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DIARIO DE SESIONES
PROVINCIA DEL CHUBUT
HONORABLE LEGISLATURA

Reunión n° 1161
Sesión Especial 1/09
37° Período de Sesiones Ordinarias
18 de marzo de 2009


Presidencia

Ing. Mario Eudosio Vargas
Vicegobernador de la Provincia
Presidente de la Honorable Legislatura


Secretarios

Lic. Paula Mingo
Ing. Guillermo Federico Martoccia

 

Diputados: Todos Presentes


SUMARIO

I – APERTURA DE LA SESIÓN

II – MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, DOCTOR  JOSE LUIS PASUTTI.

III – CIERRE DE LA SESIÓN.


- I -

APERTURA DE LA SESIÓN


- En Rawson, en el Salón de Eventos del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut, constituido en recinto de sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, a dieciocho de marzo de dos mil nueve, siendo las 10,05 dice el:


SR. PRESIDENTE (Vargas): Con la presencia de los señores diputados en el recinto, se declara abierta esta sesión especial convocada para que el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia brinde el informe previsto en el Artículo 181º de la Constitución Provincial.
Ya se encuentra en esta Casa el doctor José Luis Pasutti, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a quien vamos a invitar a ocupar este sitio.

- Ingresa al recinto el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor José Luis Pasutti, quien ocupa el sitial de Presidencia.

SR. PRESIDENTE (Vargas): Damos la bienvenida al señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor José Luis Pasutti y lo invitamos a dar lectura a su mensaje.

- II –

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL S.T.J.

DR. PASUTTI (Presidente del Superior Tribunal de Justicia): Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente,  señores Diputados, me asiste una vez más el honor de exponer ante los representantes del pueblo lo realizado durante este período de un año que, en cumplimiento de un mandato constitucional, he ejercido la presidencia del Superior Tribunal de Justicia. Ofreceré a Uds. un resumen de las políticas judiciales planificadas con la absoluta convicción, más allá de aciertos y errores, de haber obrado, al igual que mis colegas, con independencia del poder político y de cualquier elemento de presión público o privado,  pensando siempre en honrar la responsabilidad que se nos ha otorgado.
      El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, con particularidades propias por ser custodios y últimos intérpretes de la Constitución de la Provincia, y como tal pretendemos ejercer nuestras facultades y cumplir con todas y cada una de nuestras obligaciones, comprometidos con el destino del pueblo, a quien nos debemos.
      Los tiempos que nos han tocado y nos tocan vivir no son fáciles; la complejidad de la trama social, el índice de conflictividad y la dinámica de nuevos derechos que nos corresponde custodiar nos enfrentan a desafíos diarios que debemos resolver de cara a la sociedad, habida cuenta la publicidad que se le ha otorgado a los actos jurídicos por reformas recientes, que enaltecen la función y permiten ejercer el control social de nuestros actos.
Debo señalar también que el período de esta presidencia tuvo características complicadas pero previsibles, como fue la realización de un juicio político, enfrentar conflictos gremiales entre otros, y también, por que no mencionarlo, severas diferencias con representantes de éste Poder Legislativo, circunstancia que generó un debate público, acalorado a veces, lo que sin embargo tributa a la República ya que ésta se construye con  disensos y consensos, en un sistema donde cada uno puede plantear libremente su punto de vista, exponerlo y por lo tanto, hacerse escuchar.
Finalmente, no es para nosotros una cuestión menor que hasta la fecha no se haya aprobado el presupuesto del Poder Judicial ya que nadie desconoce que estamos viviendo tiempos de incertidumbre sobre el funcionamiento del Estado, y con falta de previsibilidad sobre el futuro, aún en lo inmediato, que entorpece y hace difícil ejercer nuestra función, con debida planificación.
Quiero aclarar que en esta exposición, al referirme a las políticas judiciales, no voy a estar enumerando cifras y demás, porque eso está en el anexo y ,gracias a los sistemas informáticos que hoy tenemos , también está en la página Web; así que voy a dar conceptos lo más precisos posibles sobre las políticas judiciales.

