empresas beneficiadas, podrán ser exceptuadas de la penalidad prevista, si la Autoridad de Aplicación así lo resolviera.
b) Reducción de la mano de obra ocupada respecto del total declarado ante la Secretaría de Trabajo al 30 de noviembre de 2008.

Artículo 3°.- Invitase a los Municipios a adherir de manera expresa a la presente prorroga.

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar en general.

- Se vota y aprueba por unanimidad.

Para su consideración en particular, por Secretaría se leerá.

- Se leen y aprueban por unanimidad los artículos 1º al 3º.
- El artículo 4º es de forma.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente ley.
Por Secretaría se leerá el punto 2º del Orden del día.

- 5 -
PROYECTO DE LEY GENERAL N° 210/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo y de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley General nº 210/08, presentado por los diputados Burgueño, García y Muñoz del Bloque Justicialista, por el que se propicia la modificación de varios artículos de la Ley nº 4347, de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, en lo relacionado con la conformación del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia y la regularización de la Oficina de Derechos y Garantías creada por dicha ley.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Burgueño.

SRA. BURGUEÑO: Señor Presidente, voy a solicitar el acompañamiento de los señores diputados en las modificaciones que proponemos introducir a la Ley 4347 en sus artículos 40º, 41º y 43º, en principio, relacionados con la conformación del Consejo Provincial de la Niñez. Lo que se hace en una primera instancia es actualizar los nombres de los organismos que lo componen y se agrega la representación de la Honorable Legislatura Provincial y del Poder Judicial.
También en el artículo 66º se ha creído conveniente adoptar el mecanismo planteado por la Ley 26061 en su artículo 49º, otorgando la facultad de designar al Director de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia a la Honorable Legislatura de la Provincia.
En el artículo 83º la modificación que se introduce es posibilitar el acceso a la información y las actuaciones del Poder Judicial, cuando se trata en el fuero penal y de la familia relacionado con niñas, niños y adolescentes, con el objeto de cumplir con las funciones que le impone la ley al Director.
Muchísimas gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Raso.

SRA. RASO: Señor Presidente, desde el Bloque de la Unión Cívica Radical no vamos a acompañar esta modificación que se propone a la Ley 4347, aclarando que este proyecto no ha sido debatido en la Comisión respectiva. Quizás lo hayan hecho los miembros del oficialismo o del paraoficialismo; quienes representamos a la oposición en este Parlamento no hemos participado de esa reunión de Comisión.
Quiero señalar, señores diputados, que la Ley 4347 ha sido el resultado de un trabajo arduo, largo, desarrollado por todos los actores sociales involucrados en la temática; han participado los tres Poderes del Estado en su confección; han participado miembros de la sociedad; se han realizado, se hicieron oportunamente, talleres en las cinco ciudades más importantes de la provincia y todo esto con el asesoramiento de la UNICEF. Una ley que surge de una convocatoria plural y participativa no puede ser modificada entre gallos y medianoche en Comisión. Y tenemos prácticamente la certeza –debería decir la sospecha- de que se está modificando esta ley para designar nuevamente al frente de la Oficina de Derechos al señor, ex diputado, Negrette, que hasta....

- Hablan simultáneamente varios señores diputados.

Pero realmente nos parece una barbaridad que una ley de esta naturaleza, que ha sido hecha para los tiempos, cambiando el paradigma, se venga a modificar en esta situación y solamente en este sentido. Porque no me cabe ninguna duda que es para designar al Director de la Oficina de Derechos directamente por la Legislatura, y no a propuesta del Consejo provincial tal cual lo marca la ley vigente.
Por lo expuesto, nos vamos a oponer a la aprobación de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Burgueño.

SRA. BURGUEÑO: Señor Presidente, voy a coincidir con la señora diputada Raso en el proceso de construcción que se hizo de la Ley 4347, pero también voy a decir -para que no  perdamos la memoria- que cuando se sancionó esta ley que tenía un capítulo muy importante –digamos- de cómo tratar a los chicos con vulneración de derechos, el Libro 2, estuvo suspendido siempre. Entonces a mí siempre me quedó la duda si no fue para nombrar –digamos- a muchos amigos en el fuero de la Niñez.
De todas maneras, la ley no tiene grandes modificaciones sino que le da la facultad a la Honorable Legislatura, que creo que tiene a los representantes del pueblo y donde se transparenta –digamos- la llegada de los mismos a la Cámara, quienes van a tener la facultad de elegir, es lo único, y salvo uno de los artículos, el 83°, que es muy importante, porque el Director de la Oficina de Derechos y Garantías no tenía la posibilidad de acceder a la información en el Poder Judicial.
Así que creo que estas modificaciones son más que interesantes; y bueno, el resto es respetar las opiniones. Tal vez no vamos a tener las mismas opiniones, pero seguiría trabajando para que en el marco de la democracia todos lo podamos hacer.
Muchísimas gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO. Señor Presidente, estamos en un tema que va mucho más allá y tiene una importancia superior. Entiendo que a la reforma que se quiere introducir -mucho vamos a discutir, a coincidir o no- sobre cuál es el mecanismo para designar en la Oficina de Protección a quien va a encabezar dicha oficina, cuando en realidad lo importante no es eso sino la problemática del Menor, los derechos del niño y las Oficinas de Protección de Derechos.
Usted sabe que la Ley 4347, la Ley 26.061 y el fallo reciente de la Corte, señor Presidente, que estableció anular una sentencia de Cámara Nacional que disponía la puesta en libertad de todos los menores detenidos en institutos de detención en la Provincia de Buenos Aires.
Yo pido que recuerden el debate que generó -y genera actualmente- ese fallo de la Corte, con la intervención de la doctora Argibay, cuando expresó claramente y tuvo que justificar su posición en prohibir la puesta en libertad de estos menores que están -60 menores menores- en institutos de  detención en la Provincia de Buenos Aires, cuando la doctora Argibay dijo que la razón para que estos chicos no sean puestos en libertad -seguramente para un sector de la sociedad- es porque ese sector de la sociedad pretende que estos chicos sigan presos. Y es verdad, vastos sectores de la sociedad plantean que estos chicos en conflicto con la ley penal sigan presos; sin embargo, la Corte lo planteó como una forma de protección de estos menores, porque dejarlos en libertad no es solamente que vuelvan al mismo ámbito que les generó las condiciones para delinquir, sino que van a morir por la acción defensiva de la propia sociedad.
La Corte, señor Presidente, -y esto hay que asumirlo y es lo que tenemos que discutir- ante la falencia por parte del Estado de dar cumplimiento a los tratados internacionales, en lo que se refiere a las políticas de protección de los derechos del niño, hace que sea más seguro para ellos estar privados de libertad en estos institutos que -obviamente no garantizan la rehabilitación ni muchísimo menos- en la calle, porque muchos de ellos terminan muertos.
Lo que quiero expresar con esto, que designar a quien va a estar al frente de la Oficina de Protección de Derechos va mucho más allá del nombre, que mucho más importante primero es lo que el propio Estado hace, pero además -y esto debería ser  materia de discusión en el propio parlamento- qué ha hecho y qué va a hacer en el marco de las políticas que prevé la Ley 4347, la Ley Nacional 26.061 –si mal no recuerdo éste es el número- y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Acá no se trata de cubrir políticamente un cargo, se trata de discutir las políticas alrededor de una de las problemáticas más graves de la sociedad argentina, y es verdad lo que dijo la diputada, lo comparto, todo un capítulo vinculado a la problemática de los menores en conflicto con la ley penal estuvo vigente y suspendido, es verdad, pero hoy está derogado, está derogado por la propia vigencia y sanción del Código Procesal Penal en la Provincia del Chubut, desde el momento que se aprobó el Código Procesal desapareció el fuero penal del menor.
En Provincia de Buenos Aires se ha implementado ahora, parcialmente y con mucho esfuerzo, la puesta en vigencia de un Fuero Penal del Menor, en serio, con jueces de primera instancia, con fiscales, con Cámaras de Apelaciones del Menor, en algunos departamentos -creo que se llama así, pido disculpas sino es así- de la Provincia de Buenos Aires, y esto es lo que nosotros tendríamos que estar discutiendo hoy. Nosotros tenemos la intención, y lo vamos a hacer por Mesa de Entradas, un proyecto de ley que es muy simple y somos conscientes del debate que vamos a generar, pero queremos restituir este capítulo derogado por la sanción del Código Procesal Penal.
Esta discusión, señor Presidente, señores diputados, restituir o no todo el capítulo de la Ley 4347 que ponía en vigencia en la Provincia del Chubut el fuero penal especial para el menor, es verdad que en parte estuvo suspendido porque los jueces de instrucción del menor en Trelew, en Comodoro Rivadavia existieron, los tribunales especializados existieron, es verdad, no existieron los equipos interdisciplinarios, no existieron los institutos adecuados para alojar a los chicos en conflicto con la ley penal.
Hay que recordar lo que ha ocurrido hace muy poquito tiempo con un menor de 16 años que cometió un delito, debe ser sobreseído porque es inimputable, y al ser sobreseído vuelve a su lugar o al ámbito que generó las condiciones para cometer el delito, y vuelve nuevamente como un delincuente con un delito mayor o muerto por las acciones defensivas de la sociedad. Esto es lo que nosotros tendríamos que estar planteando y debatiendo. Por eso es que así como se plantea esto, simplemente modificar la ley para permitir o para modificar las condiciones de designación de la persona que va a estar al frente de la oficina del menor, no alcanza. Nosotros tenemos que estar debatiendo la problemática en serio, debatir si queremos reincorporar este capítulo, discutir con nuestros jueces de garantía.
Tengo una nota, no lo voy a hacer ahora porque es muy largo, hay una jueza en Esquel que hoy es jueza de garantía y que era jueza del menor, donde plantea la realidad de la problemática y lo que ocurre con los chicos que están en conflicto con la ley penal. Esto es lo que tenemos que debatir.
Yo no sé sí vence o no el plazo pero lo lógico sería, señor Presidente, que al mismo momento de modificar los requisitos para la designación de la persona que va a estar al frente de la Oficina de los Derechos del Niño, también avancemos y debatamos en serio sobre las leyes vigentes y sobre las políticas que tiene el Estado alrededor de esta problemática que es muy grave. Termino, porque debemos asumirlo, las oficinas de protección de derechos provinciales, municipales o nacionales no funcionan, y cuando no funcionan las oficinas de protección de derechos no funcionan los defensores y cuando no funcionan los defensores saturan los Juzgados de familia y los equipos interdisciplinarios de familia, se satura y se dificulta la posibilidad de atender seriamente la problemática de la familia en conflicto, que es caldo de cultivo para la problemática del menor en conflicto con la ley penal y la problemática propia del menor en conflicto con la ley.
Asumámoslo, hoy hay una orfandad absoluta alrededor de estos chicos menores de 16 años que cometen un delito y son inimputables por la ley, y el juez de garantía tiene la obligación de disponer su sobreseimiento inmediatamente porque es inimputable, no puede estar sometido al sistema penal. Y nuestro Código Procesal Penal, pido que lo recuerden, dice que se prohíbe y queda excluido del sistema penal la problemática del menor en conflicto con la ley penal.
Por las razones expuestas, no vamos a acompañar, y entendemos que es simplemente una modificación administrativa que modifica las condiciones; creemos que hace falta muchísimo más, empezando por saber qué piensa la persona que va a estar al frente de esta oficina.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, para recordar que hace muy poco tiempo fue revisado el Código Procesal Penal de la Provincia integralmente y existió la oportunidad de proponer reformas, se ha votado hace muy poco tiempo en esta Cámara la reforma propuesta por la Comisión Interpoderes…

- Hablan simultáneamente varios señores diputados.

De todas formas, no minimizo el hecho, tampoco creo que deba ser actuado en esa instancia, no se trata de cubrir un cargo administrativo, se trata de poner en funcionamiento los institutos que marca la ley, que evidentemente desde el año ’99 en que fue sancionada, no fue óbice para que se pudiera formalizar el hecho del Director General que indica la Ley 4347, que es la ley de protección de los derechos del niño y los adolescentes, y si en diez años de la sanción de la ley no pudo cubrirse, me parece que es necesario resolver el problema para que pueda cubrirse.
De todas formas, no debería ser motivo de preocupación el mecanismo de selección, ¿nos damos cuenta diez años después de que el mecanismo no funciona? Me parece una cuestión menor, lo que debe tratarse es que esto funcione y, para que funcione, tiene que haber una persona que ha estado en el proceso de modificación de la ley, una persona que ha sido nombrada por la Legislatura y ha sido designada, y que ha elevado el informe que requería la sanción de la ley que daba la cuestión de la normalización. Entonces, no encuentro un motivo fundado para no sancionar la ley, sí me parece que es importante trabajar sobre la problemática, me parece importante que el proyecto lo está propiciando, pero en esta instancia estamos en otra temática de manera que habría que avanzar sobre esto y por la extensión del proyecto, señor Presidente, –porque es bastante largo- voy a solicitar su votación a libro cerrado.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción efectuada por el señor diputado Touriñán de votación a libro cerrado.

- Se vota y aprueba.

Tiene la palabra el señor diputado Urbano.

SR. URBANO: Muy brevemente, señor Presidente. Me puse muy contento cuando se sancionó la Ley 4347, tenía muchísimas más expectativas, esto hacía más que regular la Convención de los Derechos del Niño y luego también volcarla en la Constitución Provincial.
Creo que en mi experiencia, utilizando los servicios de protección de los derechos del niño, habiendo acudido para que atendieran algunas dificultades, creo que hay una dependencia muy grande con el poder político y considero que eso, si nosotros queremos que empiece a funcionar adecuadamente, estos cargos tienen que modificarse en la forma de elección, creo que la forma más efectiva es a través de concursos y con acuerdo legislativo.
Creo que puede empezar a funcionar mejor de lo que ocurre ahora, en donde cuando uno solicita que actúen de acuerdo a la Ley 4347 los servicios de protección a los derechos de los niños, el Consejo Provincial de la Niñez, no actúan de la misma forma cuando tienen que accionar en contra del Gobierno o en contra del poder político del que se encuentran bajo su dependencia en ese momento.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por tratarse de una votación a libro cerrado, se va a votar en general y en particular el proyecto.

- Se vota y aprueba.
- Se adjunta copia del proyecto.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY


 Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 40°, 41°, 43°, 66°, 67° y 83° de la Ley N° 4.347, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 40°.-  El Consejo estará integrado por diez (10) representantes de los Poderes del Estado:
a)  Uno (1) representante del Ministerio de la Familia.
Uno (1) representante del Ministerio de Educación.
Uno (1) representante del Ministerio de Economía y Crédito Público.
Uno (1) representante del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Uno (1) representante de la Secretaría de Salud.
Uno (1) representante de la Secretaría de Trabajo.
Uno (1) representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Uno (1) representante de Chubut Deportes.
Uno (1) representante de la Honorable Legislatura.
     Uno (1) representante del Poder Judicial.
b) SEIS (6) representantes de las organizaciones civiles:
Uno (1) por los Departamentos de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.
Uno (1) por el Departamento Cushamen.
Uno (1) por los Departamentos de Escalante y Ameghino.
Uno (1)  por  los Departamentos  de  Rawson, Gaiman,  Mártires  y Paso de Indios.
Uno (1) por los Departamentos de Biedma, Telsen y Gastre.
Uno (1) por los Departamentos de Sarmiento y Senguer.
c) Seis (6) representantes de las Municipalidades, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales:
Uno (1) por los Departamentos de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.
Uno (1) por el Departamento Cushamen.
Uno (1) por los Departamentos de Escalante y Ameghino.
Uno (1) por los Departamentos de Rawson, Gaiman, Mártires y Paso de Indios.
Uno (1) por los Departamentos de Biedma, Telsen y Gastre.
Uno (1) por los Departamentos de Sarmiento y Senguer.”

“Artículo 41°.- Los miembros del Consejo Provincial serán designados de la siguiente manera:
a) Los representantes del Estado Provincial, por el Poder Ejecutivo.
b) Los representantes de las organizaciones civiles, por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta de aquéllas que, estando encuadradas en lo prescripto en el Capítulo V del presente Título, tengan un funcionamiento de hecho demostrable no inferior a TRES (3) años.
c) Los representantes de los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta de éstas. Las propuestas elevadas al Poder Ejecutivo serán vinculantes.
d) El representante de la Honorable Legislatura, por los diputados que componen la Cámara.
e) El representante del Poder Judicial, por el Superior Tribunal de Justicia.”

“Artículo 43°.- Los miembros del Consejo durarán DOS (2) años en sus funciones. Los representantes de las Organizaciones Civiles y de los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales podrán ser reelectos.
Los miembros representantes de las Municipalidades, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales deberán alternar entre las mismas.
Podrán ser relevados de sus funciones únicamente por incumplimiento de lo normado en esta Ley, por la comisión de delitos dolosos o por considerar sus representados que su actuación perjudica o no cumple con el mandato por ellos asignados”.

“Artículo 66°.- La Oficina estará a cargo de un Director, el que será  propuesto y designado por la Legislatura de la Provincia.”

“Artículo 67°.- Para ser designado Director de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia deberá contarse con antecedentes de capacitación y conocimientos en la materia y reunir las mismas condiciones que la Constitución Provincial exige para ser Diputado Provincial.
             Su mandato durará TRES (3) años.”

“Artículo 83°.- Toda actuación de la Justicia de Familia, Penal y Contravencional de Niños y Adolescentes será secreta, salvo para el niño, las partes, sus letrados funcionarios del Poder Judicial, los Ministerios Públicos que intervengan y la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia conforme a la Ley, pero los Jueces podrán admitir la asistencia a las audiencias de otras personas, si lo estimaren conveniente.
El secreto se extenderá, sin que pueda alegarse justa causa, a la divulgación de cualquier dato o noticia que permitiera individualizar al niño o inferir su identificación.”

Artículo 2°.- La presente Ley tendrá vigencia a partir de su promulgación.

Artículo 3°.- Derógase la Ley N° 4.755.

Artículo 4°.-  De forma.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley.

Tiene la palabra la señora diputada Burgueño.

- 6 -
RESOLUCIÓN N° 177/08

SRA. BURGUEÑO: Señor Presidente, es para proponer, para cubrir la Oficina de Derechos y Garantías –digamos-, la confirmación de Mario Negrette, quien estaba al frente de la Oficina y que ha enviado suficientes informes como para que los diputados estemos...

- Hablan simultáneamente varios señores diputados.

... perdón, yo creo que la diputada Raso no tiene derecho a decir que esto es un circo; primero, porque sería interesante que lo lea –digamos-, porque si lee los proyectos y si va a las Comisiones en vez de decir “sí, pónganme presente”, a lo mejor estaría más enterada de lo que pasa; entonces, yo le voy a pedir que por lo menos respete qué es lo que estamos hablando.
Y estoy proponiendo a Mario Negrette, no porque sea un improvisado, porque ha trabajado en la legislación de fondo que tiene que ver con los niños, las niñas y los adolescentes y, además, porque ha remitido los informes que tiene que remitir mensualmente, que están para consideración de todos los diputados, que solamente hay que pedirlos en las Comisiones. Así que, bueno, mi propuesta es ésta y espero tener el acompañamiento de mis pares.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Lorenzo.

SR. LORENZO: Dos cuestiones absolutamente reglamentarias; la primera es -la observación se la hice llegar a Secretaría- que hay una minuta y la minuta existe para dar integración al resto del Orden del día, que se tendría que haber hecho al principio y no se hizo, para poder completar el punto 11º del Orden del día con los dictámenes. Ésta es una cuestión que tendría que haber sido aprobada, porque si no, no hay límite de despachos, porque nunca se sabe la hora; son las 17 horas y por ahí alguien puede venir con un despacho antes de las 12; ésta es la primera observación.
Y la segunda observación es que más allá de que están en derecho de hacer la propuesta...

SR. PRESIDENTE (Vargas): A ver, permítame un minutito, diputado. A ver, César Arias, Secretario Legislativo, contéstele al diputado.

SR. SECRETARIO (Arias): No, sólo integran la minuta los despachos que ingresaron hasta las 12 del mediodía.

SR. LORENZO: Eso dice el papel, pero no se le ha dado relación, eso es lo que estoy diciendo yo; para eso hay una minuta, para hacer la relación de los temas entrados; hice la observación, nada más para que... es más, antes de seguir dándole tratamiento, se podría hacer; era eso, nada más.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Pero están indicados en la minuta, diputado.

SR. LORENZO: Sí, pero las minutas son para leerlas y para que los diputados las aprueben, para eso vino, por eso está así la relación; eso es lo que dije, nada más; además, es una observación, que la puede hacer en cualquier momento; yo dije que antes del tratamiento del Orden del día...

SR. PRESIDENTE (Vargas): Perdón, perdón, a ver. Como el diputado Touriñán solicitó cambiar el Orden del día, a medida que van entrando, como ya está anunciado y está en la minuta, se van integrando a la Comisión, no veo...

SR. LORENZO: Lo que estoy diciendo es eso, nada más; es una cuestión...

SR. PRESIDENTE (Vargas): Lo vamos integrando, son distintos mecanismos de trabajo, pero no es nada que haya afectado el buen desenvolvimiento...

SR. LORENZO: No, no; hice la observación de que no se le había dado lectura para integrarlos, nada más, porque están en la minuta; hay una minuta...

SR. PRESIDENTE (Vargas): Pero en la medida que van entrando los temas, les vamos dando lectura.

SR. LORENZO: Sí. No es así la práctica normal y reglamentaria que se hace en este recinto; pero era una observación y nada más, que también viene a cuento de lo siguiente. Acaban de sancionar una ley que no es ley porque no está promulgada y se está votando una propuesta sobre la base de la ley; esto es lo que estoy diciendo. No está en el Orden del día; no se puede tratar lo que está diciendo la diputada Burgueño o yo estoy en un error, porque tengo algo que no lo tengo en mi detalle; simplemente esa observación; era eso, nada más, señor Presidente lo que trataba de decir, porque por ahí estaba, y como no tengo la relación... Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑÁN: Sí, señor Presidente, para recordar que, por ejemplo, en el caso de la normalización de la Oficina -que fue a fines del año anterior, para esta época, en el mes de  diciembre- se votó la ley y en la misma sesión se designó a la persona que cubriría el cargo, de manera que no veo el objeto. Si la ley no fuera promulgada, si la ley fuera vetada o tuviera algún tipo de inconveniente, se extingue el nombramiento por la inexistencia del cargo. Es así de sencillo esto.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Mire, señor Presidente, más allá de acompañar o no la designación de Negrette, yo creo que por el propio funcionario se le designó provisoriamente, no me acuerdo el título que tenía, en ese momento estaba  a cargo interventor el señor Negrette, pero ahora se modifica, y lo digo por el propio bien del funcionario, que permitamos que se promulgue la ley, si vamos a volver a sesionar, salvo que se venza el plazo hoy, que es lo que no sé.
Pero se podría prorrogar la misma condición, permitir que se promulgue la ley y después designarlo, sin perjuicio de que yo personalmente pueda estar de acuerdo o no con lo que hizo, diga o vaya a hacer el funcionario Negrette.
Pero estamos hablando de alguien que vamos a designar al frente de la Oficina de Protección de los Derechos del Niño.
Además, señor Presidente, ésta es otra observación si quiere aceptarla, que nos toma de sorpresa, no sabíamos que se iba a proponer a Negrette, ni lo habíamos discutido, salvo la modificación de la ley, pero ni siquiera hay un dictamen. No me parece, pero si quieren tienen votos suficientes, como dice el diputado Touriñán, si quieren y consideran lo hablan con el señor Gobernador, lo que quieran, pero me parece que el tema lo merece, el funcionario lo merece y no se pierde nada esperar hasta la semana que viene, hasta que esté promulgada la ley. Nada más.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada  Muñoz.

SRA. MUÑOZ: Señor Presidente, el tema es que se vence la designación el día 21, y supuestamente tendríamos sesión el día 29. Ésta es la cuestión.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la designación propuesta por la señora diputada Burgueño.

- Se vota y aprueba.

Por Secretaría se leerá el punto 4° del Orden del día.

- 7 -
PROYECTO DE LEY GENERAL N° 122/08

SR. SECRETARIO (Arias):

- Dictamen de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el Proyecto de Ley General Nº 122/08,  presentado por el Poder Ejecutivo, el que se modificó en la Comisión, por el cual se propone la modificación del artículo 102º de la Ley Nº 4.685, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en relación con la designación y permanencia en el cargo de los Directores del Registro Civil.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada  Muñoz.

SRA. MUÑOZ: Señor Presidente, el presente proyecto de ley modifica el artículo 102° de la ley 4685, ley de Registro Civil. Esta codificación tiene por objeto de alguna manera que los cargos de directores sean designados mediante decreto del Poder ejecutivo. Recordamos que esta modificación se hizo hace algunos años para que fuera cargos de planta permanente. Ahora lo volvemos a su forma original, la que determina la modificación del Articulo 102°: “La reglamentación determinará la estructura orgánica y los deberes, misiones y atribuciones del resto del personal del Registro. En cuanto a los requisitos de admisibilidad e ingreso, situación de revista, régimen disciplinario, licencias, derechos y obligaciones de todo el personal, será regido por el Decreto Ley n° 1.987 y sus modificatorias”. Y lo que se le agrega es: “Los directores serán designados mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, revistiendo la categoría de personal fuera de nivel sin estabilidad, conforme el Artículo 12° del Decreto Ley 1.987”
Por lo expuesto, señor Presidente, solicito el acompañamiento de los señores diputados. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el proyecto.

SR. SECRETARIO (Arias):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°.- Modificase el Artículo 102° de la Ley 4685 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 102°: La reglamentación determinará la estructura orgánica y los deberes, misiones y atribuciones del resto del personal del Registro. En cuanto a los requisitos de admisibilidad e ingreso, situación de revista, régimen disciplinario, licencias, derechos y obligaciones de todo personal será regido por el Decreto Ley N° 1.987 y sus modificatorias.
Los Directores serán designados mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, revistiendo la categoría de personal fuera de nivel sin estabilidad, conforme el Artículo 12° del Decreto Ley 1.987.-“

Artículo 2°.- Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por constar de un solo artículo, se va a votar en general y en particular el Proyecto.

- Se vota y aprueba.

Queda sancionada la presente Ley General.
Por Secretaría se leerá el punto 6° del Orden del día.

- 8 -
PROYECTO DE LEY GENERAL N° 219/08

SR. SECRETARIO (Arias):

- Dictamen en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General Nº 219/08, presentado por el Bloque Justicialista, el que se modificó en las Comisiones, por el que propone la modificación de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 5.280, de Régimen Previsional especial para los soldados conscriptos que hayan participado en las acciones bélicas de Malvinas.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Montoya.

SR. MONTOYA: Señor Presidente, se trata del proyecto para modificar la Ley Nº 5680, Régimen Especial de Jubilación para Soldados ex Combatientes de Malvinas que efectúen aportes a la obra social SEROS y presten servicios en el ámbito de la provincia.
Las modificaciones propuestas son tres, la modificación del artículo 1º tiene por objeto agilizar el inicio del trámite jubilatorio por cuanto las Fuerzas Armadas otorgan un certificado con la denominación TOAS, que significa Teatro de Operaciones del Atlántico Sur al contrario de lo que habían entregado en su oportunidad que tenía la denominación TOM, que es el Teatro de Operaciones en Malvinas. Esta modificación se produce por cuanto la primera denominación sólo duró siete días en el conflicto y después rigió la segunda denominación. Para utilizar esta denominación es necesario que se agregue el concepto Soldados Conscriptos que hayan participado en el Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur, que hayan entrado efectivamente en combate.
Es importante resaltar esta diferencia por cuanto en este momento en el Senado hay en tratamiento el padrón de los soldados que no participaron efectivamente en combate y que se denominan Soldados Movilizados, a los efectos de no ampliar el universo de beneficiaros de la obra social SEROS.
El segundo punto tiene que ver con que la ley vigente tiene la denominación para aquellos que se desempeñan en el ámbito provincial pero no incorporados, en entes centralizados, descentralizados, Banco del Chubut y faltaban también los  municipios para lo cual es necesario agregar el tercer artículo invitando a los municipios a adherir por ordenanza a este régimen jubilatorio especial.
La última modificación tiene que ver con que la ley vigente  expresa quince años continuos al cese y ser incorporados en el término discontinuos para poder abarcar a algunas personas  que en algún momento hubiesen, por un período, dejado de trabajar pero que cumplían con los demás requisitos, es decir, contar con quince años de aportes a la Caja Provincial.
Estas son las tres modificaciones que han sido solicitadas por algunos trabajadores ex combatientes en el ámbito provincial. Por lo tanto solicito el acompañamiento de los señores diputados al presente proyecto de ley.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por secretaría se leerá el proyecto de ley.

SR. SECRETARIO ( Arias):

 LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°.- Modificase el artículo 1° de la Ley N° 5.680, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1°: Establécese un régimen previsional para los soldados conscriptos que hayan participado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 16 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y sean actualmente afiliados activos al régimen de la Ley N° 3.923 y sus modificatorias.”

Artículo 2°.-  Modificase el artículo 2° de la Ley N° 5680 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2°: Tendrán derecho al beneficio que se crea, los afiliados del Instituto de Seguridad Social y Seguros enunciados en el artículo 1° que:

a) Se encuentren en actividad como agentes dependientes del estado provincial, de organismos centralizados, descentralizados y entes autárquicos a la fecha de solicitud del beneficio.
b)  Acrediten un mínimo de QUINCE (15) años de servicios efectivos con aportes a la Caja Provincial, continuos o discontinuos al cese.
c) Se concederá sin requisito de edad.

Artículo 3°.- Invitase a las Corporaciones Municipales a adherir a la presente Ley.

Artículo 4°.- De forma.

SR. PRESIDENTE (Vargas). Se va a votar en general el proyecto.

- Se vota y aprueba por unanimidad.

Para su consideración en particular, por Secretaría se leerá.

- Se leen y aprueban los artículos 1º al 3º. 
- El artículo 4º es de forma.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley.

Por secretaría se leerá el 7º punto del Orden del Día.

- 9 -
PROYECTO DE DECLARACIÓN N° 108/08

SR. SECRETARIO (Arias):

-Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre el Proyecto de Declaración Nº 108/08, presentado por el Bloque Justicialista, a través del cual se repudian las expresiones vertidas por el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina con fecha 24 de septiembre de 2008.


SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, con motivo de la sustanciación del juicio político al ex Procurador General de la Provincia, el doctor Eduardo Samamé, hemos recibido una bastante fluida comunicación epistolar por parte del doctor Quattropani, que tiene el cargo de Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina.
Esta serie de comunicaciones, esta serie de correspondencias que hemos recibido, comenzó –incluso- bastante tiempo antes de que el juicio comenzara y con aseveraciones bastante contundentes y severas respecto a poner en duda el proceso del juicio político en la Provincia del Chubut.
Evidentemente, el doctor Quattropani, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que por cuestiones periodísticas -de manera que no creo que haya estado nunca en la Provincia del Chubut- se ha aventurado en forma temeraria a hacer este tipo de apreciaciones, declaraciones y aseveraciones, afirmando contundentemente cosas que evidentemente supone porque no conoce, porque en ningún momento tuvo acceso al expediente que se tramitaba el juicio y muchos menos antes de que éste se inicie porque es una cuestión imposible de proceder.
Actuó en forma corporativa, incluso, hay unas comunicaciones que no están dirigidas a la Cámara sino al doctor Samamé, que era la persona que iba a estar sometida al juicio político, solicitándole al propio doctor Samamé, que le hiciera el favor de darle trascendencia en los medios periodísticos de la zona.
Entonces, la última nota de Quattropani que ingresa a la Cámara y ya en forma oficial porque ingresa por Mesa de Entradas y tiene ingreso parlamentario con fecha 24 de septiembre de este año, es la que ha producido o la que ha generado que se dé también una respuesta oficial por parte de esta Cámara a las cuestiones que él plantea.
De manera, señor Presidente, que para que quede en las actas de la versión taquigráfica, voy a solicitar que se lea la respuesta por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el Proyecto de Declaración.

SRA. SECRETARIO (Arias):


LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
DECLARA


Artículo 1º: Repudiar las expresiones emitidas por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina,  mediante la Declaración  de fecha 24 de septiembre de 2008, ingresada formalmente a esta Honorable Cámara, con fecha 16 de octubre del mismo año, por las razones que a continuación se exponen.
En el punto I) del referido pronunciamiento, se plantea el deber de denunciar la grave situación del Ministerio Público y del Poder Judicial de la Provincia, en razón del Juicio Político desarrollado respecto del Dr. Eduardo Samamé, ex Procurador General destituido mediante el mecanismo constitucional previsto a tal fin y los acontecimientos posteriores a su destitución.
Esta Legislatura considera que antes de emitir opiniones del calibre de las que el mentado Consejo ha vertido, es fundamental contar con la mayor información posible, para así poder hacerlo con seriedad y no adelantando posición como lo ha hecho ya su Presidente, en la nota de fecha 1 de julio de 2008, dirigida al Dr. Samamé y a los fines que éste la de a conocer a los medios de comunicación provinciales.
Es dable señalar que en dicha nota señalaba “la persecución de una finalidad subalterna y alejada de los intereses sociales”. Todo ello surgía de la “documentación analizada”, la que fuera alcanzada por el denunciado y la colectada oficiosamente por la presidencia del cuerpo. Ponemos a disposición de dicho Consejo toda la información que se ha colectado desde el año 2000, y que ha sido tenida en cuenta al tiempo de adoptar una decisión respecto de la situación del ex Procurador Fiscal destituido.
Esta Cámara ha actuado en el convencimiento que, los funcionarios judiciales, tal como los demás funcionarios públicos, son responsables ante la ciudadanía, debiendo cumplir las mismas reglas de conducta y rendición de cuentas que el resto de los funcionarios, y ha sido en ese marco que se ha desarrollado el Juicio Político.
El accionar desplegado por el Presidente del Consejo y hoy avalado por la Declaración plenaria reviste una gravedad inaudita y de una falta de responsabilidad absoluta en las aseveraciones que se han emitido. Expresándose en términos tales como “conocedor de vuestro (Dr. Samamé) compromiso con la justicia y en especial con el Ministerio Público”, dejando evidenciado la relación que une al Presidente del cuerpo y al destituido Samamé.
Tenemos como Institución de la Provincia, el deber de contextualizar algunos de los hechos que han transcurrido de modo previo al inicio del proceso constitucional de Juicio Político intentando abonar con ésta mínima información el conocimiento del Consejo de la situación de la que opina.
Para dominio del Cuerpo, en aproximadamente siete años desde la designación del hoy destituido, había sido denunciado ante la Honorable Legislatura en nueve oportunidades. Dichas solicitudes de Juicios Políticos, fueron impetradas, en distintos períodos democráticos con diferentes gestiones políticas, por integrantes del Ministerio Público Fiscal, por integrantes de la Magistratura, por un Diputado, por Abogados, y por otros integrantes de la comunidad.
Así las cosas, no puede persona alguna sustentada por intereses corporativos,  pretender que no se someta a los mecanismos que el Poder Constituyente ha puesto en cabeza del Poder Legislativo, con su conformación y mayorías especiales, en tanto ello se reñiría con los valores que sustentan el sistema republicano.
Avanzando en la lectura de la declaración y en lo concerniente en la opinión vertida, en el punto II), decimos que es falso y que no ha logrado su objetivo, en tanto el Consejo sostiene que “ha creído prudente esperar la conclusión de aquel proceso para pronunciarse en Plenario, ello de modo tal de aventar dudas respecto a su finalidad institucional, alejada de toda conducta de tipo corporativa o de defensa de personas o funcionarios determinados.”
Nos referimos específicamente a la nota mencionada ut supra de fecha 1 de julio, la que se dio en el marco de tramitación del Juicio Político y se dirigió de modo institucional al Procurador destituido.
Queremos dejar plasmado nuestra posición como cuerpo, respecto que no siempre que se solicita rendición de cuentas a funcionarios judiciales, se persiguen intereses espurios a los fines de no admitir lisa y llanamente que se trata de un mecanismo constitucional.
Durante el proceso constitucional de Juicio Político, hemos tomado conocimiento de muchas cuestiones que se enfrentan directamente con el buen servicio de justicia al que tenemos derecho como ciudadanos de la provincia del Chubut, todo lo cual ponemos también a disposición de la entidad que de considerarlo necesario.  
En el punto III) exponen como un “verdadero escándalo institucional” las declaraciones de un Diputado y a partir de allí montan un razonamiento absolutamente falaz. Endilgan a todo un cuerpo y ponen un manto de sospecha en un procedimiento constitucional, absolutamente legal y legítimo, por las expresiones de un integrante de la Cámara, emitidas de modo personal y no en un marco institucional, deduciendo de ello un avasallamiento de un poder con respecto a otro.
Sostenemos que existe un interés social en que, un magistrado sospechado de inconductas, sea rápidamente juzgado por los carriles institucionales previstos por el Constituyente, despejándose toda duda en orden a los comportamientos que se le enrostran, más allá de las defensas corporativas que esto pudiera acarrear. 
Siguiendo la línea de razonamiento el Consejo, se manifiesta en el punto IV),  que se ha advertido de la situación al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y que este no se ha pronunciado. Debemos exponer que ésta maniobra a es una clara presión basada puramente en un interés sectorial, en tanto es dicho Tribunal el que hoy tiene la inmensa responsabilidad de decidir cuestiones relacionadas al proceso de Juicio Político.
En el punto V), se refiere a una situación de precariedad institucional en la que se encontraría el Ministerio Público Fiscal, relacionando ello con una amenaza que habría sufrido una integrante del mismo. Ante semejante aseveración éste cuerpo se pregunta de donde surge o que elementos se tuvieron a la vista a los efectos de emitir dicha opinión, haciendo una relación directa entre el proceso de Juicio Político desarrollado por ésta Cámara, con las supuestas amenazas sufridas por una fiscal, cuando en un sano ejercicio de control republicano esta Honorable Cámara de Diputados ha adoptado una decisión respecto de quien se encontraba sometido a proceso.    
En la totalidad del texto que hoy nos ocupa se ha utilizado un lenguaje ofensivo para quienes integramos el cuerpo y que hemos desarrollado con responsabilidad y compromiso la tarea que nuestra Carta Magna nos encomienda, constituyendo tales opiniones sin basamentos sólidos ni fundados, actos reñidos con  los más elementales principios democráticos que dicen defender. Específicamente esto se ve reflejado en el apartado VI) en cuanto asevera que el Juicio Político, “reconocía solo la voluntad política de destituir al titular del Ministerio Público y condicionar a los restantes miembros que lo integran”. Lo expuesto genera un pésimo precedente para la calidad institucional de la democracia, al igual que lo referido en los puntos VII) y VIII).
En el instituto del Juicio Político descansa gran parte de la fundamentación del principio republicano sobre el control de los actos de gobierno y el Poder Legislativo debe velar por el buen desempeño de los más altos funcionarios de los otros dos poderes. Ahora bien se plantea en el punto IX)  un daño gravísimo al Poder Judicial, solicitando el Consejo que “se recupere la sensatez”. ¿Desde que lugar se solicita ello? cuando se emiten este tipo de declaraciones que rozan la bajeza de la defensa corporativa de un integrante que ha sido juzgado bajo los procedimientos constitucionales previamente establecidos, por la misma Legislatura que lo designó y que ha evaluado si sus condiciones de idoneidad para el ejercicio del cargo se mantenían, concluyendo que no, en el ámbito de su competencia.
Por último en el Punto X) se ejerce una presión concreta y directa respecto del Superior Tribunal de Justicia, afirmando que éste “tiene una única opción”, que obviamente es la que el Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina viene sosteniendo como una verdad absoluta, aún antes de comenzar el proceso constitucional que hoy nuevamente se ataca, que no es otra opción que apartar a los miembros del Poder Judicial del proceso de rendición de cuentas del ejercicio de su cargo, ante los representantes del Pueblo.

Artículo 2º: Manifestar el rechazo de las opiniones vertidas por el Dr. Eduardo Quattopani y del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, quienes haciendo una tenaz defensa de presiones corporativas, abiertamente intimidatorias, intentan comprometer seriamente la institucionalidad de la Provincia  del Chubut, con su consecuente incidencia en el democrático funcionamiento de la misma.

Artículo 3º: Enviar copia de la presente al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y al Superior Tribunal de la Provincia.

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Urbano.

SR. URBANO: Señor Presidente, es para rechazar este proyecto de declaración, ya que no me siento ofendido en lo más mínimo; en todo caso le corresponderá emitir opinión a aquéllos que en su momento votaron a favor  de la destitución del doctor Samamé.
Como lo dije en el momento en que fundamenté mi voto en el juicio al doctor Samamé, no tengo dudas de que este juicio político fue determinado por el Gobernador de la Provincia, señor Mario Das Neves, y contando con la ayuda de muchas manos que se levantaron, más de las dos terceras partes, y por eso se llevó a cabo este juicio político totalmente  injusto, arbitrario, y que de ninguna forma podría haber concluido en la forma que ocurrió, ya que el doctor Samamé no tenía absolutamente ningún motivo que se le imputara para su destitución.
Se habla de corporación, y que el Consejo de Procuradores,  Fiscales y Defensores actúa en forma corporativa emitiendo su opinión, lo cual yo comparto totalmente, y quiero además poner de manifiesto que quienes están actuando en forma corporativa son los diputados que en su momento votaron  a favor.
Quiero que se me excluya de este proyecto de declaración, respecto a que yo no estoy de acuerdo, ni mínimamente, con lo referido en este proyecto de declaración.
Solicito expresamente que no se emita una opinión como se hace habitualmente, que la Honorable Legislatura expresa, porque seguramente va a ser votada de la misma forma que en su momento el juicio político, quiero que expresamente se me excluya de este proyecto de Declaración.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, yo tampoco estoy de acuerdo en un 99% de los proyectos de pedidos de informes que presenta el señor diputado Urbano; sin embargo cuando se votan son pedidos de informes de la Cámara. De esta forma cuando se vota una declaración, es la declaración de la Cámara; no aceptarla es no aceptar la democracia, no aceptar las mayorías, no aceptar el  mandato popular de que se conforma de esta forma y que la Constitución dice que las cosas son como son, y no como el diputado Urbano quiere que sea.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Señor Presidente, dos cosas: la primera sería para discutir la particular naturaleza de la norma constitucional de los pedidos de informes, los tres votos y quién es el que hace el pedido de informes.
Daría para debatirlo bastante; soy los que opinan que no es la Cámara porque es un derecho que la Constitución reconoce justamente a tres diputados de la minoría y de la oposición. Pero, señor Presidente, evidentemente la naturaleza de lo que estamos votando es distinto, es diferente a lo que habitualmente vota esta Cámara, esto es indudable, es una respuesta a una cuestión puntual, planteada puntualmente por un tema puntual y responde exclusivamente al oficialismo a la intención del oficialismo, de dar respuesta. Fíjese, señor Presidente, que no pasa nada si no se sanciona esta declaración, este proyecto; no pasa absolutamente nada, porque alcanzaría con que una sola persona legalmente mediante una carta documento o todas las personas mediante nota tener este texto. No hace falta que la Legislatura vote nada para producir el efecto que la mayoría está buscando, que es contestar la última nota de este organismo representante de los fiscales.
Esto demuestra que tiene razón lo que plantea el doctor Urbano. No sé, a alguien le escuché: “le estuve explicando durante una hora”, yo creo que  el que le estuvo explicando no entiende y por eso el doctor Urbano menos va a entender lo que le quiso explicar aquél que cree que sabe que esto es así. No es así, simplemente es una manifestación, y que no cambia nada, señor Presidente, si se vota o no se vota. Y nosotros vamos a pedir y a dejar totalmente en claro que tampoco compartimos, que esto no nos alcanza, que esta manifestación que hace hoy la Cámara es producto de una mayoría especial, pero que pedimos también que no nos incorporen, que se deje mención a esto, que no nos alcanza, que no compartimos lo que la mayoría especial pretende hacer, que además tiene derecho, tiene todo el derecho del mundo de decir: “mire, contestamos que no estamos de acuerdo”; pero no necesariamente hay que hacer un proyecto de Declaración y una manifestación del Cuerpo. Alcanza que uno o todos lo hagan.
Más de allá de estas cuestiones, nosotros también pedimos -no lo entendemos, no creo que haya alguien por más esfuerzo que haga que nos pueda convencer de que estamos equivocados, el mecanismo es otro- que no queremos ser parte de esta Declaración y de esta respuesta, que en definitiva es eso a este organismo que representan los fiscales de la Provincia. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑAN: Señor Presidente, el gerenciador de la nota, el doctor Quattropani ha involucrado toda la Cámara, no ha hablado de tal o cual diputado, ha hablado de la Cámara, es una afrenta a la dignidad del Cuerpo legislativo de la institución constitucional de la Provincia del Chubut.
Los diputados de la Unión Cívica Radical y del ARI pueden decir que no están de acuerdo, pueden decirlo, pues de hecho han actuado en forma totalmente corporativa en todo el trámite del juicio político, pero de ahí a que la afrenta que ha hecho el doctor Quattropani, de que hay amenazas de diputados hacia miembros del Poder Judicial los involucra a ellos también. Están en obligación de vindicarse, de contestar, de decir algo, no pueden mirar para el costado y decir a mí no me toca porque soy bueno, porque son tan diputados como cualquier otro; es a la Cámara, a la totalidad de la Cámara no a un diputado, o a dos diputados o a tres diputados, o a los del oficialismo y a otros no les toca. Esta falta de responsabilidad o de querer sacarse el sayo de encima, evidentemente lo llevan a este tipo de cuestionamientos; pretender, por ejemplo, que una norma sancionada por la Cámara no sea involucrada, no  absorba o no tome al total de la composición de la Cámara.
Esto es así, es como si una ley porque yo no la voté no formo parte de ley y no estoy obligado a cumplirla; o sea no tiene absolutamente ningún tipo de asidero desde el punto de la lógica.
El doctor Quattropani se ha dirigido a la Cámara no se ha dirigido a los diputados del oficialismo, ha dicho que la Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut es parcial, que la Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut no es objetiva, que la Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut no es imparcial, es corporativa y toma actitudes reñidas con lo que marca la ley, la ley que el doctor Quattropani evidentemente desconoce en absoluto, porque opina incluso antes de que se formule el expediente, antes de que se confeccione ningún expediente ya está opinando, es un aventurero total.
Entonces, los señores diputados en realidad lo que tienen que hacer si no se sienten involucrados dentro de la Declaración que estamos propiciando que se apruebe, lo que deberían hacer es dirigirse mediante carta documento al doctor Quattropani diciendo que ellos no tienen nada que ver con la Declaración. Pero mientras la Declaración la emita la Cámara en las condiciones que marca la Constitución de la Provincia y el Reglamento, es una Constitución de la Cámara de la Provincia del Chubut

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar en general.