50 AÑOS DEL PODER JUDICIAL

El año que pasó conmemoramos un hecho histórico; la Provincia de Chubut cumplió cincuenta años de existencia como Estado Provincial Autónomo. El 26 de junio de 1958, los Dres. Pedro Cristóbal Poppe, Rubén Antonio Simonet y Carlos Alberto Sancholuz firmaron el Acuerdo Nº 1/58, que en su primer artículo decía textualmente: “Declarar constituido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, que tendrá su sede en la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia”. Nacía entonces el Poder Judicial.
Es por ello que en gran parte de esta rendición de cuentas que impone el artículo 181 de nuestra Carta Magna, reflejaré conceptos que nacieron como consecuencia del trabajo que realicé, y de las reflexiones elaboradas con motivo de aquél recordatorio.

PRESUPUESTO

Como lo señalé anteriormente, es de público conocimiento que este cuerpo legislativo rechazó el presupuesto presentado el año pasado, razón por la cual estamos en una situación de incertidumbre respecto al desarrollo de las actividades durante el presente año, situación por demás perniciosa que debe cesar cuanto antes.
Ante este panorama se dio cumplimiento a lo previsto en el art. 135 inc. 4 de la Constitución Provincial, solicitando al Consejo de la Magistratura la suspensión de los concursos para nuevos cargos. De tal forma, ha quedado en suspenso la puesta en funcionamiento de diversos organismos creados por leyes de esta Legislatura como son la Cámara Civil de Puerto Madryn, Juzgados de Ejecución y Juzgados Laborales, además de otros organismos de los Ministerios Públicos.
El señor Gobernador planteó en su discurso, al abrir las sesiones legislativas, cual era el panorama de los ingresos provinciales como consecuencia de esta crisis generalizada que estamos viviendo. Al momento de elaborar el proyecto de nuestro presupuesto, tal situación no tenía el realismo de hoy, ni se vislumbraba su dimensión, razón por la cual ahora podemos hacer un nuevo análisis de esta realidad y ver si se puede posponer la puesta en funcionamiento de los nuevos organismos. Sin embargo, la proyección del gasto generado por la sanciones de las leyes Nº 5.444 de cumplimiento de la porcentualidad y la Nº 5.818 de readecuación de la escala salarial, demandan necesariamente un aumento del 30 % de la masa destinada a ese fin, a lo que hay que agregar el crecimiento vegetativo. También se pueden recortar las inversiones en obras, especialmente las del edificio de Comodoro Rivadavia.
A este respecto he mantenido una conversación con el señor Ministro, porque he escuchado en los medios de comunicación una reflexión muy atinada de un funcionario –que no recuerdo quién era- que decía que en épocas de crisis hay que achicar los gastos improductivos, pero dejar las obras, porque allí es donde se genera importante mano de obra. Así que éste es un tema a conversar y buscar los sistemas de financiamiento.
El Poder Judicial, como lo dije anteriormente es uno de los tres poderes del Estado y como tal debe participar en todos los actos que corresponda para ejecutar un correcto gobierno, como en éste caso, cuando el achicamiento del gasto es general y necesario.
 