- Se vota y aprueba.

Para su consideración en particular, por Secretaría se leerá.

- Se leen y aprueban los arts. 1º al 3º.
- El art. 4º es de forma.

Queda aprobada la presente Declaración.
Por Secretaría se leerá el punto 8º del Orden del día.

- 10 -
RESOLUCIÓN N° 178/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia proponiendo la designación del señor Ricardo Azparren en el cargo de Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 4.518.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Karamarko.

SR. KARAMARKO: Señor Presidente, señores diputados, el señor Ricardo Azparren, que en este momento es el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, cumple el mandato legal el 29 del corriente, por eso es necesario cubrir el cargo y en función de la tarea desplegada por el actual Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, que lo ha hecho subordinado a la legislación vigente, Ley 4518. Es decir, ha trabajado con eficacia abordando los distintos temas que le ha planteado la comunidad del Chubut, contando con el trabajo de las Defensoras del Pueblo Adjuntas de Comodoro Rivadavia y de Esquel, ello ha hecho que el organismo lograra un desenvolvimiento acorde con la responsabilidad asumida.
Por eso es que siguiendo los lineamientos de la Ley 4518, en los artículos 2º y 3º, se ha propuesto una terna que ha recibido la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia. Proponemos para este segundo periodo -que está dentro de lo establecido en la ley específica-, al señor Ricardo Azparren por los argumentos esgrimidos en este momento.
Por lo expuesto, solicito se someta a consideración de la Cámara el presente dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá.

SRA. SECRETARIA (Mingo):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al señor Ricardo Luis AZPARREN (D.N.I. N° 10.804.032) en el cargo de DEFENSOR DEL PUEBLO, según lo previsto en los artículos 2° y 3° de la Ley 4.518.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHÍVESE.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por constar de un solo artículo, se va a votar en general y en particular.

- Se vota y aprueba. 

Queda aprobada la presente Resolución.
Por Secretaría se leerá el punto 9º del Orden del día.

- 11 -
PROYECTO DE LEY GENERAL N° 177/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Dictamen de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, sobre el Proyecto de Ley General Nº 177/08, presentado por el Poder Ejecutivo, el que se modificó en la Comisión, por el que se propicia la modificación de la Ley Nº 5.439, Código Ambiental de la Provincia de Chubut, en lo referente al Registro de Control Ambiental de la Actividad Petrolera creado por Decreto Nº 10/95.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Pitiot.

SR. PITIOT: Señor Presidente, el mencionado proyecto en realidad es una modificación al Código Ambiental de la Provincia de Chubut, en lo referente al Registro de Control Ambiental de la Actividad Petrolera.
En realidad, cuenta con seis artículos que se modifican, el 1º y el 6º concretamente son cambios de títulos, el primero de los artículos habla del título de la gestión ambiental de la actividad petrolera. Y el artículo 6º en realidad, viene a salvar un error del Código en el que el título y el artículo no tenían nada que ver, en realidad; o sea que finalmente se ponen las cosas en claro en que el título es “Del Registro Provincial de Prestadores de Consultoría Ambiental”, tal como versa el artículo 131º del Código.
En realidad, hay incorporación de registros. En realidad, se incorpora el inciso f) al artículo 111º, que va a constituir, en realidad es el Registro de Gestión Ambiental de la Actividad Petrolera y el artículo 3º que sustituye el artículo 64º de la Ley 5439. Recuerdo que el artículo 64º de la ley en realidad habla de las tasas anuales a abonar por la actividad petrolera. En realidad, lo que se incluye en ese cambio de artículo es la creación del Registro de Gestión Ambiental de la Actividad Petrolera incluyendo, incorporando actividades que no estaban contempladas en el Código original, como las de operadores de terminales de embarque o descarga de petróleo crudo o derivados y que se incorporan a las actividades, lo cual estaba previsto.
En realidad, es el artículo 9º del Decreto 10/95 que toma valor constitucional -el decreto firmado por el Gobernador en el año `95-. Y el artículo 4º sustituye el artículo 65º de la Ley 5439, creando el Certificado de Gestión Ambiental de la Actividad Petrolera.
En realidad, lo que se hace con esta modificación es obtener una forma dinámica en cuanto a las tasas que se deben oblar para la obtención del Certificado de Gestión Ambiental y, en vez de estar instituidas como estaban en el artículo 64º, las tasas pasan a la Ley de Obligaciones Tributarias del Gobierno de la Provincia. Y, obviamente, que habla de que el Certificado de Gestión Ambiental de la Actividad Petrolera debe ser renovado anualmente y, obviamente, la Ley Tarifaria establecerá la tasa que deberán abonar, lo cual permite -como digo- la renovación anual de las tasas.
Finalmente, el artículo 5º habla de la modificación del inciso b) del artículo 25º, en el que en principio las multas estaban establecidas por el Decreto 10/95 y ahora, en realidad, las multas se aplicarán en virtud de la reglamentación del título V, libro II de la ley. En realidad, lo que hace es incorporar el Decreto 10/95 a la Ley del Código Ambiental de la Provincia del Chubut.
En realidad, creo que son modificaciones que fundamentalmente, por un lado, incorporan actividades que no estaban previstas en el control y, por otro lado, una forma dinámica de establecer las tasas que deben abonar cada una de estas actividades y que año a año puedan ser renovadas, solicitado el certificado y renovados los certificados anualmente y que las tasas que se le cobran también puedan ser renovadas anualmente, por lo cual pido a los señores diputados el acompañamiento a este proyecto. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Lorenzo.

SR. LORENZO: Señor Presidente, creo que la explicación que ha dado el diputado preopinante implica un análisis puntual de este proyecto de ley, tal cual expresa cada uno de sus artículos, y que él en forma detallada los ha relacionado. Ahora hay una cuestión en líneas generales, la mayor preocupación nosotros la tenemos en el Artículo 4°, no es la primera vez que vamos a mencionar este problema, y lo hemos mencionado el año pasado en la anterior gestión.
El bloque de la Unión Cívica Radical en función de las cuestiones que yo voy a exponer está trabajando en acciones que van a permitir determinar lograr un esclarecimiento del tema que puntualmente voy a explicar.
En la Provincia del Chubut a partir del Decreto 993 del año 2007, creemos que de forma irregular, ilegal, ha establecido un sistema de residuos petroleros. El tema de residuos petroleros no existe, los residuos petroleros son residuos peligrosos, y ya como estaban establecidos en el Código vigente, sin esta modificación, esos residuos peligrosos tienen ya su tratamiento adecuado.
Lo que se logra a partir de la aplicación del Decreto 993/07 es que se le dé un tratamiento distinto a los residuos petroleros, que ya lo establecimos en el sistema de tratamiento que se le deben dar a los residuos peligrosos. Para que se entienda en menores palabras, se le da un tratamiento inadecuado a un residuo peligroso, porque la provincia estableció un mecanismo denominado “residuos petroleros”, la que obviamente está absolutamente contraria a la Ley Nacional 24.051 a la cual estamos adheridos. Pero por este decreto hacen una interpretación como que si se reglamentara el tema, y a estos residuos no se los trata como tal sino como yo lo estoy diciendo.
Nosotros vamos a seguir discutiendo sobre el fondo de esta cuestión. Entendemos que este Decreto 993 podría ser que haya determinado con que estos residuos que pueden ser industriales o vayan a saber qué, pero han dejado de ser residuos peligrosos y esto es realmente preocupante.
Este decreto tiene una íntima relación con el Artículo 65° que se modifica por el Artículo 4° en el tema del certificado de gestión ambiental de la actividad petrolera. Justamente hay una certificación de gestión ambiental de la actividad petrolera que está relacionado con el tratamiento de residuos petroleros y no de residuos peligrosos.
Por este motivo, puntualmente en esta cuestión, digamos encauzando estas cuestiones en el debate de la propia ley, -no voy a traer a debate, no era mi interés- a nosotros nos impide apoyar este proyecto de ley.
La realidad del tema es que la creación del registro en sí no es una cuestión que esté de más. Esto no implica una cuestión… por el contrario, estaría bien. Pero claro, la preocupación que tenemos nosotros es que el certificado de gestión ambiental se hace sobre la base de un Decreto 993/07, reitero el número, porque nosotros estamos trabajando para tratar de ver cómo se logra que este decreto se derogue, y que obviamente al petróleo en la Provincia del Chubut, como lo establece la ley nacional y todas las reglamentaciones vigentes -a partir de esa ley nacional- se lo trata como residuo peligroso y no en particular como se hace a partir del Decreto 993, cuando en realidad ya tenemos demasiados acontecimientos muy serios, que sabemos todos y que son de dominio público y que no hace falta debatirlos.
Por estos motivos es que nosotros no estamos acompañando este proyecto de ley. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado  Urbano.

SR. URBANO: Señor Presidente, yo no voy a acompañar este proyecto de ley porque no he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de comisión como hubiera correspondido, para poder dar mi opinión, independientemente después de lo que decida la mayoría.
En reiteradas oportunidades en que he asistido en los días y horas que corresponde que la comisión se reúna, estoy hablando de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, en innumerables oportunidades me he encontrado que no había quórum para la reunión respectiva. Debo decir que solamente en seis oportunidades, en todo el año 2008, he tenido oportunidad de participar en alguna reunión, a pesar de que he asistido en todas las oportunidades los días miércoles, a las 11,30 de la mañana. He estado presente en el lugar donde se reúne la comisión y sin embargo no he podido participar de la misma. Por eso es que no voy a apoyar, no voy a acompañar este Proyecto de Ley simplemente porque se ha desarrollado en una forma totalmente irregular. Yo lo que voy a solicitar en estos momentos es que vuelva a comisión para que se discuta, se vote y se cumpla con todo el procedimiento normativo en este aspecto.
Esperemos que el año que viene haya un borrón y cuenta nueva, sean más flexibles las reuniones de comisión ya que el actual Reglamento exige por lo menos una reunión por semana y en el próximo Reglamento Orgánico se estipula que haya dos reuniones por mes.
Aún así considero que si seguimos con este nuevo ritmo es muy difícil que podamos completar el desarrollo de las actividades programadas en esta comisión.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑAN: Señor Presidente, para corregir una parte, la parte final, el nuevo Reglamento Orgánico no establece que haya dos comisiones por mes, establece como mínimo dos por mes, puede haber treinta reuniones de comisión por mes, o 31, si el mes tiene 31 días, como mínimo dos reuniones por mes.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Gómez.

SR. GOMEZ: Señor Presidente, con todo respeto que me merece la edad del señor diputado Urbano, lo estoy diciendo seriamente, por favor, creo que se ha olvidado de la charla que hemos tenido en cada una de las reuniones de comisión donde hemos estado elaborando, analizando, discutiendo y debatiendo cada uno de los proyectos.
Lo que quiero dejar bien en claro que, llegando recién a cumplir el año en este trabajo tan importante y trascendente, no le voy a permitir al señor diputado Urbano la falta de respeto hacia mis compañeros de comisión, como los señores diputados Pitiot, Cárdenas, González, etcétera, que trabajan durante toda la semana, durante todo el mes y durante todo el año. En ese sentido hay que dejar en claro que en cada reunión de comisión que tenemos, en cada debate que tenemos en función de los proyectos que debemos analizar, el señor diputado ha pretendido siempre imponer su pensamiento, no lo ha logrado, porque no convence a nadie, no es responsabilidad nuestra sino particular del señor diputado.
Dejo salvada la gestión de la comisión pero fundamentalmente se debe respetar todo el trabajo legislativo que llevan adelante mis compañeros que conforman la comisión.
Reitero, se ha trabajado en forma permanente, en diálogo permanente con todas las posibilidades para generar el debate interno en cualquier hora y en cualquier lugar.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por secretaría se leerá el proyecto de ley.
 
SRA. SECRETARIA (Mingo):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1º.- Modificase la denominación del Título V del Libro Segundo de la Ley Nº 5.439, el que quedará redactado de la siguiente manera: “DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD PETROLERA”.

Artículo 2º.- Incorporase  el  inciso  f)  al  artículo  111º  de  la  Ley Nº 5.439 de  la siguiente manera:

“f) Registro de Gestión Ambiental de la Actividad Petrolera”.

Artículo 3º.- Sustitúyase el artículo 64º de la Ley Nº 5.439, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 64º.- Créase el Registro de Gestión  Ambiental  de la Actividad Petrolera, en el cual deberán inscribirse las empresas radicadas en la Provincia del Chubut, dedicadas a las actividades de: exploración, perforación, explotación petrolera, almacenamiento y/o transporte, operadores de terminales de embarque o descarga de petróleo crudo o derivados”.

Artículo 4º.- Sustitúyase el artículo 65º de la Ley Nº 5.439, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 65º.- Efectivizada la inscripción, la  autoridad  de  aplicación  otorgará el "Certificado de Gestión Ambiental de la Actividad Petrolera", instrumento que acreditará la aprobación de los planes de acción de la empresa por el año correspondiente en referencia al tratamiento y disposición final de sus efluentes líquidos y sus residuos sólidos. El Certificado de Gestión Ambiental de la Actividad Petrolera deberá ser renovado anualmente. La ley tarifaria establecerá la tasa que deberán abonar las empresas señaladas en el artículo 64º a efectos de la obtención del mencionado certificado”.

Artículo 5º.- Modificase el inciso b) del artículo 25º de la Ley Nº 5.439, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“b) Las multas que se apliquen en virtud de la reglamentación del Título V del Libro Segundo de la presente Ley”.

Artículo 6º.- Modificase la denominación del Capítulo V del Título IX del Libro Segundo de la Ley Nº 5.439, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Del Registro Provincial de Prestadores de Consultoría Ambiental”.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar en general.

- Se vota y aprueba.

Para su consideración en general, por Secretaría se leerá.

- Se leen y aprueban los arts. 1° al 6°.
- El art. 7° es de forma.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley General.
Por Secretaría se leerá el punto 10° del Orden del día. Proyecto de Declaración 101/08.

- 12 -
PROYECTO DE DECLARACIÓN N° 101/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Dictamen de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, sobre el Proyecto de Declaración Nº 101/08, presentado por los diputados Aravena, Pitiot y Muñoz, del Bloque Justicialista, y Roque González, del Bloque del PACH, por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial incluyera en el Programa “Energía Renovables para Programas Rurales (PREMER)” al Paraje El Turbio.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Aravena.

SRA. ARAVENA: Gracias, señor Presidente. El presente proyecto de Declaración está relacionado con la utilización de las   Energías Renovables para los Programas Rurales PREMER.
En virtud de que dichos Programas se han puesto en vigencia en nuestra provincia, se solicita se pueda incorporar al paraje El Turbio que está ubicado al sur del Paralelo 42° del ejido de Lago Puelo.
Se fundamenta el mismo en las razones de la necesidad que los pobladores de El Turbio puedan contar con este servicio ya que los mismos tienen que hacer varios kilómetros y aparte,  cruzar de manera lacustre o pluvial, para poder llegar a los lugares más poblados como son Lago Puelo y las localidades aledañas.
En virtud de esto y teniendo en cuenta que hay una Escuela, la 186 del paraje El Turbio, es que se solicita el acompañamiento del presente proyecto para que se pueda hacer realidad y poder brindarle a los vecinos y a toda la comunidad del paraje El Turbio que son, aproximadamente, diez familias de este servicio. Nada más, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el proyecto.

SR. SECRETARIO (Arias):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
DECLARA

Artículo 1°.- Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial incluya en el Programa ENERGÍAS RENOVABLES PARA PROGRAMAS RURALES (PERMER)  al Paraje EL TURBIO.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Habiendo sido leído por Secretaría y por constar de un solo artículo, se va a votar en general y en particular el proyecto.

- Se vota y aprueba.

Queda aprobada la presente Declaración.
Continuamos con los restantes puntos del Orden del día. Por Secretaría se dará relación al punto 11º, los despachos de las Comisiones Permanentes que han ingresado. Diputado Lorenzo, era lo que usted había mencionado al comienzo.

- 13 -
PROYCTO DE DECLARACIÓN N° 124/08

SR. SECRETARIO (Arias):

- Dictamen de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, sobre el Proyecto de Declaración nº 124/08, presentado por los diputados Karamarko, Montoya y Gaitán del Bloque Justicialista, por el que se solicita al señor Gobernador de la Provincia que promueva reuniones con los Gobernadores de las Provincias Patagónicas, con la finalidad de evaluar la posibilidad de adquisición de uno o más hidroaviones, mediante el esfuerzo compartido, para ser utilizados en la lucha contra incendios forestales en el territorio patagónico.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Karamarko.

SR. KARAMARKO: Señor Presidente, señores diputados, es importante que el visto y el considerando del presente proyecto sea parte de la declaración, porque tiene datos significativos que vienen a explicar los motivos por los cuales quien les habla y los señores diputados Montoya y Gaitán del Bloque Justicialista le hemos dado génesis al presente proyecto de declaración, en virtud de los datos científicos que hemos recabado respecto al aumento de la capa de ozono y también al incremento del cambio global y de la temperatura global del planeta, que de acuerdo a esos informes científicos que están detallados y explicados en los considerandos, tienen un panorama bastante comprometedor para la Patagonia en general, pero particularmente para la provincia del Chubut.
En su momento, durante el período anterior de gobierno, habíamos elaborado un proyecto de ley para crear una cuenta especial y que la Provincia tomara la decisión de adquirir ese hidroavión. Pero, bueno, las prioridades las fija el Gobernador sobre la base de los recursos que ingresan. Pero en la actualidad es importante tener presente lo que dice en la parte resolutiva el proyecto de declaración para que nuestro Gobernador, en la relación cotidiana que tiene con los demás gobernadores de las provincias que integran la Patagonia, pueda desarrollar la idea de comprar uno o más hidroaviones, por cuanto sabemos y reconocemos el valor de la tarea que despliegan los brigadistas, que es esencial e insustituible, pero que va a ser mucho más efectiva y va a poder contrarrestar los efectos negativos de la propagación de los incendios en la medida que puedan contar rápidamente con el trabajo desde el aire de estos hidroaviones.
Y nos decidimos con mayor fuerza a hacer esta presentación cuando desde la información que uno ha ido leyendo respecto de lo que pasaba en Tierra del Fuego, desde el Plan Nacional de Lucha contra los Incendios, escuchábamos o leíamos que se había decidido un tiempo de espera para tomar la decisión de mandar o no mandar los hidroaviones. A nosotros nos parece que la adquisición de los mismos, la inversión que haya que hacerse se va a terminar pagando sola en la medida que se evite la propagación de los incendios por los daños que provoca.
Es por ello, señor Presidente, que ponemos a consideración de la Cámara este proyecto de Declaración que esencialmente le pide al señor Gobernador que trate en reunión con los demás gobernadores de provincias integrantes de la Patagonia la posibilidad de adquirir uno o más hidroaviones para ser más eficientes en la lucha contra los incendios forestales y de campo en el territorio patagónico y, a su vez, enviar copia de la presente a la Legislatura de Neuquén, Río Negro, Santa cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por eso creemos que la Cámara va a acompañar este proyecto de declaración.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por secretaría se leerá.

SR. SECRETARIO (Arias):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
DECLARA

Artículo 1°.- Solicitar al señor Gobernador de la Provincia del Chubut que tenga a bien promover reuniones con los gobernadores de las provincias que conforman la Región Patagónica, con la finalidad de evaluar la posibilidad de adquisición de uno o dos hidroaviones mediante el esfuerzo compartido que servirán para ser más eficientes en la lucha contra los incendios forestales y de campos del territorio patagónico.

Artículo 2°.- Enviar copia de la presente a los señores gobernadores y a las legislaturas de las provincias Neuquen, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 3°.- De forma.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar en  general el proyecto.

- Se vota y aprueba.

Para su consideración en particular, por Secretaría se leerá.

- Se leen y aprueban los artículos 1° y 2°.
- El Artículo 3° es de forma.

Queda aprobada la presente Declaración.
Por Secretaría se leerá el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre el Proyecto de Ley N° 218/08.

- 14 -
PROYECTO DE  LEY N° 218/08

SR. SECRETARIO (Arias):

- Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley N° 218/08, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se propicia la modificación de la Ley N° 4.558, de Colegiación Pública, en relación con los abogados que revistieron cargos de Jueces de Paz Suplentes.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra la señora diputada Aravena.

SRA. ARAVENA: Señor Presidente, el mencionado proyecto tiene por finalidad modificar un artículo de la Ley de Colegiación Pública 4558, en virtud de que los jueces suplentes que son abogados no pueden ejercer de acuerdo a la interpretación de la ley; para el caso en el inciso b) de la Ley 4558 establece incompatibilidad absoluta, entre otros, a magistrados,  funcionarios y empleados judiciales. Que para el caso de los Jueces de Paz suplentes los colegios de abogados de las distintas circunscripciones judiciales han adoptado criterios diferentes al momento de habilitar el ejercicio de la abogacía en dichas funciones, de dichos funcionarios suplentes. Y así los colegios de abogados de Comodoro Rivadavia y Trelew, en tanto que el colegio de Esquel en sentido opuesto interpreta la existencia de incompatibilidad absoluta y prohíbe el ejercicio de la abogacía a los Jueces de Paz suplentes de Esquel, Trevelin y Lago Puelo, provocando una violación de las garantías de igualdad ante la ley, protegida por la Constitución tanto nacional como provincial. A tal efecto, se modifica, se incorpora en la ley el artículo modificando la Ley 4558, en virtud de que los Jueces suplentes ejercen en períodos de corto tiempo, en la mayoría de los casos los suplentes pueden llegar a ejercer en forma anual con mayor tiempo en períodos de ferias, que pueden llegar a ser de un mes y en algunos casos un día o algunas horas cuando el titular no está a disposición.
Por lo tanto se solicita el acompañamiento al presente proyecto.
Nada más, señor Presidente.


SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá.

SR. SECRETARIO (Arias):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°.- Modificase la Ley N° 4.558 de Colegiación Pública de Abogados, la que en su Artículo 3°, inciso b), lucirá como apartado 5 el siguiente texto:
“Los abogados que revistieren cargos de Jueces de Paz Suplentes, en primer o segundo lugar, limitándose la incompatibilidad a fuero contravencional durante la vigencia de su mandato.”

Artículo 2°.- Ley General. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por constar de un solo artículo, se va a votar en general y en particular.

- Se vota y aprueba.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley.
Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Señor Presidente, el espíritu es claro, evidentemente se ha perjudicado al profesional, al abogado suplente del Juez de Paz, y que se ve en el caso de Esquel -no en Trelew ni en Comodoro Rivadavia- imposibilitado de actuar por la incompatibilidad.
Ahora bien, a fuerza de ser claro creo que es necesario por lo menos comentarlo, la incompatibilidad del abogado que intervenga o cuando reemplace va mucho más allá al período que él desempeñe el cargo. Quiero explicarme bien, si va a reemplazar al titular una hora, dos horas, un día o quince días, durante ese período lógicamente es incompatible, pero también debe ser incompatible en todas las cuestiones que él tenga interés común cuando no desempeña el cargo de Juez de Paz suplente. El límite es difícil, si bien estamos hablando de Jueces de Paz, pueden existir incompatibilidades que se presenten en el momento de desempeñar el cargo, producto de su ejercicio de la profesión cuando no está cumpliendo la función de Juez de Paz. Entonces, quizás pediría un cuarto intermedio para ver si se puede ajustar una redacción que garantice no cometer ese error.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Señor diputado le digo que está votado y aprobado si acá no hay moción de orden que revista esto, no voy a volver para atrás.
Tiene la palabra el señor diputado Montoya.

SR. MONTOYA: Señor Presidente, coincido con el señor diputado Risso. Creo que podríamos proponer una reconsideración porque lo que está expresando él es que la incompatibilidad debiera ser permanente para actuar en forma contravencional. Es decir, para dar un caso, un tema contravencional, que actúa como abogado para sacar un detenido por una contravención, podría reincidir y se tendría que inhibir, y en el caso de inhibirse no habría quien actúe porque justamente es suplente. Creo que lo anterior era para ejercer la profesión, si se anota como juez suplente o es designado como juez suplente debería quedar inhibido en forma permanente para los temas contravencionales, que a los efectos de la abogacía en el ámbito laboral no son la principal actividad de trabajo. En ese sentido, solicitaría la reconsideración del tema tratado y que se modifique la incompatibilidad, en vez de por un momento, en forma permanente en el ámbito contravencional.
Señor Presidente, solicito un breve cuarto intermedio.
                                                           
SR. PRESIDENTE (Vargas): Se van a votar las mociones de reconsideración y de cuarto intermedio solicitado por el señor diputado Montoya.

- Se votan y aprueban.


En consecuencia pasamos a un breve cuarto intermedio.


- Así se hace a las 18,26.

CUARTO INTERMEDIO

- A las 18,40 dice el

SR. PRESIDENTE (Vargas): Cumplido el cuarto intermedio se reanuda la sesión.
Por Secretaría se leerá el dictamen modificado durante el cuarto intermedio y luego se someterá a votación.

SR. SECRETARIO (Arias):

Artículo 1º.- Modifícase la Ley 4558 de Colegiación Pública de Abogados, la que en su artículo 3º, inciso b), lucirá como apartado 5), el siguiente texto: “Los abogados que revistieren cargos de Jueces de Paz suplentes en primero o segundo lugar, indicándose la incompatibilidad al fuero contravencional durante la vigencia de su mandato.”

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar.

- Se vota y aprueba por unanimidad.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley General.
Por Secretaría se leerá el próximo punto, Proyecto de Ley Nº 156/08.

- 15 -
PROYECTO DE LEY GENERAL N°  156/08

SR. SECRETARIO (Arias):

- Dictámenes en mayoría y minoría de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General Nº 156/08, presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la aprobación del Convenio celebrado entre la Provincia y la Armada Argentina, por el que la Provincia adquiere el derecho de dominio de un sector de tierras en Puerto Madryn.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Karamarko.

SR. KARAMARKO: Señor Presidente, señores diputados, este dictamen en mayoría elaborado por los miembros del Bloque Justicialista en la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, también con la anuencia del señor diputado Sastre del PROVECH, referido al acompañamiento al Proyecto de Ley General Nº 156/08 presentado por el Poder Ejecutivo, propone la aprobación del convenio celebrado entre la Provincia y la Armada Argentina, cuyo objeto es adquirir el derecho de dominio de un sector de tierras de Puerto Madryn.
Señor Presidente, señores diputados, la Ley 23.985 faculta a la Ministro de Defensa a enajenar inmuebles de las Fuerzas Armadas y la Ley 25393 –que reformó la ley precitada en el Artículo 6º- autoriza a hacerlo en venta directa al Municipio, Comunas, entes centralizados o descentralizados del Estado.
En el marco de esa ley se ha celebrado el presente Convenio porque esas tierras tiene una ubicación estratégica en el ejido municipal de Puerto Madryn, por cuanto van a permitir la expansión de la urbanización del Municipio de dicha ciudad y en función de ello el Gobierno de la Provincia del Chubut ha considerado conveniente la adquisición de ese espacio territorial para construir viviendas.
Por supuesto, hay que cumplir con las disposiciones legales emanadas de las leyes nacionales y es por ello que el Tribunal de Tasación de la Nación ha fijado un valor de esas tierras, que son 72,65628 hectáreas y el valor establecido es de $ 30.200.000.- Las tierras en su ubicación catastral están perfectamente determinadas y da lugar a la mensura de 692 lotes, cuya denominación catastral es Departamento Viedma, circunscripción 3º, sector 2, parte de la fracción 9 de la localidad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut.
Señor Presidente, señores diputados, en cada una de las cláusulas del presente Convenio se establece cuáles son las obligaciones del vendedor y del comprador, las formas de pago a través de una entrega anticipada a cuenta del precio total y de cuotas establecidas en el Convenio. Hay una reforma, una Addenda -que también es parte del Convenio- que por supuesto no altera el valor establecido por el Tribunal de Tasación de la Nación que es de $ 30.200.000.
Nosotros sabemos que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados; si hacemos la división -y hay que saber matemáticas para hacerlo-, nos da un valor final de $ 49,14 por metro cuadrado. Nosotros hemos hecho averiguaciones y el valor del mercado es del doble de ese valor establecido, por lo que consideramos conveniente aprobar este convenio, por todas las ventajas que he hecho conocer a la Cámara en este momento y también porque somos parte de la Nación y sabemos que el sentido y los alcances de las leyes nacionales precitadas tienen como finalidad que, de la venta de esos inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Armadas, surjan los recursos para mejorar el equipamiento y la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas.
Entonces, desde todo punto de vista, consideramos que este convenio merece el tratamiento y la aprobación de la Cámara. Nada más, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Señor Presidente, normalmente, habitualmente, cuando se trata entre el Estado Nacional y el Estado Provincial el traspaso, y el Estado o algún organismo del Estado Nacional decide abandonar tierras de su propiedad, la concesión a las provincias o a los municipios -no olvidemos que estamos hablando del propio Estado- es a título gratuito o a un precio simbólico. El precio de $ 30.000.000, si bien lo dividimos -no hay que saber matemáticas, yo con una calculadora me arreglo-... pero podemos coincidir, por lo que ha dicho el diputado preopinante, que es un valor inferior al valor en plaza.
Ahora, la cuestión acá es que, primero, $ 30.000.000 no es una cifra menor; son poco menos de U$S 10.000.000, es una cifra importante. El interés o el destino de estos U$S 10.000.000 es lo que compete al Estado Nacional y del Estado Nacional a la Armada Argentina. Lo que nos debe interesar a los chubutenses es para qué gastamos o invertimos U$S 10.000.000 al momento de aprobar este convenio.
Esto es lo que no escuché en la fundamentación y lo que nos llevó, señor Presidente, a decir que no lo vamos a acompañar y vamos a emitir un dictamen negativo, porque no sabemos, no conocemos por qué; puede ser un buen negocio; el Estado Provincial no se dedica a la especulación inmobiliaria; el Estado Provincial, seguramente, no va a revender esto; no va a ganar plata, no va a lotear, no lo hace habitualmente el Estado. Seguramente, estando dentro de lo que es el ejido municipal de Puerto Madryn, estará programado o destinado, supongo, a un plan de urbanización que no conocemos y que llegado el momento deberá decidirlo el propio Municipio de Puerto Madryn.
Pero, además, señor Presidente, al momento de decidir una inversión como ésta, una inversión que puede ser importante, lucrativa -si nos dedicáramos a la actividad de la especulación inmobiliaria-... también quizás el Estado Provincial esté pensando un plan de viviendas, en el marco de lo que es la potestad y la competencia del Estado Provincial. Pero no conocemos quién, para qué, quién lo va a hacer, qué destino en definitiva se le va a dar a estas tierras. Podrá ser, es nada más que una especulación. El Estado, ¿a título de qué conserva ahora -y esto hay que definirlo- y es propietario de estas tierras? ¿Como persona, como Estado, como persona pública o como particular, un propietario particular? ¿La tierra tiene un destino de fin público?, porque no nos olvidemos que la está comprando, la está pagando, ¿qué destino le va a dar a esta tierra? Si se va a urbanizar por ejemplo en un programa del IPV, factible, que puede ser uno de los proyectos, que no conocemos, pero en el cual interviene una entidad intermedia, ¿cómo se va a adjudicar...?

SR. PRESIDENTE (Vargas): El diputado Karamarko solicita una interrupción, diputado. Si la permite, el diputado Karamarko tiene la palabra.

SR. KARAMARKO: Señor Presidente, señores diputados, las cláusulas están para leerlas -y las tiene el diputado Risso-. En la cláusula novena se establece específicamente que esas tierras están destinadas a la construcción de viviendas.
No es que lo digo yo, lo dice el mismo convenio, simplemente hay que leerlo.
Nada más, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Señor Presidente, estamos hablando del convenio y dice: “desarrollo urbano”, y lo que es desarrollo urbano implica construcción de viviendas. Pero quiero aclarar, señor Presidente, también sé leer y le agradezco la intervención, pero está dentro del convenio que firma el Estado Provincial con la Armada, no es una ley de la provincia que fija el destino de estas tierras. Dice que la Armada le vende, el Estado le compra, es una especie de boleto de compraventa donde establece el destino. Pero el Estado Provincial no fija el destino, porque estamos aprobando el convenio entre la Provincia y la Armada.
Quiero aclararlo, no estamos haciendo un planteo, quizás el fin es bueno, sirve al desarrollo de Puerto Madryn un excelente plan de viviendas, no sé exactamente dónde esta ubicado, con un alto valor inmobiliario, puede ser, ojalá y bienvenido sea para Puerto Madryn.
Lo que creemos es que tiene que estar claro, que no pase como -no en este período, en otros- lo que ha ocurrido con El Doradillo, por ejemplo, en Puerto Madryn. Podríamos debatir, analizar el período, pero lo que ocurrió con El Doradillo -a mí personalmente- yo le hubiese dado otro destino. Esto es igual a lo que ha ocurrido, señor Presidente, con otras propiedades de la Armada, en Punta Delgada –bueno, no soy un experto- también con una propiedad de la Armada, también una enorme especulación, terminó con una especulación inmobiliaria. Simplemente planteamos, el convenio lo establece, es una inversión de $ 10.000.000, se puede terminar, pero no nos dice qué destino se le va a dar.
Por esa razón, señor Presidente, cuando el Estado hace una inversión tiene que justificarla y el fin tiene que ser público, social, tiene que ser un fin social. Puede ser un desarrollo urbano, un plan de viviendas pero ¿lo va a hacer el IPV, se va a otorgar en concesión? Y le voy a decir por qué.
El siguiente tema que vamos a tratar en esta Legislatura tiene mucho que ver con la iniciativa privada, con los proyectos privados y demás cuestiones que a nosotros, señor Presidente, nos merece alguna reserva.
Honestamente, el convenio en sí no hay motivos para decir: “lo rechazamos”, lo aprobamos o lo rechazamos, pero la finalidad que tiene el destino que se le da a las tierras nos lleva a esta duda, estamos hablando de una inversión y por esa razón no lo vamos a acompañar.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el proyecto.

SR. SECRETARIO (Arias):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
L EY
 
Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el convenio suscripto, en fecha 27 de Febrero de 2.007, entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Gobernador Don Mario DAS NEVES, y la Armada Argentina – Estado Nacional, representada por el Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada Almirante Dn. Jorge Omar GODOY, protocolizado al Tomo 06, Folio 106, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 05 de Diciembre de 2.007, mediante el cual la Provincia adquiere el derecho de dominio de un sector de aproximadamente 72 hectáreas cuya nomenclatura catastral y datos de dominio son: Departamento Biedma, Circunscripción 3, Sector 2, Fracción 9; inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Chubut como Tomo 69, Folio 51, Finca 8616; Tomo 69, Folio 52, Finca 8617; Tomo 69, Folio 53, Finca 8618; Tomo 152, Folio 180, Finca 34595; Tomo 106, Folio 148, Finca 12252 y Tomo 92, Folio 44, Finca 10662.

Artículo 2°.- Apruébase en todos sus términos la Addenda al Convenio citado en el artículo 1° de la presente, suscripta en fecha 06 de Marzo de 2.008, entre la Provincia del Chubut, representada por el Señor Gobernador Don Mario DAS NEVES, y la Armada Argentina – Estado Nacional, representada por el Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada Almirante Dn. Jorge Omar GODOY, protocolizado al Tomo 01, Folio 296, del Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, con fecha 13 de Marzo de 2.008.

Artículo 3°.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar en general el proyecto.

- Se vota y aprueba.

Para su consideración en particular, por Secretaría se leerá.

- Se leen y aprueban los artículos 1° al 2°.
- El artículo 3° es de forma.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley.
Por secretaría se leerá el siguiente dictamen sobre Proyecto de Ley Nº 204/08.

- 16 -
PROYECTO DE LEY N° 204/08

SR. SECRETARIO (Arias):

-Dictámenes en mayoría y minoría, en conjunto de las comisiones permanentes de Presupuesto y Hacienda, de Infraestructura y Servicios Públicos y de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley Nº  204/08, presentado por el Poder Ejecutivo, el que se modificó en las Comisiones, por el cual se propone la creación de un nuevo Régimen Provincial de Iniciativa Privada.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado  García (García).

SR. GARCIA (Oscar) Señor Presidente: quiero poner a consideración el dictamen del Proyecto de Ley Nº 204 por el cual se propicia la creación de un Régimen Provincial de Iniciativa Privada. Este tipo de régimen existe en nuestro país desde aproximadamente el año 1967 con diferentes variantes. Con este proyecto, que es concordante con el Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido por el  Decreto Nº 966/05, estamos promoviendo la movilización de recursos de inversión y capacidad de iniciativa en nuestra provincia. Consideramos que este proyecto es más ambicioso que el nacional porque se busca también que la iniciativa privada abarque más temas, como por ejemplo el tema del turismo.
El objetivo del Régimen de Iniciativa Privada es establecer un mecanismo que aliente este tipo de iniciativas en áreas de interés público general buscando la consolidación y la sustentabilidad del proceso de crecimiento, fomentando el aumento de inversiones y el crecimiento de empleos, asegurando así un proceso de inversiones en obras y servicios públicos que permitan a la sociedad chubutense continuar el ritmo de crecimiento que se está demostrando y al que, por supuesto, todos aspiramos.
Esta ley es un instrumento de gestión que implementa un procedimiento ágil para identificar y evaluar proyectos de inversión que tengan interés público. Las iniciativas privadas son valoradas desde una perspectiva social a los fines de determinar el interés público comprometido verificando su factibilidad técnica, económica y financiera, asimismo estableciendo la fortaleza del proyecto de inversión como garantía de sustentabilidad.
La presentación del proyecto bajo el Régimen que se propicia por  esta ley debe cumplir con determinados requisitos de admisibilidad, tal como observamos en el artículo 6º, entre los que se encuentran la indicación de la fuente de recursos y el financiamiento.
La presentación deberá también incluir una garantía de mantenimiento de la iniciativa la que es ejecutable en caso de la no presentación de la oferta sin necesidad de requerimiento alguno. Se prevé también la creación de una comisión de evaluaciones y desarrollo de iniciativas privadas que deberán recepcionar y evaluar los proyectos de particulares que se presenten bajo este Régimen. Se establece en el texto normativo un procedimiento secuencial hasta que finalmente el Poder Ejecutivo decida la calificación de interés público de la propuesta y su inclusión en el Régimen de Iniciativa Privada. La citada comisión podrá desestimar la propuesta, incluso ello podría darse luego de la declaración formal de interés público o general, pero la desestimación no da derecho al autor de la iniciativa a percibir ningún tipo de compensación por gastos, honorarios u otro concepto tal cual lo determina  el artículo 11º de este proyecto.
Se establece que una vez incluida la propuesta en el Régimen correspondiente, el Ministerio de Coordinación de Gabinete determinará la modalidad de contratación pudiendo optar entre la licitación pública o un concurso de proyectos integrales. En el primer caso el Ministerio de Coordinación mandará a confeccionar los  pliegos de bases y condiciones conforme los criterios técnicos, económicos y jurídicos de proyectos de iniciativa privada. Si se optara por el concurso de proyectos integrales, es el iniciador quien deberá presentar los términos de referencia de los estudios, plazos de ejecución y presentación del costo estimado de la realización. En ambas opciones se prevén los plazos para efectuar los llamados respectivos.
También podemos ver que se indica en el artículo 10°, que si se  tratara de entes públicos o sociedades con capital estatal, podrán contratarse, directamente, tal cual está previsto en la normativa vigente.
La norma establece en el Artículo 12° un derecho de preferencia a favor del autor de la iniciativa, cualquiera haya sido la modalidad de selección adoptada, estableciendo que para el caso de ofertas de equivalente conveniencia e incluso, cuando la oferta del autor de la iniciativa no supere el 5% de la oferta mejor calificada, será preferida la del autor de la iniciativa.
Si la oferta del autor de la iniciativa no fuera seleccionada, tendrá derecho a percibir el adjudicatario un 3% del monto aprobado en concepto de honorarios y gastos reembolsables.
Se indica, expresamente, que el Estado Provincial no está obligado al pago alguno al autor del proyecto.
Creo que otra cuestión importante es el derecho del autor de la iniciativa que mantendrá su vigencia por el lapso de dos años aún cuando no fuese declarado de interés público o habiéndolo sido, el llamado a licitación o concurso, fuese dejado sin efecto por diferentes causas.
También se faculta, en el marco del régimen que establece esta Ley, al Poder Ejecutivo a crear distintos tipos de personas jurídicas, a establecer desgravaciones impositivas y a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, todos los bienes requeridos para la realización y/o explotación de las obras o servicios, correspondiendo en cada caso el dictado de una Ley especial conforme lo establecen las normas vigentes.
Por lo expuesto, señor Presidente, solicito a los señores diputados el acompañamiento a este Proyecto de Ley. Nada más.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Señor Presidente, este proyecto de Ley, realmente, no merece ser tratado en la última sesión del año, el último punto en una de las últimas sesiones del año, rápidamente, sin el debate necesario, no solamente en el ámbito de las comisiones, sino en la sociedad o ante la sociedad y con la sociedad.
No es un proyecto de Ley cualquiera que pretende modificar o introducir una herramienta nueva, moderna, a lo que implica la política de Estado en materia de concesión de obra pública. Ésta es una herramienta, es una ley fundamental que puede ser sumamente trascendente según el tema de que se trate, cómo lo maneje y según la voluntad, señor Presidente, del poder concedente.
Le voy a explicar por qué. El antecedente inmediato a este tipo de leyes es el año 1988. En diciembre del año 1988 en la Legislatura de la Provincia del Chubut, se sancionó –la llaman- la ley de concesiones, la posibilidad que tenía el Estado de otorgar, mediante la concesión de obra pública y por un plazo determinado, a sociedades privadas, mixtas o entes públicos y lo mismo, muy parecido a lo de ahora, especialmente, la concesión de servicios públicos.
A nivel nacional, el antecedente, el precedente más importante es Dromi, con su sistema de concesión de obra pública. A nivel nacional, las consecuencias fueron los peajes, por ejemplo, algunos contratos... en este momento recuerdo inmediatamente lo más trascendente, el sistema de peajes y algún mecanismo de concesión de obra pública; no sé si en algún momento Puerto Madero estuvo dentro de la misma política.
Pero lo que es cierto, señor Presidente, es que este tipo de leyes se utilizaron para eludir o agilizar, de alguna manera, los mecanismos normales y habituales que tiene el Estado para determinar y decidir una contratación, ya sea de obra pública o una concesión.
El artículo 1º del proyecto de ley, fíjese que dice: “Establécese el régimen provincial de iniciativa privada conforme a las disposiciones de esta ley”; dice “con la finalidad de estimular inversiones del sector privado para facilitar la realización de proyectos de infraestructura, obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, licencias, permisos y/o cualquier otra modalidad a desarrollarse calificada de interés público o de interés general, incluso en materia de turismo y colonización”, “incluso en materia de turismo y colonización, mediante los sistemas de contratación regulados por las Leyes 533, 5447, sus normas complementarias y modificatorias”.
Señor Presidente, determinar la diferencia entre lo que es la concesión de una licencia o un permiso es sumamente importante. Con esta ley se podrían entregar, por ejemplo, a organismos, a sociedades incluso con el aporte de capital del Estado, permisos de pesca, por ejemplo, o desarrollo o proyectos urbanos, como lo que acabamos de mencionar recientemente en el caso éste del contrato de la compra de las tierras a la Armada; perfectamente cabe; se presenta un proyecto, iniciativa privada, construcción de viviendas, por ejemplo.
Pero, además, hay que leer la peculiaridad que tiene la ley en su mecanismo y en su procedimiento, porque si hablamos de obra pública, la financiación tiene que estar en el presupuesto y esta ley no lo dice; es decir que perfectamente se podrían introducir obras públicas no incluidas en el presupuesto, por lo tanto que no tienen el tratamiento parlamentario del control del presupuesto.
El artículo 2º, señor Presidente, dice: “Las concesiones, licencias o permisos podrán ser a título oneroso, imponiendo al concesionario o licenciatario una contribución determinada en dinero o una participación sobre su beneficio a favor de la provincia”. Pero no dice, señor Presidente, que esta contribución determinada en dinero queda en el ámbito exclusivo de las partes contratantes, que puede ser –es, de hecho- el Ministerio Coordinador, ni siquiera -como vamos a ver más adelante- el Ministerio que competa según la materia; “puede ser gratuita y puede ser subvencionada con una entrega inicial o secuencial de la Provincia durante la construcción, implementación o entrega en el período de explotación, reintegrable o no”. Es decir que el propio Estado Provincial, por ejemplo, en el caso si habláramos de la construcción de viviendas, el Estado Provincial, el propio Ministerio -en el caso que se declare de utilidad pública- puede determinar la subvención del negocio, el propio Estado Provincial, sea la concesión de un permiso de pesca para comprar el barco, la construcción de viviendas para comprar los materiales.
Esto es, con la sola voluntad –porque esto ya lo vamos a ver- de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio Coordinador o podría ser, señor Presidente, y se me ocurre, por ejemplo, la concesión de la explotación de un servicio hidroeléctrico, lo que está ocurriendo hoy en El Pedregoso, en Epuyén, con las tierras del doctor Korn. Él mismo ha dicho –yo he tenido oportunidad de acceder- que tiene intención de promover un proyecto hidroeléctrico que, en su momento, lo había pensado Saturnino... creo que era Fernández... Saturnino Álvarez. Ahora el titular, el doctor Korn, dice que está promoviendo un proyecto similar y podría quedar encarado, encuadrado... Secundino... que podría quedar encuadrado en los términos de esta ley. Nada lo impide, porque es tan amplio que nada lo impide.
Dice que: “El Poder Ejecutivo constituirá una comisión de evaluación y desarrollo de iniciativas privadas, la cual una vez verificados los requisitos de admisibilidad, etcétera, etcétera, razón en materia del proyecto, etcétera, etcétera, deberá expedir un informe circunstanciado, 30 días como máximo, prorrogable por 30 días más a criterio de la Comisión si la complejidad del proyecto lo exigiere. Recibido el informe a que alude el artículo precedente, la Comisión  de Evaluación y Desarrollo de la Iniciativa Privada evaluará en un plazo de hasta sesenta días el interés público o general comprometido por la presentación, elevando al Poder Ejecutivo un informe circunstanciado, y el Poder Ejecutivo decidirá la calificación de Interés Público y la inclusión en el Régimen de Iniciativas Privadas propuesta.”
Todo en el ámbito del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo  nombra a la Comisión de Evaluación, no dice cómo va a estar integrada. La Comisión de Evaluación analiza los proyectos que pueden ser; no necesariamente se va a llamar a un concurso. Es iniciativa privada: alguien que le interesa el negocio hace la presentación, si se lo declara de Interés Público –esta comisión obviamente- va al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo declara de Interés Público.
Y esto, señor Presidente, que es muy importante la posibilidad de la declaración por parte del Poder Ejecutivo de Interés Público de una obra, por ejemplo, no necesariamente tiene que estar incluida en el presupuesto, no necesariamente tiene que tener prevista la partida, porque puede ser por fuera del propio presupuesto.
Pero fíjese lo que dice el Artículo 9°, que es lo que más me llama la atención y que me llevó a usar el ejemplo este de las mil del doctor Korn, ahora que está generando todo un  movimiento por un desalojo en la localidad de El Hoyo, dice: “Decidida la calificación de Interés Público de la propuesta y su inclusión en el régimen de Iniciativa Privada, el Ministerio de Coordinación de Gabinete determinará la modalidad de contratación optando entre licitación pública o concurso de proyectos integrales.”
Fíjese, el Ministerio de Coordinación de Gabinete, no el Ministerio que compete: el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Servicio Público o la Secretaría de Infraestructura. No, no, el Ministerio Coordinador de Gabinete, él va a decidir si llama a licitación o concurso de proyectos integrales. 
Y aquí lo que realmente llama la atención, usted sabe señor Presidente y lo saben los diputados, que la alternativa legal a la licitación pública es el concurso de precios, la licitación privada; incluso si se decidiera y está justificada la adjudicación directa, pero en un caso extremo.
Pero el concurso de proyectos integrales no tiene nada que ver. El concurso de proyectos integrales se refiere cuando el oferente hace la propuesta de un proyecto, dice cómo lo va a financiar, las condiciones de modalidad pero no hay confrontación, no hay posibilidad de que se presente un tercero a decir “yo tengo una propuesta mejor”.
Y esto es lo que establece, por qué el Ministerio de Coordinación de Gabinetes. Esto es realmente, señor Presidente, lo que nos llama poderosamente la atención, porque queremos hacer la aclaración y ojalá que estemos equivocados.
Puede llegar a ocurrir que nos enteremos de la concreción de un proyecto de obra pública o de provisión de energía sin que exista una ley y sin que esté aprobado en el presupuesto, conforme lo establecen los  mecanismos previstos en esta ley tan peculiar. Puede ser que ni siquiera esté en el presupuesto, el Poder Ejecutivo lo declara obra pública y más adelante, señor Presidente, dice: “el Poder Ejecutivo podrá –dice el Artículo 17°: “Crear sociedades de Estado o entes público”, o dice: “u otro tipo de personas jurídicas”, dice: “sociedades del Estado o entes públicos u otros tipos de personas jurídicas”. Hay muchos tipos de persona jurídica, muchísimos pueden ser: SRL, Sociedad Anónima, no  lo define, dice: “Para el cumplimiento de los fines previstos en  la presente ley, haciendo el aporte de capital que considere necesario o creando los fondos especiales pertinentes requiriendo para ello el dictado, dice -menos mal- en el caso exclusivamente  de los fondos especiales de una ley especial”. El artículo 18°, señor Presidente, también es sumamente importante dice: “El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer desgravaciones impositivas totales o parciales dentro de las pautas análogas a las establecidas por la promoción industrial sin exceder el plazo de concesión o licencia, previo dictado de una ley especial”.
Estamos autorizando al Poder Ejecutivo a establecer políticas de desgravación sin saber cuál va a ser la empresa -puede ser cualquiera- qué tipo de servicio, puede ser una concesión, una licitación, puede ser la concesión de un permiso de pesca o la construcción de un plan de viviendas, sin embargo se está facultando al Ejecutivo a establecer la desgravación sin que pase por esta Cámara. Señor Presidente, tenemos la redacción de varios artículos que realmente nos llama poderosamente la atención, pero quiero hacer referencia especial al artículo 22°. El artículo 22° de este proyecto de ley dice: “Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la Ley 1739 todos los bienes requeridos para la realización y/o explotación de las obras o servicios comprendidos en la presente ley debiendo en cada caso dictarse una ley especial”. Aquí entra en juego la interpretación de la norma que puede llevar incluso al extremo con la sanción de esta ley ya queda declarado de interés público y sujeta a expropiación cualquier cosa, no lo sabemos obviamente, que pueda afectado, influenciado, ser parte de futuros proyectos económicos como acabamos de mencionar. Lo que no entiendo es por qué incorporar la redacción del artículo 22°, para qué permitir, darle la facultad que es una facultad propia de este Poder Legislativo declarar la utilidad pública, cuando abajo dice: “debiendo en cada caso dictarse una ley especial”. Por qué no anular o derogar la redacción de este artículo, porque, señor Presidente, se presta a confusión, además desde las cuestiones de inconstitucionalidad que plantea, se presta a confusión, se declara de utilidad pública o va a ser declarado cuando se sancione por una ley especial.
La redacción del artículo 22° dice: “Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación en los términos de la Ley 1739 todos los bienes requeridos para la realización y/o explotación de las obras o servicios comprendidos en la presente ley”. Estamos declarando de utilidad pública a algo que no sabemos, que no existe, por lo tanto, señor Presidente, este artículo no se puede aprobar, debe ser eliminado, además que no ha derogado la Ley 3234.
En definitiva, señor Presidente, como ha expresado el señor diputado preopinante al fundamentar el espíritu de la ley, según dice es promover la iniciativa privada, es promover la inversión, es promover la actividad económica, es promover la generación de fuentes de trabajo y empleo, las experiencias que han habido en este país no fueron buenas. En la propia provincia han existido dos casos que se declararon desiertas, y en el caso del Estado Nacional no ha sido bueno, y ha beneficiado exclusivamente al sector privado, al capital privado y ha estado muy lejos de contribuir la prestación de servicio a lo que está obligado el Estado.
Por esa razón, porque no entendemos, porque es muy confuso, porque contiene autorizaciones que no se deberían otorgar así, y porque la Legislatura está derogando facultades que le son propias, porque introduce el concepto de la expropiación y declaración de utilidad pública, y porque también esto se puede aplicar a la administración y explotación de las cuencas de nuestras aguas, que no es una cuestión menor, quiero que recordemos lo que pasó con la cuenca del Río Senguer, con las restantes cuencas, en las que alguien perfectamente podría presentar un proyecto de iniciativa privada para la administración y explotación, por ejemplo, de la Cuenca del Senguer; bueno, no nos gustaría que esto ocurriera con la vigencia de esta ley, porque incluso permite al Estado constituir empresas privadas y además declara la utilidad pública –insisto- cuando todavía ni siquiera la sociedad ha participado en el debate si le conviene o no, o si la oferta que se haga realmente es de interés público.
Por esa razón, señor Presidente, este Bloque no acompaña este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado García.