PODER JUDICIAL Y SOCIEDAD
         
No desconocemos que en estos tiempos existen diferencias de percepción entre la sociedad y el Poder Judicial; en líneas generales, ese sentimiento se ha construido sobre una base justificada; pero es necesario decir que esa visión se expresa y se fundamenta, a nuestro criterio, en un diagnóstico equivocado; es común que se sigan confundiendo las causas con los efectos.
Naturalmente disponemos de un diagnóstico para el fondo de esta cuestión que genera tal diferencia aparente y cuál es el camino a recorrer para construir nuevamente la armonía entre los poderes del Estado. La propia naturaleza y calidad institucional del sistema que hemos elegido para vivir contiene la clave.
La existencia constitucional de la Argentina es relativamente corta en términos de construcción de las instituciones. Para recordarlo, hagamos una referencia de nuestra historia: la organización como Estado nace en los años 1853 y 1860 sin pureza democracia ya que el voto obligatorio y secreto se aplicó luego de sancionarse la Ley Sáenz Peña, que se ejercitó por primera vez en 1916 de modo parcial ya que se completó con el voto femenino en 1951. A ello debemos agregar que Hipólito Irigoyen fue derrocado en 1930 y Juan Domingo Perón desalojado violentamente de su cargo en 1955. La historia continuó con creciente autoritarismo donde cualquier práctica republicana era abortada comprometiendo el destino del país que recién encontró el camino democrático más extenso a partir del año 1983; hecho significativo que seguramente se trasladará sin pausas ni interrupciones a los tiempos venideros.
El Poder Judicial no fue ajeno a esta historia autoritaria, ya que casi toda la legislación en cuanto a la organización y a los procedimientos fue sancionada por las diversas dictaduras militares, con excepción de las que surgieron dentro del marco de la Constitución de 1949, o en otros períodos constitucionales que fueron sólo como una luz fugaz.
Reconstruir instituciones como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo fue más nítido, ya que el resultado de un proceso eleccionario pone a sus integrantes en posesión de su cargo con poderes suficientes para actuar en representación de la soberanía popular.
        En relación al Poder Judicial la situación es distinta ya que hay que comenzar desde la selección de jueces hasta la manera en que se llevan adelante los juicios. La sociedad percibe que ese tránsito es lento aunque efectivo, sobre todo en esta provincia, tal como lo voy a fundar más adelante.
La pregunta deviene inevitable: ¿qué tipo de Poder quiere la sociedad? No voy a ser original ya que contestaré con una frase acuñada bajo el pensamiento de Mauro Cappelletti, hace ya muchos años: “... una Justicia con rostro humano”.
Yo puse especial énfasis al cumplir cincuenta años esta reflexión, insisto “una Justicia con rostro humano”.
La gente quiere ver y quiere recibir las resoluciones de los jueces, conocer la actividad de los fiscales, ser acompañados y no sustituidos por sus abogados y defensores. En este sentido, aunque hemos avanzado mucho en Chubut, el elemento visible no es en general “el rostro humano” de los operadores, sino la barrera infranqueable de un mostrador.
Las personas que resuelven están detrás de puertas difíciles de abrir. Creo que cada vez somos más los que acompañamos este diagnóstico y tenemos decisión y propuestas para insistir en un cambio definitivo.
Esta tiene que ser una labor conjunta de todos los poderes del Estado, ya que el orden constitucional faculta al Poder Judicial para enviar proyectos y eventualmente asesorar, pero las políticas de Estado las fijan los señores diputados, representantes directos del pueblo, a través de leyes, con la conducción política del jefe de Estado.
Hasta aquí el diagnóstico. Y deviene otra pregunta: ¿qué debemos hacer para construir definitivamente un Poder Judicial abierto, democrático, con rostro humano, con sencillo y garantizado acceso?
Nos permitiremos dar una respuesta que no es más que una sugerencia, posiblemente incompleta y tal vez no siempre compartida, pero una cuestión de compromiso ineludible nos invita a formularla.
Es imprescindible preservar barreras infranqueables dispuestas en la Constitución -que no podemos remover- aunque estoy seguro que a nadie se le ocurre hacerlo, pero no está demás recordarlo. Me refiero a las garantías constitucionales como el Derecho al Debido Proceso y el respeto incondicional a los Derechos Humanos, no sólo porque se han incorporado a la Constitución Nacional los tratados internacionales, sino por que hace a la condición más elemental de la dignidad humana.
¿Quién puede dudar que nuestro pasado nos obliga a honrarlas cabalmente?