SR. GARCÍA (Héctor): Señor Presidente, en realidad muy breve, precisamente este proyecto está enmarcado en esta problemática global de la que todo el mundo habla y la Provincia, por supuesto, está materializando un paquete de leyes para tratar de promover e incentivar las inversiones, promover el trabajo, esto ya lo conocemos, van a venir más proyectos de éstos.
Creo que el Bloque Radical se podría presentar a la iniciativa privada, porque creo que tienen la máquina de impedir, con la cual por ahí pueden ganar alguna iniciativa privada porque tienen una máquina fabulosa, que impide todo.
Lo comprendo al diputado Risso, la desconfianza que tiene, porque mencionó varias veces que se podrían llegar a otorgar permisos de pesca -por ejemplo- y leo acá que cuando él estaba en su gobierno, se regalaban los permisos de pesca. Lo decía él, lo denunciaba en esta Cámara. Ahora que puede haber proyectos urbanos… sí, la Chacra 8 es un proyecto urbano y la negociaron en el Banco del Chubut y ahí están en la Megacausa tratando de aclarar cuánto se robaron.
Señor Presidente, creo que ponerme a detallar todas las cuestiones que ha mencionado el señor diputado Risso, hablando de la cuestión de delegación de facultades cuando expresamente le hemos incluido en la Comisión el dictado de una ley especial para los casos en que puede surgir esta duda, creo que es entrar en debates estériles que ya han sucedido muchas veces.
Por eso, voy a proponer que se vote el proyecto, y por lo avanzado de la hora y lo extenso que por favor se vote a libro cerrado.
Algo más, cuando mencionó que no hubo tiempo de discutirlo, hace un mes que ingresó a Legislatura este proyecto y cuando llegamos a la Comisión el otro día para debatir el tema, me transmitieron que ya estaba la decisión de hacer un dictamen en minoría –cosa que está correcta- pero que no digan que no tuvieron tiempo de leerlo. Nada más, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): ¿Es una moción, señor diputado?

SR. GARCÍA (Héctor): Sí, señor Presidente, es una moción.
 
SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción de votación a libro cerrado.

- Se vota y aprueba.
- Se adjunta copia del proyecto.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1º.-  Establécese el Régimen Provincial de Iniciativa Privada, conforme a las disposiciones de la presente Ley, con la finalidad de estimular inversiones del sector privado para posibilitar la realización de proyectos de infraestructura, obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, licencias, permisos y/o cualquier otra modalidad a desarrollarse, calificados de interés público o de interés general, incluso en materias de turismo y colonización, mediante los sistemas de contratación regulados por las Leyes Nº 533 y 5.447 y sus normas complementarias y modificatorias.
Artículo 2º.-  Las concesiones, licencias o permisos, podrán ser:
a) A título oneroso: imponiendo al concesionario o licenciatario una contribución determinada en dinero, o una participación sobre sus beneficios a favor de la Provincia.
b) Gratuita.
c) Subvencionada: con una entrega, inicial o secuencial, de la Provincia durante la construcción, implementación, y/o entregas en el periodo de explotación, reintegrables o no.
Artículo 3º.- Para definir la modalidad de la concesión, licencia o permiso, dentro de las previsiones del artículo anterior, el Poder Ejecutivo debe considerar:
1) Que el nivel medio de las tarifas no  exceda el valor económico medio del servicio ofrecido o beneficios que preste en la zona geográfica en que se lleve a cabo;
2) La rentabilidad, teniendo en cuenta el tráfico o la cantidad presunta de usuarios, la amortización de su costo, intereses, gastos de conservación y mantenimiento, y un razonable beneficio.
Si al definir la modalidad se optase por la gratuita o la subvencionada, deberán precisarse las obligaciones de reinversión del concesionario o de participación de la Provincia, si los ingresos resultasen superiores a los previstos.

Artículo 4º.-  La  presentación  de  iniciativas  privadas  puede  ser  espontánea, o           responder a una convocatoria para formular iniciativas o propuestas sobre un objeto determinado efectuada por la Provincia del Chubut, y los interesados pueden ser personas físicas, personas jurídicas o uniones transitorias de empresas debidamente constituidas.

Artículo 5º.-  El iniciador  gozará de los  beneficios de la protección de la iniciativa            privada en los términos de la presente Ley, una vez que fuera  declarado formalmente el interés público del emprendimiento y decidida su ejecución. Ningún iniciador podrá alegar otro derecho por la sola presentación de la iniciativa que el que esta Ley establezca. La iniciativa presentada será estrictamente reservada hasta que se dicte pronunciamiento a su respecto. La declaración de interés público o general de una iniciativa, solo autorizará al iniciador a solicitar un certificado que expresa tal calidad, y no implicará para la Provincia la obligación de adjudicar el contrato.

Artículo 6º.-  La presentación de proyectos bajo el Régimen Provincial de  Iniciativa  Privada debe contener como mínimo los siguientes requisitos de admisibilidad:
a) Identificación del proyecto y su naturaleza.
b) Las bases de su factibilidad económica y técnica.
c) El monto estimado de la inversión.
d) Los antecedentes completos del autor de la iniciativa, acreditando la personería según el caso.
e) La fuente de recursos y de financiamiento.
f)  La suscripción de la iniciativa por parte del iniciador y los profesionales que hubieren participado en los estudios respectivos.
g) Una Garantía de Mantenimiento de la Iniciativa en la forma prevista por la Ley Nº 17.804, (seguro de caución) o fianza bancaria, preestablecido su valor por rangos, de conformidad con la escala que fijará el Poder Ejecutivo. Esta garantía será ejecutable en caso de no presentación de la oferta, sin necesidad de requerimiento alguno. 

Artículo 7º.-  El Poder Ejecutivo constituirá una  COMISIÓN  DE  EVALUACIÓN Y            DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS, la cual, una vez verificados los requisitos de admisibilidad establecidos en el Artículo precedente, requerirá a la jurisdicción correspondiente (Ley Nº 5.447) en razón de la materia del proyecto incluido en la iniciativa, la evaluación de la presentación efectuada, y al Ministro de Economía y  Crédito Público el informe que refiere el artículo 21º de la presente Ley, los que se deberán expedir en informe circunstanciado en el plazo de TREINTA (30) días como máximo, prorrogable por otros TREINTA (30) días a criterio de la Comisión si la complejidad del proyecto lo exigiese.

Artículo 8º.- Recibido el informe a que alude el Artículo precedente, la COMISIÓN           DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS evaluará en un plazo de hasta SESENTA (60) días, el interés público o general comprometido por la presentación, elevando al PODER EJECUTIVO un informe circunstanciado sobre la elegibilidad de la propuesta.
El PODER EJECUTIVO decidirá la calificación de interés público y la inclusión en el régimen de Iniciativa Privada de la propuesta.
La desestimación de la propuesta, será resuelta por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS, en un plazo de TREINTA (30) días, prorrogable por otros TREINTA (30) días, si la complejidad del proyecto lo exigiese.
Artículo 9º.- Decidida  la  calificación  de  interés  público  de  la  propuesta  y  su                inclusión en el Régimen de Iniciativa Privada, el MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE determinará la modalidad de contratación, optando entre Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales:
a) En caso de Licitación Pública, el MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE mandará confeccionar los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación respectiva, conforme los criterios técnicos, económicos y jurídicos del proyecto de Iniciativa Privada y convocará a Licitación Pública dentro del plazo de SESENTA (60) días a contar desde la fecha de la Resolución que adopte la presente modalidad de selección.
b) En el caso de Concurso de Proyectos Integrales, el iniciador deberá presentar los Términos de Referencia de los estudios, su plazo de ejecución y presentación, y costo estimado de su realización, dentro del plazo de TREINTA (30) días, debiendo el MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE llamar a Concurso de Proyectos Integrales en el plazo de TREINTA (30) días, a contar desde el vencimiento del plazo anterior.

Artículo 10º.-  Corresponderá la modalidad directa de contratación si se tratase de entes públicos o sociedades con capital estatal, y en los demás supuestos de selección será de aplicación la Ley Nº 5.447 o la Ley Nº 533, según el caso.

Artículo 11º.-  En caso de desestimarse el proyecto, cualquiera fuere la causa y aún cuando mediara la declaración de interés público o general, el autor de la iniciativa no tendrá derecho a percibir ningún tipo de compensación por gastos, honorarios u otros conceptos.

Artículo 12º.-   En  todos  los  casos  en  que  las  ofertas  presentadas  fueran  de           equivalente conveniencia, será preferida la de quien hubiera presentado la iniciativa, entendiéndose que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del autor de la iniciativa y la oferta mejor calificada, no supere el CINCO POR CIENTO (5%) de esta última.
La prerrogativa precedente se aplicará cualquiera sea la modalidad de selección adoptada, conforme lo dispuesto por el Artículo 9º de la presente Ley.

Artículo 13º.-  Si  la  diferencia entre la  oferta  mejor  calificada y la  del  iniciador,              fuese superior a la indicada precedentemente, hasta en un VEINTE POR CIENTO (20%), el oferente mejor calificado y el autor de la iniciativa serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea y en sobre cerrado, no siendo de aplicación en este extremo la fórmula de equivalencia de ofertas del artículo anterior.

Artículo 14º.-   El  autor  de  la  Iniciativa  Privada,  en  el  supuesto  de  no  ser   seleccionado, tendrá derecho a percibir de quien resultare adjudicatario, en calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del TRES POR CIENTO (3%) del monto que resulte aprobado en los términos del Artículo 8º de la presente Ley.
El Estado Provincial, en ningún caso, estará obligado a reembolsar gastos ni honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal. 

Artículo 15º.- Los derechos del autor de la iniciativa tendrán una vigencia de DOS (2) años, a partir de su presentación, aún en el caso de no ser declarada de interés público.
Si fuese declarada de interés público y luego la Licitación Pública o el Concurso de Proyectos Integrales, fuese declarado desierto, o no se presentaren ofertas admisibles, o el llamado fuera dejado sin efecto, cualquiera fuera la causa, el autor de la iniciativa conservará los derechos previstos en el presente régimen por el plazo máximo de DOS (2) años a partir del primer llamado, siempre y cuando el nuevo llamado se realice utilizando los mismos estudios y el mismo proyecto.

Artículo 16º.-  El régimen establecido en la presente Ley no obsta la aplicación de lo dispuesto en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 5.447, y sus normas reglamentarias y/o complementarias, debiendo fijar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones y/ o los Términos de Referencia, los extremos requeridos por las normas aquí mencionadas.

Artículo 17º.-  El  Poder  Ejecutivo  podrá  crear  sociedades  del  estado, o  entes   públicos, u otros tipos de personas jurídicas, para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley, haciendo el aporte de capital que considere necesario, o creando los fondos especiales pertinentes, requiriendo para ello el dictado de una ley especial.

Artículo 18º.-  El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer desgravaciones impositivas totales o parciales, dentro de las pautas análogas a las establecidas para la promoción industrial sin exceder el plazo de concesión o licencia, previo dictado de una ley especial.

Artículo 19º.-  En todos los casos en el  contrato  de  concesión o  licencia deberá definirse:
a. El objeto de la concesión o licencia.
b. Su modalidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.
c. El plazo.
d. Las bases tarifarias y procedimientos a seguir para la fijación y reajuste del régimen tarifario.
e. La composición y las facultades de la representación o delegación a que se refiere el artículo 20º de la presente Ley.
f.  Las previsiones respecto a la asunción de la responsabilidad civil extracontractual del concesionario, permisionario o licenciatario, y su aseguramiento, con exclusión de la responsabilidad del Estado Provincial.
g. La indicación del uso del crédito para financiar la obra o servicio, y las garantías a acordar por la Provincia si correspondiere. En tal caso, en el contrato se deberá normar lo necesario para asegurar la amortización y el servicio de las deudas y obligaciones a contraerse, así como la potestad de la Provincia de proveer lo que considere necesario en caso que las tarifas reajustadas no resultaren suficientes.
h. Los alcances de la desgravación impositiva si correspondiere.
i. El procedimiento de control contable, y la fiscalización de los trabajos técnicos.
j. Las obligaciones recíprocas al término de la concesión o licencia.
k. Las causales de rescisión, y las bases de valuación para tal supuesto, y el rescate. A tal efecto, procederá la rescisión de pleno derecho en los casos de quiebra, liquidación administrativa, o disolución de la sociedad.

Artículo 20º.-  El cumplimiento de  las condiciones de la  concesión o licencia será             fiscalizado por el Estado Provincial, y a tal fin designará su representación o delegación en el ente concesionario, cualquiera sea su naturaleza, con las facultades que a tal efecto se fijen en el contrato respectivo.

Artículo 21º.-  En  todos  los  casos,  la  obtención  de  recursos  del  crédito  y  el otorgamiento de las garantías por parte de la Provincia, cualquiera sea el concesionario o licenciatario, se sujetará a lo establecido en el Titulo III de la Ley de Administración Financiera del estado, en particular a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Nº 5.447 según la especialidad de esta Ley. El Ministro de Economía y Crédito Público informará a la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS en la oportunidad establecida en el Artículo 7º de la presente Ley, sobre la oportunidad y las condiciones de la operación a realizar.

Artículo 22º.-  Declárase  de  utilidad  pública  y  sujeto  a  expropiación  en  los  términos de la Ley Nº 1.739, todos los bienes requeridos para la realización y/o explotación de las obras o servicios comprendidos en la presente Ley, debiendo en cada caso dictarse una ley especial.

Artículo 23º.- Se podrán establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje para dirimir todas las controversias que pudieren surgir con motivo de la ejecución, aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo el régimen dispuesto por la presente Ley, o las referidas a los Pliegos de Bases y Condiciones y la documentación relacionada al Concurso de Proyectos Integrales.

Artículo 24º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo establecerá el procedimiento para la aplicación del presente régimen a aquellas presentaciones que se encuentren actualmente en trámite, atendiendo al estado de avance de la iniciativa o proyecto presentado.

Artículo 25º.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Lorenzo.

SR. LORENZO: No sobre las consideraciones efectuadas por el señor diputado García porque en realidad ha bajado el nivel del debate y dio nuestra posición muy bien el señor diputado Risso. En realidad, una consulta nada más en función de probablemente la ley más importante votada en este último tiempo que fue la del Digesto.
La realidad del tema es que existe una ley vigente que ésta va a modificar, pero aparte existen decretos reglamentarios que incorporan parte de este texto. La pregunta mía es si lo que se está aprobando acá es una ley que existe o no existe, esto no lo sé.
La verdad del tema es que no sé si el diputado informante me lo podrá decir, la pregunta es -nosotros igual no vamos a votar, es una decisión de la mayoría- si en realidad en su votación en particular no debería quedar justamente para que la oficina del Digesto haga un análisis de este tema. Nosotros creemos que tenemos que empezar a participar a quienes toman la decisión de revisión de este tipo de cosas, para no transformar en desprolijo un trabajo que costó mucho tiempo llevarlo adelante. Es simplemente como comentario, lo digo porque parece que sería necesario que requiriera un análisis de esta naturaleza. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado García.

SR. GARCIA (Héctor): Gracias, señor Presidente. La otra ley que menciona el señor diputado preopinante, es la ley de concesión de obra pública; se refiere exclusivamente a la obra pública y ésta es de iniciativa privada; puede haber algún tema que sea concordante en algunos de los artículos, pero es otra ley.
Con respecto al tema del Digesto, bueno, el tema del digesto es una cuestión nueva y entiendo que pasará por la Comisión respectiva. Nada más.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por tratarse de una votación a libro cerrado, se va a votar en general y en particular.

- Se vota y aprueba.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente ley.
Por Secretaría se leerá el próximo despacho.