INSEGURIDAD
Respecto al tema de la seguridad, previo a leer lo que he preparado, quiero acentuar que el Poder Judicial no mira hacia otro lado con el tema de seguridad. Es crítico y autocrítico, pero para resolver el tema de la seguridad o encaminarlo se necesitan otras cosas más que voy a apuntar previamente.
La sensación de inseguridad, es uno de los males sobresalientes de nuestro tiempo; se funda a partir del aumento de la actividad criminal, los nuevos delitos, su diversidad y especialización, los hechos de violencia y otras tantas manifestaciones que ponen en jaque la paz social. Así como es muy difícil definir acertadamente su origen, no es posible aceptar calladamente la crítica de que el Poder Judicial es el único responsable de esta situación por dar cumplimiento con las leyes existentes que determinan los sistemas de excarcelación.
Es necesario mencionar que permanentemente estamos revisando todas las actuaciones y tenemos un riguroso sistema de contralor.
No escapamos a nuestra responsabilidad, la asumimos en lo que nos corresponde y manifestamos nuestra permanente preocupación por el tema controvertido comprometiendo todo nuestro trabajo, pero hay cuestiones que son ajenas a la Justicia, ya que ésta actúa sobre los hechos consumados porque así lo determinan las leyes vigentes. Me refiero a las políticas de prevención, las de inclusión de diversos sectores sociales expulsados hacia la marginalidad en las últimas décadas, y sobre todo la contención de menores para evitar su ingreso al mundo del delito.
Observamos también la grave influencia que tiene el problema de las adicciones, fundamentalmente en los más jóvenes, y su constante crecimiento.
Desde el Poder Judicial continuaremos aportando nuestro trabajo y nuestras ideas, pero todo carece de valor si no atacamos de forma conjunta desde los tres poderes del Estado esta grave problemática.

EL PROCESO PENAL
               
Sin dudas que las críticas más tangibles son las que recibe el proceso penal. Sin embargo, tengo la clara percepción de que es el ámbito donde el Estado ha puesto su mayor esfuerzo y no dudo que ya está recogiendo buenos resultados.
Hasta el año 1989 el proceso penal de esta Provincia, como en casi todo el país fue escrito, con un Juez de Instrucción que era de hecho inaccesible para toda la sociedad. Tenía por función investigar y a la vez dictar sentencia; el juicio era instrumentado por actas a través de las cuales se efectuaba la revisión; y así podría seguir enumerando cuestiones que a sólo 20 años nos parecen de la Edad Media.
A través de los principios establecidos en la Constitución de 1994 y la reciente reforma, por Ley N° 5.478, hemos conseguido un proceso penal compatible con una Estado Social de Derecho.
Bueno, y así como he dicho en partes del discurso que tenemos confrontaciones, que peleamos, debemos resaltar que es mérito de los señores diputados, en gran medida, este sistema penal democrático al hablar de que está instrumentado en una ley.
 Digo esto a fin de poner en valor su fuerte pertenencia republicana, lo que no lo exime de su carácter instrumental en la realización del derecho material. Los códigos de procedimientos pueden modificarse cuando se lo considere necesario, no son un dogma, pero hay que tener cuidado de respetar las bases fundamentales y preservar su delicada estructuración, ya que el ensamblado de sus artículos son como un mecanismo de relojería, ya que su precisión requiere que si hay que cambiar una pieza o ajustar otra, se corre el peligro de que deje de funcionar o lo haga defectuosamente.
Estoy convencido que el tiempo nos va a dar la razón.
        En ese sentido, las pruebas son palmarias y están los ejemplos de su funcionamiento; la investigación de hechos resonantes se llevan a cabo en menor tiempo, llegan a juicio oral y público a la vista de todos y en un tiempo que antes era imposible instrumentar.
 En su discurso, el señor Gobernador, refiriéndose a otra cuestión, hacía referencia al contenido de un importante juicio; estos comentarios y el conocimiento público  de los hechos, se llevan a cabo gracias a un proceso con amplísima publicidad. Desde el momento en que se comete un hecho delictivo o se hace una imputación a una persona, , el tema se resuelve en audiencia pública, a la vista de todo el mundo y con libre acceso a la prensa, otorgándole una transparencia de gran valor, permitiendo el contralor de la sociedad.
 Es deseable, como lo voy a exponer, que este notable avance que constituyó la sanción de la ley antes mencionada, se traslade al proceso civil, ya que continuamos impartiendo justicia con una ley de una de las tantas dictaduras militares que sufrimos en nuestra historia.
 Debo también poner especial énfasis en el rol de los Ministerios Públicos en estos procesos, tanto la Procuración Fiscal como la Defensa Pública; son ejes fundamentales de su operatividad y me consta que ambos están cumpliendo su función con probidad y compromiso.
Estoy convencido de que disponemos de una herramienta de gran utilidad. Creo que este código, más allá de lo que acabo de señalar, necesita un poco más de tiempo para afianzarse. Así es como sucede con una buena legislación, que debe madurar.
Resta mencionar una ley terminando con la transición, que yo sé que los señores de la Sala Penal le han hecho llegar a los Bloques. Sería bueno que entonces encontremos el camino común para sancionar esa  ley y cerrar esta etapa que ya está agotada.
 