- 17 -
PROYECTO DE LEY GENERAL N° 196/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Dictamen en mayoría de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General nº 196/08, presentado por los diputados Touriñán y Ripa del Bloque Justicialista, por el que se propone la modificación del artículo 3º de la Ley nº 1806, que regula en el ámbito provincial la tasa denominada “tasa reducida” a que están sujetas las actuaciones ante los Tribunales Letrados de esta jurisdicción.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, señores diputados, está puesto a consideración de la Cámara el proyecto de ley que propone la modificación del artículo 3º de la Ley 1806, que regula en el ámbito de la provincia del Chubut la tasa a que están sujetas las actuaciones ante los Tribunales Letrados en la jurisdicción de la provincia.
Concretamente, señor Presidente, el artículo 3º de la norma vigente, la Ley 1806, establece una modalidad de tasa llamada “tasa reducida”, que consiste en la disminución de un 50% de la tasa regulada por la ley para los casos allí previstos. A la vista de lo establecido en el marco de la Ley nacional 23898, que regula la existencia de una tasa de justicia en el ámbito nacional, surge muy claro y evidente que la Ley 1806, que es la ley provincial, es una adaptación de la misma. Incluso en el artículo 3º, donde propone exactamente las modalidades que tiene que tener la tasa de justicia, lleva, guarda una similitud en extremo -incluso en el orden del articulado- y las situaciones allí previstas o propuestas son exactamente las mismas. Esto, sin duda es así, porque se contemplan casos que derivan de procesos judiciales regidos por las mismas leyes de orden público dictadas por el Congreso de la Nación.
La modificación que propone el presente proyecto ya ha sido incorporada a la legislación nacional mediante el artículo 13º de la Ley 25563. Además, esta ley -la 25563- solicita la adhesión de las Provincias en sus respectivos regímenes fiscales, en punto de las tasas judiciales normadas en esta ley. Sin embargo, acá hemos hecho una pequeña adecuación, o sea hay una adaptación que se propone en este proyecto, que difiere ligeramente de lo normado a nivel nacional, en la modificación que se ha efectuado en el ámbito de la Nación. El inciso e) de la Ley provincial 1806 prevé la aplicación de una tasa reducida; la reduce en un 50% para el caso de procesos concursales, mientras que la Ley 23898 ha derogado solamente el mencionado inciso para reemplazarlo por lo que da en llamar la “tasa especial”, incorporada a esta ley por imperio de la Ley 25563, que en su artículo 13º así lo ordena. Esta tasa especial está vinculada no al monto de la tasa, que anteriormente se reducía a la mitad, sino que vincula el monto a tributar en concepto de tasa de justicia para este caso de proceso al importe de todos los créditos verificados comprendidos en el acuerdo preventivo. Es así que claramente fija el 0,75% de la sumatoria de los créditos verificados en el caso general, pero a su vez establece un valor diferencial del 0,25% de dicha base al cálculo cuando dicho importe supere la suma de $ 100.000.000.
El proyecto puesto a consideración de la Cámara para la modificación de la ley provincial varía en el concepto central, porque lo que intentamos vincular es esto a un proceso que tienda a anticipar algún estado de crisis que pudiera devenir para las empresas locales. Esto es lo que se da por lo general en la industria textil, en la industria de la pesca y en todas las actividades comerciales, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, donde a veces el pago de la tasa imposibilita manejar fondos o activos que podría tener la empresa para poder mantener en actividad a la planta y poder mantener las fuentes laborales.
Donde a veces el pago de la tasa imposibilita manejar fondos o activos que podría tener la empresa para mantener la actividad en la planta y poder mantener las fuentes laborales.
En definitiva lo que nosotros proponemos como adecuación a lo que marca la ley nacional es que sea aplicable únicamente esta tasa especial a aquellas empresas que en los últimos dos años no hayan recurrido al procedimiento de crisis, es decir, que no hayan suspendido o cesanteado o anticipado vacaciones al personal.
Concretamente, señor Presidente, lo que estamos proponiendo es eso y esperamos para ello el acompañamiento de la Cámara para su aprobación. Lo que hay que rescatar de esto, es que la Ley 1806 que rige en la provincia es una adaptación casi textual de la Ley 23.898, y ésta última ley nacional ha sido modificada y ésta modificación es la que se propone, que además solicita la adhesión y ha sido incorporada al Digesto Nacional por la Ley 25.563.
Solicitamos entonces, señor Presidente, el acompañamiento de la Cámara.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el proyecto.

SRA. SECRETARIA (Mingo):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°.- Modificase el artículo 3º de la Ley N° 1.806, el que quedará redactado de la siguiente manera:
TASA REDUCIDA

Artículo 3°: La tasa se reducirá en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) en los siguientes casos:
a) Ejecuciones Fiscales.
b) Juicios de mensura y deslinde.
c) Juicios sucesorios.
d) Juicios voluntarios sobre protocolización e inscripción de testamentos, declaratorias de herederos e hijuelas, extendidos fuera de la jurisdicción provincial.
e) Procesos concursales de la Ley Nacional N° 24.522, incluidos los concursos en caso de liquidación administrativa, siempre que no estuvieran comprendidos dentro de los alcances del beneficio de la tasa especial normada en el presente artículo.
f) Procedimientos judiciales sobre reinscripción de hipotecas y en los exhortos librados a ese efecto por jueces de otras jurisdicciones.
g) Tercerías.

TASA ESPECIAL

En los procesos concursales de la Ley Nacional N° 24.522, podrá aplicarse una tasa de CERO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75 %) sobre el importe de los créditos verificados o admitidos, sin embargo, cuando este importe supere la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000,-), la tasa aplicable será del CERO CON VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%) sobre el excedente.
El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Rentas, concederá a los procesos concursales, con carácter general, planes de pago de la tasa de justicia en los plazos que fije la reglamentación.
Únicamente podrán acogerse al beneficio de esta Tasa Especial, aquellos sujetos personas físicas o jurídicas que no registren haber presentado procedimientos de crisis, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, durante los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha de su presentación al proceso concursal.” 

Artículo 2°.-  Ley General.

Artículo 3°.- De forma.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar en general el proyecto.

- Se vota y aprueba.

Para su consideración en particular, por Secretaría se leerá.

- Se leen y aprueban los artículos 1° y 2°.
- El artículo 3° es de forma.

Habiéndose aprobado en general y en particular, queda sancionada la presente Ley.
Por Secretaría se leerá el Dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda sobre el Proyecto de Ley N° 220/08.

- 18 -
RESOLUCIÓN N° 179/08

SRA. SECRETARIA (Mingo):

- Dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda aconsejando el rechazo del Proyecto de Ley Nº 220/08, presentado por el Poder Judicial, por el que se proponía la aprobación del Presupuesto de Gastos de dicho Poder para el año 2009.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, el proyecto presentado que ha sido elevado por el Superior Tribunal de Justicia conforme manda la Constitución de la Provincia del Chubut, asciende a la suma de $ 258.317.923. Esta cifra comparada con el presupuesto correspondiente al año 2008 sin tener en cuenta la ampliación de $7.600.000 otorgada casi a fin de año, representa un incremento del orden del 46%. Esto es en valores absolutos, un incremento de $ 81.407.000 respecto del año anterior.
A fin de poder analizar en su total magnitud el incremento presupuestario solicitado, es necesario remontarse a lo ocurrido en ejercicios anteriores.
Por tal razón y en la búsqueda de conceptuar la evolución del presupuesto de la Justicia, nos hemos remitido al análisis conjunto de distintos ejercicios fiscales desde el 2003 a la fecha.
Surge como consecuencia de ello, que el presupuesto del Poder Judicial de la Provincia del Chubut se ha incrementado desde $ 57.783.000 en 2003 hasta $ 176.910.800 al año 2008. Esto sin tener en cuenta la ampliación de $ 7.600.000.
Es decir, que durante estos años el presupuesto de la Justicia tuvo un crecimiento de $ 119.127.800. Equivale a decir que el presupuesto de la Justicia en estos últimos cinco años es 206% al 2008. Lejos está esta cifra, tomada en valores absolutos o valores relativos como más se desee, que sea un cercenamiento económico o una  restricción desde el punto de vista de la asignación de recursos al Poder Judicial porque como contrapartida a esta tasa de crecimiento, en cuanto al Cálculo de Recursos y Erogaciones del Poder Judicial, surge como significativa la tasa de crecimiento de cargos presupuestados en el poder. Hecho éste que resulta imposible de minimizar cuando se reconoce desde todo ámbito, incluso desde la justicia, que más del 80% del Presupuesto de la justicia son salarios, es decir está vinculado íntimamente a la cantidad de cargos que posee el poder.
Es así que con distintas fluctuaciones y variaciones la cantidad de cargos presupuestados en el Poder Judicial, en igual período de análisis para poder comparar, era de 1082 cargos en 2003 hasta 1528 en 2008. Es decir, que la cantidad de cargos ha tenido un  crecimiento de un 41% desde el año 2003 hasta 2008 contra un crecimiento en el mismo período del 206% de la  asignación de recursos. No obstante ello, la tendencia continúa porque ya está en el análisis de la propuesta a futuro, se prevé que en 2009 los cargos van a ser 1658, es decir 130 cargos más que en 2008. Esto equivale a un 9% más que en el anterior y un 53% respecto del año 2003 tomado como año testigo del período de análisis. Manteniendo este crecimiento del 53% en los cargos, no tiene correlato alguno con el Presupuesto que se incrementa entre un 347% respecto al mismo período, aún si se quiere comparar sólo el año 2008 hay un 47% en el incremento presupuestario contra un 9% en los cargos.
Esta tendencia de crecimiento, desmedido, causa como efecto que no pueda encuadrarse dentro de los parámetros devenidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y como consecuencia de ello debe establecerse dentro del Presupuesto General de la Provincia la toma de un endeudamiento para afrontar la diferencia entre los créditos posibles y los créditos pretendidos.
Encontramos dentro del proyecto remitido a la Cámara la incorporación de varias obras previstas para su ejecución dentro del Ejercicio 2009. Sin lugar a dudas debe tratarse de obras de real necesidad para el funcionamiento de las distintas dependencias del Poder Judicial en las cinco circunscripciones. Estas obras que se describen como objetivos a concretar por parte del Poder Judicial, no deberían ser motivos de duda acerca de su real concreción, ya  que varias de las mismas han sido incluidas en presupuestos anteriores. Esta repetición de obras, sumado a la inconclusa obra de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, incorpora un elemento de duda acerca de su concreción. Es así que la ampliación del edificio de Trelew, incorporado como obra en este proyecto, ya estaba incluido en el Presupuesto 2007, lo mismo ocurre con el Juzgado de Paz de Puerto Pirámides, de El Hoyo, el Juzgado de Paz y Civil de Sarmiento que también estuvo incluido en 2007, como la Morgue Judicial de Comodoro Rivadavia que no sólo estaba previsto para su ejecución en 2007 sino que también en 2006 figuraba ya como un objetivo en ese Presupuesto.
Por eso, quiero decir que paré en el año 2006 porque no analizamos los Presupuestos anteriores, porque si no nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Ocurre lo mismo con la Cámara de Puerto Madryn, la Cámara Nº 2. Con la creación de juzgados además ocurre algo similar, por ejemplo el Juzgado de Ejecución Nº 2 de Trelew que figuraba en el año 2008, se repite en el Presupuesto 2009 y ocurre lo mismo con el Juzgado Laboral Nº 2  de Comodoro Rivadavia o el Laboral Nº 2 de Trelew. Demás está decir que no existe una apertura acerca de la discriminación de fondos relativos a cada una de las obras que presupone el proyecto. Sólo existe la mención del relato obrante en la descripción de la política presupuestaria en el Poder Judicial, sin que se mencione algo tan elemental como saber cuál es el monto que se asigna a cada una de las obras mencionadas o el período de tiempo que se quieren hacer, quizá no sea importante pero sí saber lo discriminado dentro del proyecto de Presupuesto, del nuevo Presupuesto, qué monto tienen asignadas cada una de las obras, porque eso no figura en el Presupuesto.
En el párrafo liminar de esta descripción sí se pone especial énfasis en la utilización que se otorga generalmente para compensar créditos asignados a distintos programas. Menciona asimismo que se incorpora por primera vez en el Cálculo de Gastos a afrontar por Rentas Generales una suma igual a cada uno de los tres Presupuestos que conforman el consolidado del Poder Judicial a efectos de dar continuidad al proyecto de Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.
Pese a ello, pese a que se afirma en la presentación del Proyecto, tal afirmación no puede destacarse, no puede observarse dentro del plexo normativo del proyecto ni cuánto significa monetariamente la inversión que estamos proyectando.
Ante esta falta de discriminación de la partida destinada a obras del Poder Judicial, sólo puede inferirse a modo de deducción que de los siete millones de pesos presupuestados como ingresos propios, el 75% se destinará a la Ciudad Judicial pero por imperio de la Ley, es decir, $ 5.250.000. El resto de la obra debe ejecutarse con el remanente de este ítem con más los bienes de uso establecidos como inciso 4) de la Fuente 112 que se ha incrementado de $ 4.826.000 en el 2008 a $ 16.597.997 en el 2009, sin que se sepa, por lo menos de la lectura de este proyecto, cuánto se destina a cada obra presupuestada descontando que de allí debe destinarse fondos a otros fines como pueden ser flotas vehiculares, etcétera, porque son bienes de uso.
Analizando el cálculo de recursos del Poder Judicial, nos encontramos que respecto a años anteriores, los recursos propios del Poder Judicial, es decir, los fondos que por ley recauda la Justicia, o bien se mantienen constante respecto a 2008 o disminuyen. Fíjense, estoy hablando de aquellos fondos que recauda la Justicia como fondos propios, o se mantienen constante, es decir, en los mismos valores que tenían en el 2008 o diminuyen. Como en el caso del remanente financiero que, sugestivamente, disminuye un 32,5%.
De esta manera, a fin de poder cumplir con el presupuesto requerido, se recurre a pedir un mayor esfuerzo a la Administración Central, incrementando las transferencias tanto en erogaciones corrientes un 39% como las erogaciones de capital en un 333% desde 2008 a 2009.
En el caso del Ministerio Público Fiscal –esto que decía recién estaba refiriéndome a la Judicatura, al Poder Judicial. Aquellos casos que dependen directamente del Superior Tribunal de Justicia.
En el caso del Ministerio Público Fiscal ocurre algo parecido, si bien no poseen recursos propios, existe un incremento presupuestado en las transferencias por erogaciones corrientes del 55% y en las erogaciones de capital del 88%.
El Ministerio de la Defensa prevé incrementar la transferencia desde la Administración Central para erogaciones corrientes en un 44% y las transferencias por erogaciones de capital en un 947%.
Establecido en valores relativos o porcentuales hay que ver la incidencia que tiene cada uno de ellos y es así que las transferencias desde la Administración Central para afrontar los gastos provenientes de erogaciones corrientes y de capital, asciende a $ 251.216.946.
Es decir, que para el funcionamiento de todo el Poder Judicial, se requiere que la Administración Central transfiera un monto de $ 251.216.946  al Poder Judicial.
Esta cifra comparada con el total presupuestado, que son, dijimos antes, al comienzo de la intervención, son $ 258.000.000, equivale al 97.25%. Es decir, que los recursos con que cuenta la Justicia son 97.25% proveniente de la Administración Central y el resto el 2.75% proveniente de recursos propios.
Entonces vemos que sobre el total de la transferencias de la Administración Central, tenemos que la Judicatura -sobre estas transferencias que decíamos recién- representa el 62.5%, el Ministerio Público Fiscal, representa el 18.8% y el Ministerio Público de la Defensa representa el 18.68%. Vemos que hay una suerte de equiparación o paralelismo entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa, cosa que se viene repitiendo en presupuestos anteriores sin tener una lógica que diga que tiene que ser así, ¿no?
Con respecto a los cargos, sobre un total de 1.658 cargos de planta permanente previstos para el año 2009, 1041 corresponden a la Judicatura, 294 al Ministerio Público Fiscal y 323 al Ministerio Público de la Defensa. Es decir, que la Judicatura tiene el 62.8% de personal, el Ministerio Público Fiscal, el 17.8% y el Ministerio de la Defensa el 19.5%. Se desprende de ellos que existe un correlato entre la cantidad de cargo y las asignaciones por transferencias. Fíjense que la asignación por transferencia es de 62.5% para la Judicatura, el 62.8% de cargos, 18% para el Ministerio Público Fiscal y 17,8% de cargos y el 18.5% de transferencia para la Defensa y 19.5% de cargos.
Esto que venimos detallando testifica simplemente que, en términos relativos, tanto la Judicatura como el Ministerio Público Fiscal y como el Ministerio de la Defensa, han excedido, dentro del mismo rango, las pautas establecidas para crecimiento presupuestario conforme lo determinado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En consecuencia, se le ha expresado esto el Superior Tribunal de Justicia en una reunión que hemos mantenido aquí en la Cámara, pero nos encontramos con que existe una negativa a reformular o a retirar el presupuesto presentado; de manera que, en estas condiciones, resulta imposible -dentro de las facultades que la Constitución le confiere a la Cámara, es decir, aprobar el proyecto o rechazarlo- aprobar el presupuesto en las condiciones en que ha sido remitido.
En consecuencia, señor Presidente, y entiéndase esto –porque he leído alguna disquisición al respecto- proponemos el rechazo del proyecto remitido, para que pueda readecuarse el presupuesto de la Administración Central, al que se le ha incorporado la toma de un crédito para poder cumplir con los créditos que pretende el Poder Judicial, ¿no?
Pero entiéndase que este rechazo es un sinónimo, a los efectos legislativos, de no aprobación, porque se hablaba de que la Legislatura no puede rechazar porque está prevista únicamente la aprobación; bueno, es absurdo, pero para que quede claro, lo que estamos proponiendo es la no aprobación o el rechazo, como sinónimos, del proyecto presentado por el Poder Judicial.
Hay una cosa que quiero mencionar, que se ha dado en el marco de la charla que hemos mantenido con la gente del Superior Tribunal; en ese momento estaban el doctor Pfleger y el doctor Royer, que en ausencia del doctor Pasutti habían venido a representarlo, que sobre... ellos desvinculaban la injerencia que podían tener o cómo podían estar opinando respecto del crecimiento que habían tenido los Ministerios Públicos Fiscales, ¿no?; porque decían que eran entes distintos de la Judicatura; ellos hablaban siempre de que la Judicatura aumentó esto, el otro...
En realidad, el que tiene la facultad constitucional de elevar el presupuesto a la Cámara para su aprobación -así lo marca la Constitución- es el Superior Tribunal. De hecho, ellos podían haber intentado la modificación de estos créditos sugeridos dentro de los acuerdos plenarios que tienen, antes de la elevación del presupuesto y, bueno, no lo han hecho; de manera que esperamos, en este contexto, a partir de este rechazo que estamos proponiendo del proyecto de ley de presupuesto, que se pueda confeccionar un presupuesto que esté conforme a la realidad que vive la Provincia y, bueno, se pueda establecer dentro de los parámetros normales, ¿no?
Quería, además, plantear dos pedidos de informes -para cuando esté el presupuesto nuevo, si es que lo mandan antes de que termine este período ordinario- al Poder Judicial, referidos también a la evolución presupuestaria, para poder evaluarlo un poco más consistentemente.
Uno de ellos está referido a los ingresos propios del Poder Judicial y el otro está referido a las obras que ha ejecutado o que tiene previsto ejecutar el Poder Judicial, entre ellas la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia. Quiero aclarar que en el día de hoy me han acercado una información que había requerido sobre la Ciudad Judicial, sobre la segunda etapa. Bueno, pero el pedido de informes estaba redactado, de manera que vamos a ponerlo a consideración de la Cámara para ver si pueden contestarlo antes de que remitan un nuevo proyecto.

- Hace llegar a Mesa de Presidencia los proyectos aludidos.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción del señor diputado Touriñán de la incorporación de estos temas, son los dos pedidos de informes propiamente dichos que usted menciona.

- Se vota y aprueba.

Tiene la palabra el señor diputado Lorenzo.

SR. LORENZO: Antes de hacer uso de la palabra, si por Presidencia se me puede informar cuál es el instrumento que se somete a votación, dado lo expuesto por el señor diputado Touriñán.

SR. PRESIDENTE (Vargas): La incorporación de los proyectos que el diputado había mencionado.

SR. LORENZO: No, no estoy hablando de eso; estoy hablando del instrumento por el cual existe un dictamen para rechazar; según lo que figura en el dictamen, ¿cuál es el instrumento: una ley, una declaración, una resolución? Eso es lo que pregunto. El dictamen, ¿sobre qué es? Ésa es la pregunta.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Resolución.

SR. LORENZO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señores diputados, el Bloque de la Unión Cívica Radical tiene observaciones que realizar en el presupuesto del Poder Judicial, como también vamos a discutir, a debatir, porque seguramente vamos a tener el propio presupuesto del Poder Legislativo, y con seguridad del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública.
La realidad del tema es que a este proyecto que ha enviado  el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia tenemos observaciones que realizar, algunas a favor y otras en contra, pero creemos que debe ser origen del debate, no por la desaprobación de un proyecto de ley.
Los proyectos de leyes no se desaprueban, los proyectos de leyes si tienen los votos suficientes se aprueban y si no, no se tratan, no tienen dictamen. Por eso específicamente pregunté cuál es el instrumento que se está sometiendo a votación, porque en realidad nosotros entendemos que no están dadas las condiciones de aprobarse el presupuesto que ha enviado el Superior Tribunal de Justicia, por razones técnicas, por razones políticas y por razones legales, cada uno con su criterio. El Bloque Justicialista ha expuesto por el miembro informante cuáles eran los motivos.
Nosotros, a través de lo que va a sostener el diputado Risso más tarde, también vamos a profundizar en aquellas cuestiones que observamos y en aquellas cuestiones que creemos que se está en un error. La realidad del tema es que estamos utilizando todo un procedimiento al revés del que se debe llevar adelante para un debido análisis del Presupuesto General de Gastos de la Provincia del Chubut.
Este presupuesto con no tratarlo, suficiente, con manifestar que creemos que hay que hacer adecuaciones, suficiente, pero también con lo que nosotros entendemos de cuándo van a tener que hacerse las adecuaciones, que va a tener que hacer el propio Poder Legislativo y el propio Poder Ejecutivo de la Provincia.
Este proyecto, en función de que no hay voluntad política en apariencia de todos los bloques, no debe ser sancionado y nada más, y que tenga la comunicación que tiene que tener o no, depende de las discusiones que se deben dar o no, es cómo se deben dar las cuestiones.
Nosotros con el presupuesto de la Judicatura estamos de acuerdo, no estamos en contra del proyecto. Es más, sabemos y lo sabe el propio Tribunal de Justicia porque lo dice en la elevación, que no responde a las pautas fiscales establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Y justamente ésta es una potestad que tenemos los legisladores de exceptuarse si así fuera, porque las propias leyes que esta Legislatura sancionó y no prevé en el  presupuesto significa un incremento del 31 por ciento, esto se va de la pauta establecida del 11,2, se va, pero la realidad del tema es que son leyes sancionadas. Entonces éste es un tema que hay que resolver.
Comparto la responsabilidad que tiene el Superior Tribunal de Justicia, desde lo personal lo digo, con lo que acaba de decir Touriñán, tenían la potestad -porque son los que elevan- de corregir lo que nosotros entendemos ha sido un exabrupto del Ministerio Público Fiscal en cuanto a su presupuesto, está casi duplicándolo. Creemos que  hay que corregirlo, que esto no tiene cierto viso de realidad con la situación fiscal que se va a vivir en año 2009.
Pero por sobre todas las cosas entendemos, señor Presidente, señores diputados, que el procedimiento lo estamos haciendo al revés, que lo estamos estableciendo al revés.
Yo leía el otro día las propias declaraciones del Gobernador de la Provincia que decía que pidió que la Justicia abra los números, decía que reconsideren lo enviado a la Legislatura: “Estoy preocupado y sorprendido por el presupuesto que mandó el Poder Judicial, creo que es un presupuesto que no se condice con la realidad del Chubut, ni del país ni del mundo. Creo sinceramente que quien hizo el diseño de ese presupuesto viven en otro lado, pero en otro planeta, porque el problema es internacional”, dijo este jueves por la noche el Gobernador Mario Das Neves al referirse al envío que el Poder Judicial realizó a la Legislatura del proyecto de presupuesto para el año 2009, que supera en un 40 por ciento el monto asignado a ese poder del Estado durante el corriente año.
Esto dicho por el Gobernador da a entender que no firmó el presupuesto del Poder Ejecutivo, no firmó, alguien tiene que haberle hecho la firma. Alguien tiene que haberle hecho la firma porque cierto es que en esta disquisición de cosas, en estas cuestiones que creemos que hay que evaluar y corregir, el propio Gobernador que firma el Proyecto de Ley N° 225/08 del 12 de diciembre del año 2008 en la Planilla N° IV anexa al artículo 1° que es el presupuesto general de gastos de toda la administración, de la administración general establece para el Poder Judicial un monto de $ 222.850.766 para gastos corrientes y un monto de $ 35.467.157 para gastos de capital, un total de $ 258.317.923. Entonces, ¿cómo es el tema? si el propio Gobernador está poniendo el gancho a este número de la justicia. Creemos que el propio Gobernador también entonces tendría que abrir los números.
La Constitución establece la obligación que tiene el Superior Tribunal y nosotros; habla que confecciona anualmente el presupuesto de gastos del Poder Judicial, el que envía a la aprobación de la Legislatura dentro del plazo establecido para el Poder Ejecutivo. Está hablando del presupuesto de gastos, entonces este presupuesto no se puede considerar, este proyecto de ley no se puede considerar si previamente no se vota el de recursos de la administración general, el de recursos y gastos; el primer proyecto a analizar es éste, entonces no tiene necesidad ni de aprobarse ni de rechazarse, tiene necesidad de debate, de acomodar números.
Hemos dicho con seguridad, y lo vino a ratificar el propio Gobernador el día del aniversario de la asunción del gobierno democrático, que el año 2009 va a hacer un año crítico; estamos seguros que va a ser un año crítico, fundamentalmente para el sector privado, la primer época quizá el sector público todavía no lo viva, pero el sector privado de la Provincia del Chubut, exportadora por excelencia, una de las principales provincias exportadoras, depende de los valores que no fijamos en la Argentina, que se fijan en el exterior para el aluminio, para la lana, para el petróleo, para la pesca, encima esta crisis ya hizo caer la mitad de las reservas turísticas del año que viene.
Entonces, señor Presidente, estamos de acuerdo con que hay que hacer observaciones, no estamos de acuerdo con el presupuesto del Ministerio Público Fiscal. Entendemos que habrá que hacer ajustes, quizás a los gastos si se hacen ajustes a los recursos y si se hacen ajustes a los recursos habrá que entender que esto es para todos, para el Estado en su conjunto y no tan sólo para el Poder Judicial. Nosotros entendemos que hoy simplemente no está en condiciones porque creemos que tiene muchas cosas observables, cosas para corregir en el proyecto de ley, el cual simplemente debe significar eso: el proyecto de ley de gastos del Poder Judicial no ha obtenido la suficiente cantidad de votos para transformarse en ley y tendrá que seguir en Comisión, y están los mecanismos previstos -si no se aprueba- cómo va justamente a funcionar el sistema. Y también le cabe Poder Ejecutivo y al propio Poder Legislativo.
En la reunión de ayer estuvimos debatiendo este tema y creemos que alguien no sabía cuál era el instrumento por eso hizo una resolución. Creo que en la historia de la Provincia del Chubut no existe una resolución rechazando un proyecto de ley, todo lo que vayan a exhibir son simplemente resoluciones rechazando proyectos de ley que establecían convenios, no implica un rechazo al proyecto de ley sino que –justamente- por lo que establece la Constitución de la Provincia, que dice claramente que puede aprobar o rechazar los convenios del Poder Ejecutivo, si los aprueba se transforman en ley, si no una resolución de Cámara lo rechaza porque le da esa potestad. A nosotros nos da la de aprobar, y la no aprobación, como dijo el señor diputado Touriñán, que es el no tratamiento de ese proyecto de ley, implica también… y me refiero, señor Presidente, a que más allá de que tenemos cuestiones que debatir, lo que vamos a hacer en oportunidad incluso cuando se trate el Presupuesto General de Gastos, que en definitiva los porcentajes que se están dando es cierto, del 2003 a la fecha ha crecido el Presupuesto de la Justicia en un 206% y también debemos decir del Poder Ejecutivo, que el Presupuesto General de Gastos ha aumentado un 257%, bueno, digamos que éstas son cuestiones.
A mí no tanto me preocupan los gastos, lo que se debe ajustar -por ejemplo, lo que se menciona del coche que se ha comprado en doscientos treinta mil pesos Miquelarena- creo que hay que ajustar el gasto; pero lo más me preocupa señor Presidente, señores diputados, es que los recursos van a ser limitados el año que viene y que lo adelantó el propio Gobernador de la Provincia.
Por lo tanto, toda discusión que se deba dar para ser sensatos en los números, se tiene que dar sobre la base de un cálculo de recursos que sea realmente eficiente y que no sé si al día de hoy, tal cual está el proyecto, está establecido. Porque si el propio Gobernador salió a criticar el número de la Justicia pero él lo puso en su propio proyecto de Presupuesto General, es porque algo estamos quizás haciendo mal. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑÁN: Voy a ser breve, señor Presidente.
Bueno, acá se han perdido parte de la historia –reciente, encima- o no manejamos los mismos parámetros. Es cierto cuando la Legislatura dice se manda para su aprobación… también las Cartas Orgánicas se mandan para su aprobación a la Legislatura -lo dice la Ley 3098- pero sin embargo la doctrina del Superior Tribunal de Justicia nos obligó a retirar el proyecto de Carta Orgánica de Esquel del archivo, a tratarlo y nos obligó a rechazarlo, entonces señor presidente es una interpretación muy “sui generis” la que están haciendo respecto de esto.
O sea, el mismo Superior Tribunal de Justicia que ha presentado su presupuesto, nos obligó a retirar un proyecto que estaba en archivo –estaba en archivo por Reglamento de la Cámara- planteando conflicto de poderes y nos obligó a rechazarlo. Entonces me parece que la interpretación es un tanto “sui géneris” y deja de lado la reciente historia de la provincia.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Señor Presidente, también voy a tratar de ser muy breve.
Primero, el Artículo 231º de la Constitución de la Provincia del Chubut dice: “La Convención Municipal somete su primera Carta Orgánica a la Legislatura que la aprueba o rechaza sin derecho a enmendarla…”. No es la misma circunstancia, o la aprueba o la rechaza. Pero además, en realidad, tampoco tiene la misma naturaleza jurídica, si bien estamos hablando de autonomía.
Pero, señor Presidente, en este tema de la Justicia –insisto- nosotros vamos a seguir insistiendo hay que hacer un esfuerzo para encontrar una solución a un conflicto que no termina y digo conflicto porque de esto se trata. Es un conflicto, un conflicto con un poder que en el funcionamiento de la República debe ser el más independiente de todos los poderes, el Poder Judicial.
Porque la independencia del Poder Judicial, señor Presidente, y no pretendo con esto hacer una cátedra, es algo que todos sabemos, sentimos, y estoy seguro que lo llevamos adentro, el funcionamiento independiente del Poder Judicial es lo que identifica a una República sana o a una República enferma.
Cuando la independencia del Poder Judicial o mejor dicho –para decirlo de otra manera-, cuando la relación entre los distintos Poderes del Estado o de los otros dos Poderes con el Poder Judicial se politiza, se debilita la República. Porque fíjese, señor Presidente, fíjense señores diputados, cómo terminamos siempre cuando se trata de esta cuestión.
El Bloque oficialista con una oposición relacionada con no aprobar un Presupuesto, con criticar el funcionamiento de la Justicia, con responsabilizar a la Justicia de los distintos males -con razón o sin razón- y la oposición haciendo o llamando la atención de las responsabilidades propias del Poder Ejecutivo, de la inconveniencia de responsabilizar a la Justicia en cuestiones que deberíamos estar debatiéndolas para solucionarlas, porque la búsqueda de responsabilidades en cuestiones como ésta terminan debilitando a la República. Y cuando se trata del presupuesto, quizás es uno de los matices o aspectos de las relaciones institucionales que más vinculado está a la independencia del Poder Judicial.
Por eso es que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial dicen y hablan de la intangibilidad de los salarios de los jueces; no ya ni siquiera de los defensores o de los fiscales. La independencia del Poder Judicial se ve reflejada en la independencia del juez; obviamente, que tiene importancia el respeto constitucional de las obligaciones que le impone la procuración, como uno de los valores de la República. Pero la independencia del Poder Judicial se ve reflejada en la independencia del juez, del juez que todos los días administra justicia; ni siquiera en la cabeza política del poder, del juez, del que está en su despacho administrando justicia, el que debe dictar y administrar y, muchas veces, dictar sentencias que están vinculadas a cuestiones entre los individuos, los ciudadanos y el propio Estado.
Todo esto, señor Presidente, nos lleva... y lo volvemos a insistir, lo volvemos a reiterar... que ha generado, nos guste o no nos guste, compartamos o no compartamos, pero que ha generado hasta la propia preocupación de la Corte de Justicia de la Nación, bien, mal, con el reproche que se le ha hecho a los funcionarios, pero que ha generado esa preocupación; porque señor Presidente, fíjese, se habla de la Ley de Responsabilidad Fiscal, del límite que tiene el Estado al momento de fijar su presupuesto. Pero la Ley de Responsabilidad Fiscal se refiere al presupuesto general del Estado. No es justo, fíjese, el Poder Ejecutivo habla de un presupuesto general -si mal no recuerdo- de cuatro mil trescientos y pico millones de pesos; se dijo el presupuesto más alto en la historia de esta Provincia, lo que implica un incremento –suponemos, porque todavía no lo hemos debatido- de recursos que permiten este incremento presupuestario. Ahora, el presupuesto de la Justicia es de $ 203.000.000, si no me equivoco... $ 258.000.000. El presupuesto total, sobre 4.000...

- Hablan simultáneamente varios señores diputados.

... está bien, claro que hay diferencia, es verdad, en los porcentajes, si lo analizamos finamente con los números, hay diferencia: 203.000.000, 258.000.000. Pero, fíjese, que no hay diferencia o no se nota tanto cuando hablamos de 4.000.000.00 o de 4.300.000.000; porque ahí está la diferencia, enorme. Obviamente que las funciones son distintas y mucho más amplias las del Poder Ejecutivo, no lo discutimos. Pero plantear, señor Presidente, que se violenta la Ley de Responsabilidad Fiscal o que el Estado tiene que salir a buscar financiación porque el presupuesto del Poder Judicial aumentó un 40%, es un exceso.
Es un exceso, cuando esta misma Cámara, este mismo año -esta misma Cámara, este mismo año-, votó una autorización al Poder Ejecutivo para buscar plata, préstamos por U$S 300.000.000; llevados a pesos, U$S 300.000.000 son mil y pico millones de pesos. Ahora, cuando vino acá el Ministro de Economía y dijo: miren, autorícenme a buscar préstamos por U$S 300.000.000, sin explicar de dónde los iba a sacar, a nadie, a nadie le tembló la mano al autorizarlo; ¿eso es endeudamiento puro o qué es?, U$S 300.000.000.
Ahora estamos hablando de un presupuesto del Poder Judicial de $ 250.000.000 y genera un desequilibrio tan grave que hay que devolverlo, porque se violenta la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto es por lo menos... y yo puedo respetar las posiciones y el análisis meticuloso que ha hecho el diputado Touriñán, pero convengamos que las comparaciones no soportan un análisis.
Al Ejecutivo le autorizamos 4.300 o el incremento que... no sabemos todavía qué le vamos a autorizar. Le autorizamos que salga a pedir plata prestada, U$S 300.000.000 -U$S 300.000.000-; decían que le iban a ir a pedir a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Ahora, al Poder Judicial, señor Presidente, del que deberíamos estar hablando, de la función que debe cumplir el Poder Judicial y si el dinero que se le da o se le presupuesta alcanza para que cumpla hasta esa función... Esto es lo que tenemos que estar discutiendo; porque tampoco podemos olvidarnos de que el incremento salarial, el último, fue aprobado por esta Legislatura, porque se dijo que generaba un conflicto de Poderes y se aprobó.
Esa sola ley de incremento general implica un 30% de incremento del Presupuesto, esa sola ley, que aprobó esta Legislatura. La creación o la aprobación de leyes de los juzgados de las Cámaras, fueron aprobados por esta propia Legislatura, ¿cómo puede ser que por un lado se apruebe y por otro lado se diga “no le aprobamos el presupuesto”.
Convengamos señor Presidente que mínimamente el tratamiento no es igual cuando se trata del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, no es igual.
Nosotros estamos hablando de la necesidad, y quizás es lo que deberíamos estar debatiendo y quizás lo hagamos, apuesto a eso, por ejemplo a la reincorporación del fuero penal del menor, y esto implica un costo. Si esta Legislatura llegara a coincidir que esto es necesario y avanzamos sobre la creación aunque sea parcial de jueces en lo penal del menor, cámaras, fiscales, como se ha aprobado y como esta misma Cámara aprobó en materia contravencional, creación de fiscales en materia contravencional, una serie de modificaciones que apuntan a un mejor funcionamiento, pero después no podemos negar los fondos para que esto funcione, porque si no fracasa en sí mismo, una buena intención fracasa en sí misma y esto es lo que esta ocurriendo.
Y permítame, señor Presidente, introducirme en otra cuestión, en esto de que creo que terminamos cometiendo un error todos, porque que el oficialismo termine defendiendo a la Procuración y nosotros atacándola es lo mismo. Pero tengo que mencionarlo porque tampoco se mide con la misma vara. La Procuración, el nuevo Procurador incrementó el presupuesto en un 55.96%. El señor Gobernador defenestró a la Judicatura, a los jueces diciendo que vivían en otro planeta por la crisis que estaba ocurriendo en el mundo. Llego a decir que era un presupuesto propio del Principado de Mónaco, pero no veo el presupuesto de la Procuración y tomé nota de lo que dijo el Presidente del Bloque Justicialista, tomé mucha nota de lo que dijo; el Superior Tribunal de Justicia pudo no haberlo aprobado, pudo haber no elevado, es verdad, pero también recuerdo lo que dijeron los miembros del Superior Tribunal de Justicia que nos visitaron en esta reunión a la que hizo referencia el señor diputado Touriñán, y en la que yo participé, decían: “miren, nos han quitado autoridad”.
Si viene el Procurador y me tira sobre la mesa y dice “éste es mi presupuesto”, y no se discute, ese presupuesto no se discute porque tiene el aval y el acompañamiento del Poder Ejecutivo. Y esto ocurrió en definitiva, porque es verdad, el mismo doctor Pfleger lo dijo: “me han quitado la autoridad para poder hacer esto”.
Comparto lo que dijo el diputado Touriñán, llama la atención y no responde ni siquiera a una cuestión lógica que en cada presupuesto, porcentaje que aumenta la Defensoría aumenta la Fiscalía o viceversa; es verdad, pero se están manejando en forma independiente. El rumbo acá lo marcó la Procuración, automáticamente la Defensoría aumenta lo mismo.
Y lo que vemos es que no se discute que el Poder Judicial tiene tres cabezas: el Superior en la Judicatura, el Procurador en la Procuración o en la Fiscalía y el Defensor en la Defensa. Hoy tiene tres cabezas y no logran, señor Presidente, acordar o coordinar un presupuesto que sea acorde, no a la apetencia de cada uno de estos sectores sino al funcionamiento del Poder Judicial.
Por eso es que nosotros sinceramente creemos, y lo volvemos a reiterar, hay que buscar un mecanismo que nos permita encontrar una solución, porque hoy por mayoría este presupuesto no es aprobado, es lo que va a ocurrir; no es aprobado, no se rechaza, no es aprobado. Conforme lo establece la Constitución de la Provincia vuelve al Superior Tribunal de Justicia, pero no solucionamos nada.
Hoy deberíamos estar debatiendo con el mismo criterio el Presupuesto del Poder Ejecutivo, ¿por qué aumentó?
Yo también tomé nota de lo que dijo el señor diputado Touriñán, obras que se reiteran presupuesto tras presupuesto. Vamos a analizar las obras del presupuesto del Poder Ejecutivo, obras que se reiteran presupuesto tras presupuesto. Obras importantes que se les asigna una partida nada más que para incorporar al Presupuesto. Esto ocurre, lo sabemos, en los municipios, en la provincia, todos los que hemos estado  en alguna función sabemos que esto pasa cuando se elabora un Presupuesto, se incorpora la obra, a veces hasta con la partida mínima nada más que para la elaboración del proyecto. Esto pasa en todos los Presupuestos, seguramente pasa en el Poder Judicial, pero por leyes autorizadas, no son obras. No se debe olvidar que el Poder Judicial es un servicio, el Poder Judicial no hace otra cosa que prestar servicios de justicia, administra la prestación de ese servicio y quienes prestan ese servicio son jueces. Si nosotros ponemos en duda la honestidad de la elaboración de un Presupuesto y cuestionamos como cuestionamos, con comentarios como los que ha hecho el señor Gobernador y descalificamos a los jueces, cuando son los mismos jueces los que dictan sentencia, son los mismos jueces que dirimen el conflicto entre los ciudadanos, son los mismos jueces que defienden, que son la barrera ante el abuso del poder del Estado, estamos contribuyendo a esa pérdida de autoridad, lo que es más grave, al desprestigio de un poder que es esencial para el funcionamiento de la República.
Insistimos en que no se puede tratar, no ya rechazar, no se puede tratar sin el Presupuesto General, no se nos puede decir: “miren, el Presupuesto del Poder Ejecutivo no lo vamos a tratar”, para saber si se aprueban los doscientos cincuenta millones. Esto es poco serio, es un Presupuesto de cuatro mil quinientos millones. Que hoy no estemos tratando el Presupuesto del Poder Ejecutivo no es culpa del Poder Judicial, hay otras razones que deben estar dentro de la elaboración del propio Presupuesto, de la determinación de los recursos serios, si en serio nos vamos a endeudar o no nos vamos a endeudar.
Para terminar querría que me expliquen esto, si no se aprueba el Presupuesto, como se ha dicho porque no se va a permitir el endeudamiento, ¿por qué autorizamos los U$S 300.000.000 para el Poder Ejecutivo? Además, ¿cómo se incluyen estos U$S 300.000.000 en el Presupuesto del 2009?, ¿Es como un endeudamiento o se derogará la ley?
Me gustaría que nos respondieran, por esa razón esto debe volver a comisión, los Presupuestos se deben tratar conjuntamente para poder saber en serio si esto responde, si está adecuado a la posibilidad de recursos y, señor Presidente, otra vez lo que dijimos el año pasado y venimos reiterando, tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita consensuar y superar un conflicto, un conflicto donde no gana nadie y pierde la República.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

SR. TOURIÑAN: Señor Presidente, yo he hablado técnicamente, he dado números, no he expresado cuestiones políticas, sin embargo la oposición siempre vinculó el tema a cuestiones políticas, cuando en realidad no las hay porque los números hablan por sí solos, es lo que hemos expresado.
Hay una diferencia sustancial, introduciéndonos en la cuestión política entre el endeudamiento para obra pública, endeudamiento para servicios públicos, para prestación de servicios públicos, que tengan que pedir incluso ahora para la compra de los activos de empresas generadoras de energía, como la empresa de la que la Provincia ya forma parte, con endeudarse para… Hay una diferencia sustancial, es decir no reviste ningún análisis. Una cuestión es endeudarse para producir y otra cosa es endeudarse para no producir.
En este orden, señor Presidente, yo no quería hacer estas comparaciones, pero cuando se compara el Presupuesto de la Administración Central con el Presupuesto del Poder Judicial que es de $ 4.000.000.000, si comparamos hay que comparar todo, estamos hablando de $ 4.000.000.000 contra los $ 450.000.000, de mil empleados contra 25.000 empleados. Estamos hablando de una provincia que ejecuta obras públicas, que presta servicios públicos, presta seguridad, mal o bien le guste o no le guste, mantiene la educación, la salud, la justicia, le guste o no le guste, pero va bien, la inversión está, se generan obras, se producen cosas, y se atienden situaciones sociales, además de todo esto, cosa que la justicia no hace en un presupuesto que no pueden comparar en ese contexto, no lo pueden comparar tan alegremente… le hago esta comparación, Comodoro Rivadavia, una ciudad de más de 250.000 habitantes que tiene 1.500 empleados, un número parecido al que tiene la Justicia, la Justicia tiene 1.651. Comodoro Rivadavia con 1.500 empleados, con obra pública, con atención de servicios, con prestación de asistencia social, tiene un presupuesto de trescientos millones de pesos comparable al de la Justicia para atender la misma… No, no es lo mismo, señor Presidente, no estamos hablando de lo mismo.
El presupuesto que presenta la Justicia es más alto que el presupuesto de la ciudad de Trelew, con la misma cantidad de empleados, con obra pública, con asistencia social, con diversas actividades culturales, sociales, deportivas, todo lo que hace una municipalidad, un municipio, o sea son inherentes a un municipio, pero que no hace la Justicia. O sea, no se pueden comparar cosas que no tienen punto de comparación porque los servicios que se prestan son distintos.
Entonces, eso de agregar un ingrediente político a esto, que no hace a la cuestión, no agrega ni quita nada.
Hay un dato que no están manejando, que es cierto, lo dijo el doctor Pfleger o Royer … que es del 30% el incremento que dimos, son $ 21.600.000, el incremento de la suma fija. O sea $ 21.600.000 es el 10% del presupuesto, del incremento presupuestario, no es el 30% de incremento presupuestario. Es decir, dijeron ese número pero no es cierto dicho número, o sea que nos estamos manejando con números que no son ciertos en esa forma.
Yo decía también que tampoco quería caer en esto, pero cuando uno plantea obras, o sea vamos a hacer tal o cual obra, vamos a crear tal o cual juzgado, y dicen porque hay leyes que aprueba la Legislatura… y se la aprobamos en el año 2005, digo ¿por qué ese juzgado no está en ejecución? Porque no quisieron. ¿Y sabe por qué no quisieron? Porque -por ejemplo- le digo del 2006 en adelante que es lo que tengo acá en esta planilla, puedo irme para atrás pero… como ingresos propios del Poder Judicial, tienen un ítem que se llama remanente financiero, 2006: cinco millones novecientos mil pesos, 2007: ocho millones de pesos; 2008: ocho millones de pesos y 2009: cuatro millones novecientos mil pesos. Ese remanente financiero es la plata que no ejecuta el Poder Judicial que trasladan al próximo año. Entonces, si le sobraron ocho millones por qué “corno” no hicieron las obras que tenían que hacer.
O sea, la ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, es una obra que está planteada desde el año 1999 en Comodoro Rivadavia. Están pagando alquileres astronómicos en edificios insalubres y en edificios que no corresponde, que no resisten un mínimo análisis de una ART ni de Seguridad e Higiene del Trabajo y sin embargo, seguimos pagando en lugar de asegurar las obras de la ciudad judicial de Comodoro Rivadavia.
Me parece que es un despropósito plantearlo en los términos que lo están planteando. Tienen remanentes financieros, ejecutan partidas o sub-ejecutan partidas, le sancionamos leyes para la creación de Juzgados para la construcción de obras que no ejecutan, que no crean los juzgados y después encima dicen ¡ah! pero qué ley que aprobó la Legislatura no quieren que apliquemos; lo hubieran preguntado en el 2005 cuando se aprobó la ley, en el 2006, en el 2007. Cuando nos avivamos en el 2007 –Karamarko se avivó- y empezó a preguntarle cuál eran los recursos que decían que llevaba la creación de un Juzgado.
Dígame, señor Presidente, ¿para qué o por qué razón llaman a concurso para cubrir cargos de jueces el 24 de noviembre? Llaman a concurso ¿para cubrirlos durante la feria? Qué pasó con el presupuesto y con esos cargos que estaban presupuestados: jueces, fiscales, defensores, o sea,  varios concursos, no? Esos cargos que quedan desde enero a diciembre y no lo ejecutaron, subejecutan las partidas.
O sea, no digo que sean mentirosos, pero le han encontrado la vuelta para autofinanciarse en esta rueda que viene ya desde hace muchos años y que, evidentemente, es difícil de poder cambiar. Porque en la medida que no abran las partidas, que no digan en vez de poner bienes de uso: siete millones de pesos… que digan para qué obra van a necesitar bienes de uso, o Bienes de Uso Actividad 4: dieciséis millones de pesos, y que no digan para qué es eso. Bueno, díganme cómo van a hacer con siete millones de pesos presupuestados, cómo van a hacer para construir la Ciudad Judicial si dicen que le faltan ochenta millones de pesos. Si para trasladar la antena que tienen que trasladarla por convenios incumplidos por el Superior Tribunal de Justicia -para trasladar la antena de L.U.4 que está en esos terrenos- necesitan dos millones de pesos, que digan cómo van a hacer.
O sea, me parece una cuestión hasta casi imposible, es una mala administración. O sea, aprobamos un presupuesto que no se cumple. ¿Para qué aprobar el presupuesto? Que nos mande los números, queremos cincuenta y ocho millones de pesos, se lo aprobamos, hagan lo que quieran con eso. Si es exactamente lo mismo. Bueno ése es el concepto, señor Presidente. Yo hablaba de números no hablaba políticamente. Me respondió políticamente, respondo políticamente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Karamarko.