EL PROCESO DE FAMILIA
 
La creación del fuero de Familia significa otro grado de evolución en la búsqueda de un mejor desempeño del Poder Judicial; este instituto da un tratamiento diferenciado a esta temática fundamental por su profundo contenido humano, porque tiende a preservar y apuntalar a las familias y a los menores.
El mencionado proceso se lleva a cabo en el marco de un mecanismo de audiencias orales que no son públicas en razón a que intervienen personas que debemos proteger, como lo establece la ley, pero son filmadas para su revisión. La presencia del juez, sin la posibilidad de delegar en los aspectos esenciales le pone el rostro humano que demanda la sociedad y cuenta con un fuerte tratamiento interdisciplinario con médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales especializados.
La demanda hacia de este fuero ha crecido notablemente, lo que nos ha llevado a la creación de nuevos organismos. Dos son las causas de esta situación: por un lado el creciente marco de conflictividad en este aspecto, que no es propio de la provincia del Chubut sino del país, de América Latina y de gran parte del mundo por lo cual no nos encontramos excluidos; y en segundo lugar, y aquí sí hay un rasgo sumamente positivo, el hecho de que se está brindando a la gente un nuevo servicio, otra posibilidad de resolver sus problemas con el asesoramiento especializado que le brinda la defensa pública, abriéndose el acceso a la Justicia.
Entonces surge sencilla la conclusión; no es que antes los problemas no existieran sino que hoy encuentran un procedimiento especializado, humano, visible; esta posibilidad de ayuda a que no se tengan que soportar en silencio los graves conflictos o maltratos dentro de las cuatro paredes del hogar.
 
JURISDICCIÓN CIVIL Y COMERCIAL

En este tema también pusimos un especial énfasis en aquel estudio que realizamos al cumplir los 50 años la Justicia Provincial.
Este fuero, si bien no reviste la trascendencia pública del proceso penal, ya que en ella se definen litigios de otra naturaleza que atañen a las personas que generalmente no tienen conflicto con la Ley Penal, permite que se resuelvan cuestiones substanciales para aquellos que acuden y además, contiene amplitud de conocimiento y mayor cantidad de juicios.
Para democratizar este proceso es poco o nada lo que se ha podido avanzar. Es necesario que se sepa que estamos aplicando en su base el código procesal de una dictadura, ya que nació como consecuencia de una comisión constituida por personas de renombre en la época de un gobierno militar; me refiero al golpe de 1966 que detentó ilegítimamente el Poder.
Resulta más que claro que se violaron todas las reglas del proceso legislativo, ya que el Poder Ejecutivo Nacional de Facto dictó el Decreto Ley N° 1.912/69 a través del cual autorizó al interventor militar en nuestra Provincia a adherir, desconociendo de este modo el principio federal, ya que las leyes de procedimiento son normas estrictamente locales. Posteriormente fue modificado por Decreto Ley N° 2.203/83 del último gobierno militar, anticipándose por unos meses a las decisiones democráticas.
Este código vigente, ni más ni menos, incorporado por Decreto Ley N° 751 de la Provincia del Chubut, con el cual se resuelven los conflictos en los que se aplica fundamentalmente el Derecho Privado, al que acudimos todos.
Se trata de un proceso totalmente escrito “... desesperadamente escrito, lento, pesado, burocrático y alejado de la realidad”, como decía Couture, el notable jurista uruguayo hace más de 50 años al referirse a estos procedimientos. El juez no ve a las partes, ni éstas al juez, quien resuelve con actas que dicen lo que la persona que las transcribe entiende que se dijo, en donde la figura visible del Poder Judicial es el mostrador, que marca la división entre la sociedad y la justicia.
Al iniciar el juicio o contestar la demanda se firma un poder al abogado y posteriormente se pierde contacto con el proceso o el tribunal, salvo que se lo cite a absolver posiciones en la cual se lo interrogará con la frase: “... para que jure como que es cierto...” que escapa al entendimiento y desconcierta al ser humano común. Años después recibe un papel donde se le dice si ganó o perdió y cuánto debe pagar en costas.
A diario recibimos a personas que nos dicen: “... mire, yo lo único que hice fue firmar un papel en un escribano -o una carta poder- y ahora me entero que perdí un juicio y no me alcanza la vida para pagar”.
Esta situación que se plantea con suma frecuencia es la negación de la justicia con rostro humano, no sólo por el oprobio de aplicar una ley de una dictadura militar con negación de nuestra autonomía provincial, sino porque lo deseable sería que la parte, dueña de su juicio, participe durante su desarrollo, esté en las audiencias, intervenga en los debates, pueda ver al juez, que las pruebas se substancien en su presencia, y que sea él mismo quien decida continuar, transar o desistir, que el abogado no lo sustituya sino que lo acompañe y asesore, que por su propio conocimiento perciba la marcha del litigio y finalmente que el juez le lea la sentencia, que no será una sorpresa sino el resultado de lo que ha presenciado.
La tramitación en audiencia le da publicidad, lo que transforma a la sociedad en garante de la imparcialidad ya que los jueces son observados en cuanto a la forma en que tramitan  los procesos y a la calidad de sus decisiones.
Sin embargo, nada cuesta más que cambiar este tipo de leyes.
Por suerte las provincias patagónicas han tomado esta decisión liderando las iniciativas en el país: Tierra del Fuego nació como provincia con un código moderno, La Pampa hace diez que efectuó la reforma, Río Negro puso en vigencia su nuevo procedimiento hace dos años luego de un trabajo coordinado por el Dr. Roland Arazi que también lo está haciendo en Santa Cruz y está asesorando al Ministro de Justicia de la Nación para abreviar los plazos procesales en el orden nacional, y ha sido también un colaborador honorario en nuestra Provincia. Neuquén también tiene terminado su proyecto.
Este tipo de procesos que se basa en el Código Procesal Civil Modelo para América Latina, aprobado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal en Río de Janeiro de 1988, fue formulado por juristas latinoamericanos, por lo que nada tiene que ver con esquemas jurídicos extraños. Consagra fundamentalmente la oralidad y la participación indispensable del juez durante todo el proceso, poniéndole verdaderamente un rostro humano, y en las ejecuciones introduce el sistema monitorio, nuevo para nosotros pero viejo en el mundo jurídico, ya que en Uruguay por ejemplo, lleva más de un siglo y en Europa basta recordar que el gran Piero Calamandrei escribió su obra “El proceso monitorio” en la primera mitad del siglo pasado.
Este es el gran debate que nos debemos; la oralidad no es un mero instrumento, es un principio previsto en la Constitución de 1994 que debe ser respetado por cualquier iniciativa legislativa.
La actuación escrita tiene sus días contados, tal como me referiré más adelante; debemos abandonar aquel aforismo medieval: “... lo que no está escrito no está en el mundo...”, ya que la escritura es sólo un soporte del diálogo que supone un juicio, como lo es hoy la grabación o la filmación, que lo reflejan mucho mejor.
Debemos saber superar la resistencia al cambio y en esto voy a apelar nuevamente a las enseñanzas de Mauro Cappelletti cuando decía que el gran error era recurrir sólo a la opinión de los operadores, abogados y jueces que generalmente resisten el cambio, y nos olvidamos de pedirle que exprese qué desea el hombre común, quién es el destinatario del servicio.
Creo que consultar a los operadores está bien pues son opiniones calificadas, pero no reveladoras de la verdad, ya que estamos absolutamente convencido que una cuestión tan trascendental que hace a la calidad de vida de las persona merece un tratamiento político y no técnico.
Los profesionales especializados asesoramos sobre el carácter y alcance de la norma, pero la decisión respecto al modelo es absolutamente política.
Esperamos que muy pronto se trate legislativamente el tema, debido a que el soporte papel tiene sus días contados y sería interesante que nos vayamos adaptando con el tiempo y no tengamos que poner parches de emergencia.
Tenemos tecnología y capacitación suficiente para comenzar a transitar este camino con solvencia.
Si bien los problemas del presente son nuestra más cara preocupación, no puedo dejar de considerar lo que se vislumbra y sucederá en un futuro inmediato.
Nuestro desafío es afrontar los nuevos tiempos perfectamente preparados y con las previsiones adecuadas a fin de contar con una administración de justicia moderna y ágil, al servicio de la sociedad, que es en definitiva a quien debemos servir.
Dentro del proceso civil también tenemos incorporado el proceso de ejecución y  los procesos laborales, que hemos decidido recientemente postergar la puesta en funcionamiento del nuevo Juzgado  pero en el curso de este año, sería bueno que tanto legisladores como jueces monitoreemos su funcionamiento porque en épocas de crisis los dos lugares donde se concentra o hacen crisis son los Juzgados de Ejecución y los Juzgados Laborales. Nosotros tenemos la decisión si es necesario de bajarlo del presupuesto, pero debemos monitorearlo permanentemente para ir ajustando las situaciones que se produzcan.

PROCESOS COLECTIVOS
 
Hasta hace muy poco acudían a la Justicia personas individuales en atención a intereses propios. Naturalmente que ese tipo de requerimiento va a existir siempre, pero así mismo, debemos intervenir en procesos colectivos que importan a ciertos grupos, tipo o clases de personas, generalmente en número indefinido que pueden tener intereses presentes o para futuras generaciones.
Chubut es una Provincia rica en recursos naturales y todos somos parte del ambiente patagónico, el que es defendido en todos los foros, tanto nacionales como internacionales.
Estos son temas a los que debemos dar amplio tratamiento para estar preparados ante los nuevos desafíos.
No sólo el ambiente debe ser preservado, también el patrimonio cultural que permitirá conservar bienes para las generaciones por venir.
Otros reclamos colectivos tienen actualidad como la defensa ante la discriminación, los derechos del consumidor y quizás debamos meditar acabadamente sobre las acciones de clases.
La Corte acaba de sacar  un fallo que aparentemente le da cabida a las acciones de clases.
Es cuestión del presente estudiar y definir este tipo de juicios colectivos, por ello las creaciones pretorianas son tan importantes porque las soluciones no se pueden dilatar sin el riesgo de dejar de prevenir daños irreparables que sufrirán otras generaciones.
Sugiero leer sobre el tema para extraer algún aporte e ideas para nuestra futura legislación: “El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica”, aprobado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en Caracas en 2004.
     
NUEVA FORMA DE INSTRUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS
 
Anteriormente hablé de oralidad como principio procesal, a nuestro criterio, como una forma acertada de impartir Justicia. A este principio se lo confronta con la escritura que es una forma indirecta e imprecisa de decidir sin la percepción directa sino a través de actas.
Por muchos años, en los países del derecho continental europeo, de los que somos herederos, se confundió lo escrito con el juicio, sin reparar que la escritura es instrumental, es decir, un método del que se vale la humanidad para registrar los acontecimientos.
El juicio es actuación humana, lo escrito es sólo el soporte. El papel, en estos tiempos es un soporte imperfecto, su conservación es delicada ya que es destruido por diversos agentes como los insectos, la humedad y el paso del tiempo. El avance tecnológico nos permite contar con soportes más fidedignos como la filmación digital, más económica y práctica. Chile, por ejemplo, en su Reforma Procesal Penal ha eliminado el uso del papel en el juicio, digitalizando, inclusive, hasta la prueba documental.
Por otra parte el uso excesivo del papel complica su almacenamiento, no sólo por el espacio y el daño que se puede causar a los documentos, sino que también, en volúmenes importantes resulta peligroso por ser altamente combustible.
Este Poder Judicial ha suscripto un convenio con la biblioteca del Congreso de la Nación para proceder a la microfilmación de los archivos, sobre todo los que tienen contenido histórico, como el del antiguo Juzgado Federal de Esquel, que está en nuestra custodia y contiene un importante testimonio de nuestro acervo cultural y actualmente se encuentra en grave riesgo de perderse.
El intendente de Esquel aportado un espacio para preservar el archivo y estamos trabajando sobre su conservación.
Muchos países en el mundo están estudiando y desarrollando el denominado “expediente virtual”.
En esto también vamos a aludir a los señores diputados porque este proyecto está en la Legislatura desde hace bastante tiempo, y nosotros contamos hoy con la tecnología para ponerlo en funcionamiento.
En este aspecto hemos logrado progresos muy importantes; somos autoridad certificante de la firma digital y estamos en condiciones de poner en funcionamiento la notificación digital en los procesos civiles y laborales, con abaratamiento de costos y seguridad jurídica. 
En este sentido también debo mencionar que este año hemos transitado con los Ministros del Superior Tribunal de Justicia la totalidad de los Juzgados de Paz y sabíamos, todos los años lo hacemos, pero se puede notar un  notable avance no solamente edilicio sino un notable avance en cuanto a la relación y comunicación de la Justicia con la gente. Hoy los Juzgados de Paz del interior tienen Internet, tienen todos los elementos tecnológicos que están funcionando bien. Si los señores diputados en su gira por el interior quieren  pasar, muchos sé que pasan porque me lo informan, van a poder verificarlo. Parece humilde pero es un gran mérito judicial en el interior; la instalación de Juzgados de Pequeñas Causas, que son muy importantes; profundizar en los sistema alternativos de disputa, la introducción de la figura del administrador judicial -de la que se ha hablado sobre finales del año 2008- y en fin, todo aquello que podamos extraer de la experiencia comparada y de nuestra imaginación, siempre con el ánimo de mejorar y avanzar.
Me viene a la memoria antes de sacar las conclusiones también, ya que hablamos de la notificación digital, el Poder Judicial de la Provincia del Chubut  con desarrollo propio hoy es si no el más avanzado y está entre los primerísimos lugares de toda la Justicia del país, incluida la Justicia Federal, esto por revisiones serias.
 
SEÑORES DIPUTADOS
 
Ha sido mi intención compartir con todos Uds. una sintética descripción del Poder Judicial del presente, marcando los defectos reales, circunstancia ésta que hace que en muchos caso nos alejemos de la compresión social, más allá de lo acertado de un diagnóstico y una severa instrumentación de las políticas. Pero también aplicamos los correctivos necesarios porque asumimos nuestros errores, y somos capaces -como siempre lo hemos hecho- de proyectar nuestra ideas, el desarrollo tecnológico, el caudal humano y las inversiones que se están realizando, aunque muchas de ellas hoy se encuentren suspendidas hasta lograr una definición  presupuestaria.
En esta oportunidad he optado por un discurso conceptual centrado fundamentalmente en el rol del Poder Judicial, su actuación e inserción en el Estado Provincial desde diversos puntos de vista. He evitado hablar de números o estadísticas -información que se encuentra en el anexo, que también incluye el informe anual del Ministerio de la Defensa Pública del ejercicio 2008, Ley 4920, art. 9 inc. 11 y art. 14, inc. 19- y además, he explicitado cuáles son las políticas que a nuestro criterio se deben implementar para contar con una Justicia ágil y moderna.
Nos sentimos independientes, imparciales, capaces de hacer cumplir en cualquier circunstancia la Constitución y las leyes, de custodiar los derechos fundamentales de los hombres y finalmente de elaborar proyectos para instrumentarlo, pero para su concreción, es necesario el aporte mancomunado de los tres poderes del Estado Provincial.
Muchas gracias.

-Aplausos.

 

--  III –

CIERRE DE LA SESÓN

 

SR. PRESIDENTE (Vargas): Finalizado el mensaje del  doctor José Luis Pasutti, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, agradecemos su presencia y damos así por finalizada esta sesión especial. Muchas gracias.
.

- Eran las 10.58.

 

 

 

Cristina Beatriz Rodríguez
Taquígrafa Directora
    Poder Legislativo