SR. KARAMARKO: Señor Presidente, señores diputados, permanentemente se endilga, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, que nuestro accionar de alguna manera afecta la independencia del Poder Judicial.
Pero hay que ir a los hechos concretos, es decir, no a lo que dice el diputado Risso ni a lo que dice el diputado Karamarko, sino qué es lo que se opina o se traslada a la opinión pública desde la cabeza del Poder Judicial, que son los Ministros del Superior Tribunal de Justicia. Y en varias oportunidades hemos escuchado a los Ministros, pero particularmente al doctor José Luis Pasutti, expresar con todas las letras que la independencia del Poder Judicial está garantizada en la provincia del Chubut.
Es más, señor Presidente, señores diputados, el propio diputado Risso, en su carácter de Presidente de la Unión Cívica Radical, en algún momento de su tarea partidaria se mostró preocupado y tuvo una reunión con los miembros del Superior Tribunal de Justicia y le dijeron lo que yo estoy dando como cierto en este momento.
Entonces, más allá de las discusiones presupuestarias, más allá de las opiniones, es importante dejar asentado que desde el ámbito del Poder Judicial y desde la cabeza del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, siempre se ha sostenido que desde el 10 de diciembre de 2003 en adelante han actuado ejerciendo las facultades en plenitud, como lo establece la Constitución de la Provincia del Chubut, sin ningún tipo de interferencia por parte de los demás Poderes constituidos.

SR. RISSO: Pedí una interrupción, ¿me la da, señor diputado?

SR. KARAMARKO: Sí, sí. Nada más, señor Presidente.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Risso.

SR. RISSO: Quería hacer la aclaración de que en mi carácter de Presidente de la Unión Cívica Radical, es cierto, fui al Superior, pero no a ver a los seis miembros, fui a ver a los tres nuevos de la Sala Penal; fuimos porque teníamos dudas por la forma en que se sancionó el Código, por cómo se creó la Sala. Y ellos nos aseguraron en esa reunión que iban a ser independientes, más allá de la forma en que fue creada esa Sala. Quería hacer esta aclaración.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Karamarko.

SR. KARAMARKO: Señor Presidente, es más, en la revista “El Reporte”, que es una revista elaborada por los miembros del Superior Tribunal de Justicia en la que mensualmente se expresan distintos abogados y funcionarios, en el número 18 de octubre de 2008, el doctor José Luis Pasutti dice lo que yo estoy diciendo en este momento, si es que el diputado Risso no confía en mis palabras.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Tiene la palabra el señor diputado Urbano.

SR. URBANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Hace un año más o menos, en esta misma época, estábamos más o menos en lo mismo: marchas y contramarchas respecto a si se autorizaba o no el presupuesto del Poder Judicial. Al final, cuando apremiaba el tiempo por lo avanzado de la fecha, se aprobó un presupuesto muy ajustado.
A consecuencia de esto, hará dos o tres meses, ese presupuesto no fue suficiente y el Poder Judicial se estaba incendiando por los reclamos de los trabajadores, y el Poder Ejecutivo tuvo que acudir ayudando al Poder Judicial, aumentando el presupuesto, algo de $ 7.000.000 que, después, también trajo algún tipo de controversias, si debían devolverlo o no y todo lo que todos conocemos. Yo creo que se está comparando el Presupuesto General con el Presupuesto Judicial.
Si nosotros tomamos en cuenta lo que ocurre en otras provincias –hemos hecho el cálculo en varias provincias-, el presupuesto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo oscila entre un 5 a 8 por ciento, y el Presupuesto del Poder Judicial del Chubut es de un 6 por ciento con relación al Poder Ejecutivo. Quiere decir que estamos ahí, no es un presupuesto exagerado el que tiene la Provincia del Chubut.
Ese presupuesto que ha presentado el Poder Judicial tenemos que pensar que lo ha hecho seriamente, es lo que van a requerir para gastar durante todo el año 2009. Creo que hace a la independencia de este Poder, y debemos confiar en que realmente lo han hecho a conciencia, y nosotros no tenemos que interferir porque no es una diferencia exagerada, no debemos interferir desde este Poder en lo que necesita el Poder Judicial para sus gastos durante el año 2009.
El Bloque del ARI aprueba el presupuesto del Poder Judicial. Nada más.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el proyecto.

SR. SECRETARIO (Arias):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE

Artículo 1°.- Rechazar el Proyecto de Ley  N° 220/08, presentado por el Poder Judicial, mediante el cual se propiciaba la aprobación del Presupuesto de Gastos de dicho Poder para el año 2.009.

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHÍVESE.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar en general.

- Se vota y aprueba.

Queda aprobada la presente Resolución.
Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.


- 19 -
PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° 125/08

SR. TOURIÑAN: Señor Presidente, solicito que ponga a consideración los dos pedidos de informes que ingresaron.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría damos lectura a la primera solicitud de pedido de Informes.

SR. SECRETARIO (Arias):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE

Artículo 1°.- Solicitar al Superior Tribunal de Justicia en el marco de lo establecido en la Ley N° 5.548 que proceda a remitir a esta Legislatura dentro de los cincos días de recibida la presente, la información que se detalla:
a) Detalle de las obras previstas para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2009, discriminando el monto previsto para cada una de ellas y su fuente de financiamiento.
b) Detalle de las obras ejecutadas durante el ejercicio 2008, aun aquellas en proceso de adjudicación.
c) Detalle de avance de las obras de la ciudad judicial de Comodoro Rivadavia, indicando grado de avance, presupuesto total, pagos efectuados, monto y tiempo pendiente para la finalización de obra.
d) Informe sobre la titularidad y condiciones de dominio de las tierras incluidas en la cláusula primera del convenio aprobado mediante la Ordenanza Municipal de Comodoro Rivadavia N° 6836/99 suscripto entre la Municipalidad  y el STJ el día 5 de abril de 1999.
e) Informe si se ha dado cumplimiento a la transferencia que debe tener a su favor el STJ de las tierras pertenecientes a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, conforme a lo prescripto en la cláusula segunda del convenio antes mencionado y lo dispuesto por la Ordenanza General de Tierras N° 5907/96, Art. 37° al 42° inclusive, Título III de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
f) Se informe a la fecha si se adeuda suma alguna en concepto de impuestos, contribuciones, tasas y servicios.
g) Informe si existen reclamos por parte de la adjudicataria por mayores costos o re determinación de precios, de ser así cuál es el monto reclamado y si existen conversaciones con la empresa a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la Ordenanza 6836/99, aprobatoria del convenio referido.
h) Informe en qué estado se encuentran las negociaciones a que hace referencia el punto 4 del anexo I de la Ordenanza N° 6836/99, y en su caso se individualicen los lotes que serán transferidos por el STJ a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en compensación por el valor del terreno cedido.

Artículo 2°.- De forma.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar el pedido de informes.

- Se vota y aprueba.

Por Secretaría damos lectura al segundo de pedido de Informes solicitado por el señor diputado Touriñán.

- 20 -
PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° 126/08

SR. SECRETARIO (Arias):

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE

Artículo 1°.- Solicitar al Superior Tribunal de Justicia en el marco de lo establecido en la Ley N° 5.548 que proceda a remitir a esta Legislatura dentro de los cincos días de recibida la presente, la información que se detalla:
a) Detalle ingresos por percepción de honorarios provenientes de la Defensa Pública durante los años 2006, 2007 y 2008.
b) Fecha de su percepción, monto detallado, quien lo abonó, en qué juicio y/o litigio, jurisdicción correspondiente.
c) Honorarios pendientes de cobro.
d) Destino de los fondos.
e) Si dichos honorarios han tributado Impuestos a las Ganancias.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar el pedido de informes.

- Se vota y aprueba.

Tiene la palabra el señor diputado Touriñán.

-  21 -
RESOLUCIÓN N° 182/08

SR. TOURIÑAN: Señor Presidente, es para que se convoque a una sesión especial el día 29, el lunes que viene, a las 12 horas, se convoque por Presidencia para no cerrar el Orden del día, que convoque usted, señor Presidente, y continuar con el temario que comenzamos.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar la moción del señor diputado Touriñán.

- Se vota y aprueba.

Quedan convocados para el día 29 de diciembre a las 12 horas.

- III -
CIERRE DE LA SESIÓN

SR. PRESIDENTE (Vargas): No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

- Eran las 20,30.

 

Cristina Rodríguez
Taquígrafa - Directora
Poder Legislativo

- IV -
APÉNDICE. DECLARACIONES Y RESOLUCIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT.

DECLARACIÓN N° 092/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
DECLARA:

Artículo 1º: Repudiar las expresiones emitidas por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina,  mediante la Declaración  de fecha 24 de septiembre de 2008, ingresada formalmente a esta Honorable Cámara, con fecha 16 de octubre del mismo año, por las razones que a continuación se exponen.
En el punto I) del referido pronunciamiento, se plantea el deber de denunciar la grave situación del Ministerio Público y del Poder Judicial de la Provincia, en razón del Juicio Político desarrollado respecto del Dr. Eduardo Samamé, ex Procurador General destituido mediante el mecanismo constitucional previsto a tal fin y los acontecimientos posteriores a su destitución.
Esta Legislatura considera que antes de emitir opiniones del calibre de las que el mentado Consejo ha vertido, es fundamental contar con la mayor información posible, para así poder hacerlo con seriedad y no adelantando posición como lo ha hecho ya su Presidente, en la nota de fecha 1 de julio de 2008, dirigida al Dr. Samamé y a los fines que éste la de a conocer a los medios de comunicación provinciales.
Es dable señalar que en dicha nota señalaba “la persecución de una finalidad subalterna y alejada de los intereses sociales”. Todo ello surgía de la “documentación analizada”, la que fuera alcanzada por el denunciado y la colectada oficiosamente por la presidencia del cuerpo. Ponemos a disposición de dicho Consejo toda la información que se ha colectado desde el año 2000, y que ha sido tenida en cuenta al tiempo de adoptar una decisión respecto de la situación del ex Procurador Fiscal destituido.
Esta Cámara ha actuado en el convencimiento que, los funcionarios judiciales, tal como los demás funcionarios públicos, son responsables ante la ciudadanía, debiendo cumplir las mismas reglas de conducta y rendición de cuentas que el resto de los funcionarios, y ha sido en ese marco que se ha desarrollado el Juicio Político.
El accionar desplegado por el Presidente del Consejo y hoy avalado por la Declaración plenaria reviste una gravedad inaudita y de una falta de responsabilidad absoluta en las aseveraciones que se han emitido. Expresándose en términos tales como “conocedor de vuestro (Dr. Samamé) compromiso con la justicia y en especial con el Ministerio Público”, dejando evidenciado la relación que une al Presidente del cuerpo y al destituido Samamé.
Tenemos como Institución de la Provincia, el deber de contextualizar algunos de los hechos que han transcurrido de modo previo al inicio del proceso constitucional de Juicio Político intentando abonar con ésta mínima información el conocimiento del Consejo de la situación de la que opina.
Para dominio del Cuerpo, en aproximadamente siete años desde la designación del hoy destituido, había sido denunciado ante la Honorable Legislatura en nueve oportunidades. Dichas solicitudes de Juicios Políticos, fueron impetradas, en distintos períodos democráticos con diferentes gestiones políticas, por integrantes del Ministerio Público Fiscal, por integrantes de la Magistratura, por un Diputado, por Abogados, y por otros integrantes de la comunidad.
Así las cosas, no puede persona alguna sustentada por intereses corporativos,  pretender que no se someta a los mecanismos que el Poder Constituyente ha puesto en cabeza del Poder Legislativo, con su conformación y mayorías especiales, en tanto ello se reñiría con los valores que sustentan el sistema republicano.
Avanzando en la lectura de la declaración y en lo concerniente en la opinión vertida, en el punto II), decimos que es falso y que no ha logrado su objetivo, en tanto el Consejo sostiene que “ha creído prudente esperar la conclusión de aquel proceso para pronunciarse en Plenario, ello de modo tal de aventar dudas respecto a su finalidad institucional, alejada de toda conducta de tipo corporativa o de defensa de personas o funcionarios determinados.”
Nos referimos específicamente a la nota mencionada ut supra de fecha 1 de julio, la que se dio en el marco de tramitación del Juicio Político y se dirigió de modo institucional al Procurador destituido.
Queremos dejar plasmado nuestra posición como cuerpo, respecto que no siempre que se solicita rendición de cuentas a funcionarios judiciales, se persiguen intereses espurios a los fines de no admitir lisa y llanamente que se trata de un mecanismo constitucional.
Durante el proceso constitucional de Juicio Político, hemos tomado conocimiento de muchas cuestiones que se enfrentan directamente con el buen servicio de justicia al que tenemos derecho como ciudadanos de la provincia del Chubut, todo lo cual ponemos también a disposición de la entidad que de considerarlo necesario.  
En el punto III) exponen como un “verdadero escándalo institucional” las declaraciones de un Diputado y a partir de allí montan un razonamiento absolutamente falaz. Endilgan a todo un cuerpo y ponen un manto de sospecha en un procedimiento constitucional, absolutamente legal y legítimo, por las expresiones de un integrante de la Cámara, emitidas de modo personal y no en un marco institucional, deduciendo de ello un avasallamiento de un poder con respecto a otro.
Sostenemos que existe un interés social en que, un magistrado sospechado de inconductas, sea rápidamente juzgado por los carriles institucionales previstos por el Constituyente, despejándose toda duda en orden a los comportamientos que se le enrostran, más allá de las defensas corporativas que esto pudiera acarrear. 
Siguiendo la línea de razonamiento el Consejo, se manifiesta en el punto IV),  que se ha advertido de la situación al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y que este no se ha pronunciado. Debemos exponer que ésta maniobra a es una clara presión basada puramente en un interés sectorial, en tanto es dicho Tribunal el que hoy tiene la inmensa responsabilidad de decidir cuestiones relacionadas al proceso de Juicio Político.
En el punto V), se refiere a una situación de precariedad institucional en la que se encontraría el Ministerio Público Fiscal, relacionando ello con una amenaza que habría sufrido una integrante del mismo. Ante semejante aseveración éste cuerpo se pregunta de donde surge o que elementos se tuvieron a la vista a los efectos de emitir dicha opinión, haciendo una relación directa entre el proceso de Juicio Político desarrollado por ésta Cámara, con las supuestas amenazas sufridas por una fiscal, cuando en un sano ejercicio de control republicano esta Honorable Cámara de Diputados ha adoptado una decisión respecto de quien se encontraba sometido a proceso.    
En la totalidad del texto que hoy nos ocupa se ha utilizado un lenguaje ofensivo para quienes integramos el cuerpo y que hemos desarrollado con responsabilidad y compromiso la tarea que nuestra Carta Magna nos encomienda, constituyendo tales opiniones sin basamentos sólidos ni fundados, actos reñidos con  los más elementales principios democráticos que dicen defender. Específicamente esto se ve reflejado en el apartado VI) en cuanto asevera que el Juicio Político, “reconocía solo la voluntad política de destituir al titular del Ministerio Público y condicionar a los restantes miembros que lo integran”. Lo expuesto genera un pésimo precedente para la calidad institucional de la democracia, al igual que lo referido en los puntos VII) y VIII).
En el instituto del Juicio Político descansa gran parte de la fundamentación del principio republicano sobre el control de los actos de gobierno y el Poder Legislativo debe velar por el buen desempeño de los más altos funcionarios de los otros dos poderes. Ahora bien se plantea en el punto IX)  un daño gravísimo al Poder Judicial, solicitando el Consejo que “se recupere la sensatez”. ¿Desde que lugar se solicita ello? cuando se emiten este tipo de declaraciones que rozan la bajeza de la defensa corporativa de un integrante que ha sido juzgado bajo los procedimientos constitucionales previamente establecidos, por la misma Legislatura que lo designó y que ha evaluado si sus condiciones de idoneidad para el ejercicio del cargo se mantenían, concluyendo que no, en el ámbito de su competencia.
Por último en el Punto X) se ejerce una presión concreta y directa respecto del Superior Tribunal de Justicia, afirmando que éste “tiene una única opción”, que obviamente es la que el Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina viene sosteniendo como una verdad absoluta, aún antes de comenzar el proceso constitucional que hoy nuevamente se ataca, que no es otra opción que apartar a los miembros del Poder Judicial del proceso de rendición de cuentas del ejercicio de su cargo, ante los representantes del Pueblo.

Artículo 2º: Manifestar el rechazo de las opiniones vertidas por el Dr. Eduardo Quattopani y del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, quienes haciendo una tenaz defensa de presiones corporativas, abiertamente intimidatorias, intentan comprometer seriamente la institucionalidad de la Provincia  del Chubut, con su consecuente incidencia en el democrático funcionamiento de la misma.

Artículo 3º: Enviar copia de la presente al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y al Superior Tribunal de la Provincia.

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura

DECLARACIÓN N° 093/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
DECLARA:

Artículo 1°.- Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial incluya en el Programa ENERGÍAS RENOVABLES PARA PROGRAMAS RURALES (PERMER)  al Paraje EL TURBIO.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura

DECLARACIÓN N° 094/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
DECLARA:

Artículo 1°.- Solicitar al señor Gobernador de la Provincia del Chubut que tenga a bien promover reuniones con los gobernadores de las provincias que conforman la Región Patagónica, con la finalidad de evaluar la posibilidad de adquisición de uno o dos hidroaviones mediante el esfuerzo compartido que servirán para ser más eficientes en la lucha contra los incendios forestales y de campos del territorio patagónico.

Artículo 2°.- Enviar copia de la presente a los señores gobernadores y a las legislaturas de las provincias Neuquen, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura

RESOLUCIÓN N° 177/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar en el cargo de Director de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, conforme a lo previsto en la Ley 4.347 y sus modificatorias, al señor Mario Horacio Negrette (D.N.I. N° 11.455.796).

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura

RESOLUCIÓN N° 178/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al señor Ricardo Luis AZPARREN (D.N.I. N° 10.804.032) en el cargo de DEFENSOR DEL PUEBLO, según lo previsto en los artículos 2° y 3° de la Ley 4.518.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHÍVESE

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura

RESOLUCIÓN N° 179/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE:

Artículo 1°.- Rechazar el Proyecto de Ley  N° 220/08, presentado por el Poder Judicial, mediante el cual se propiciaba la aprobación del Presupuesto de Gastos de dicho Poder para el año 2.009.

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHÍVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura

RESOLUCIÓN N° 180/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE:

Artículo 1°.- Solicitar al Superior Tribunal de Justicia en el marco de lo establecido en la Ley N° 5.548 que proceda a remitir a esta Legislatura dentro de los cincos días de recibida la presente, la información que se detalla:
a) Detalle de las obras previstas para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2009, discriminando el monto previsto para cada una de ellas y su fuente de financiamiento.
b) Detalle de las obras ejecutadas durante el ejercicio 2008, aun aquellas en proceso de adjudicación.
c) Detalle de avance de las obras de la ciudad judicial de Comodoro Rivadavia, indicando grado de avance, presupuesto total, pagos efectuados, monto y tiempo pendiente para la finalización de obra.
d) Informe sobre la titularidad y condiciones de dominio de las tierras incluidas en la cláusula primera del convenio aprobado mediante la Ordenanza Municipal de Comodoro Rivadavia N° 6836/99 suscripto entre la Municipalidad  y el STJ el día 5 de abril de 1999.
e) Informe si se ha dado cumplimiento a la transferencia que debe tener a su favor el STJ de las tierras pertenecientes a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, conforme a lo prescripto en la cláusula segunda del convenio antes mencionado y lo dispuesto por la Ordenanza General de Tierras N° 5907/96, Art. 37° al 42° inclusive, Título III de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
f) Se informe a la fecha si se adeuda suma alguna en concepto de impuestos, contribuciones, tasas y servicios.
g) Informe si existen reclamos por parte de la adjudicataria por mayores costos o re determinación de precios, de ser así cuál es el monto reclamado y si existen conversaciones con la empresa a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la Ordenanza 6836/99, aprobatoria del convenio referido.
h) Informe en qué estado se encuentran las negociaciones a que hace referencia el punto 4 del anexo I de la Ordenanza N° 6836/99, y en su caso se individualicen los lotes que serán transferidos por el STJ a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en compensación por el valor del terreno cedido.

Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHÍVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura

RESOLUCIÓN N° 181/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE:

Artículo 1°.- Solicitar al Superior Tribunal de Justicia en el marco de lo establecido en la Ley N° 5.548 que proceda a remitir a esta Legislatura dentro de los cincos días de recibida la presente, la información que se detalla:
a) Detalle ingresos por percepción de honorarios provenientes de la Defensa Pública durante los años 2006, 2007 y 2008.
b) Fecha de su percepción, monto detallado, quien lo abonó, en qué juicio y/o litigio, jurisdicción correspondiente.
c) Honorarios pendientes de cobro.
d) Destino de los fondos.
e) Si dichos honorarios han tributado Impuestos a las Ganancias.

Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura

RESOLUCIÓN N° 182/08 – HL

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT
RESUELVE:

Artículo 1°.- Convocar a sesión especial de esta H. Legislatura para el día lunes 29 de diciembre de 2.008, a las 12 hs..

Artículo 2°.- La Presidencia de esta Legislatura determinará los temas que conformarán el Orden del Día de la sesión especial convocada por el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido ARCHIVESE.

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Ing. Mario Eudosio  Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura

Lic. Paula Mingo
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura