Acceso Webmail
/

 DIPUTADO ADRIAN LOPEZ PRESENTO PROYECTO DE LEY DE ACCESO PUBLICO A SUELDOS
DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE PODERES DEL ESTADO PROVINCIAL
 
 El legislador chubutense Adriàn López (Bloque "Chubut Somos Todos") presentò un Proyecto de Ley a fin de incorporar el Art. 8º bis a la Ley I Nº 156 por el cual se establece que "Todos los poderes del Estado alcanzados en el artìculo 1º de la presente Ley, estàn obligados a publicar y actualizar mensualmente en forma clara, visible y de fàcil acceso, en eu pàgina web oficial a travès de un link con la denominaciòn "SUELDOS", el listado del personal y su salario, en el que deben constar los siguientes datos: Documento Nacional de Identidad, Apellido y nombre del agente, Organismo/convenio, Categorìa o Denominaciòn del Cargo, Salario indicando si se trata de sumas en bruto o netas y Especificar a qué mes corresponde la informaciòn consignada".
 La iniciativa parlamentaria es la siguiente:
 
 FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley tiene por objeto poner a disposición de la información pública el salario de los empleados y funcionarios del Estado, incorporando el artículo 8 bis a la Ley I-156.
Todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están obligados a dar garantías, entre ellas la de  rendición de cuentas y de la responsabilidad en la gestión pública. 
Un buen gobierno se construye en base a la confianza recíproca. Por ello ha de entenderse que para el caso que nos ocupa, prima el interés público haciendo prevalecer el principio de publicidad administrativa sobre los derechos a la intimidad ya que, como se ha descrito ampliamente en esta y en otras leyes, se trata de información de carácter público.
Indudablemente en el camino hacia la construcción de una sociedad más justa está la virtud de la transparencia de los actos públicos, entre ellos el acceso a la información sobre el salario de cada empleado y cada funcionario público.
Tales sueldos son pagados con fondos públicos, por lo que se justifica su divulgación en virtud de los principios de transparencia y del control de las finanzas de la Administración.
Cuando una información es pública, ningún ciudadano está obligado a justificar ante la Administración las razones por las que solicita los datos, es por ello que debe estar a disposición permanente.
El Estado tiene el deber de informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentre en su poder mediante los medios tecnológicos que disponga. Pues se trata ni más ni menos que facilitar el acceso.
En función de una total transparencia acerca de las retribuciones que perciben los empleados públicos, sean estos funcionarios de carrera,  o con cargos políticos, interinos, de planta permanente o transitoria de cualquiera de los tres poderes del Estado, y sus entes autárquicos y/o descentralizados, así como los integrantes de las Sociedades Mixtas, puede contribuir al debate público relativo a una cuestión de interés general y sirven, por tanto, al interés general de los ciudadanos.
Éstos tienen derecho a conocer las retribuciones que se pagan con el dinero procedente de sus impuestos y de esta forma, la inversión en  personal que afecta una parte muy importante de los fondos públicos, se encontrará ante el alcance del control social. 
El debate ciudadano, en la búsqueda de la tan prometida transparencia sobre dónde y cómo se administran los fondos públicos, queda supeditado en la incorporación de este artículo, desde el primer escalafón del convenio del personal de la legislatura provincial, hasta su Presidente; desde el empleado recién incorporado al Poder Judicial hasta los miembros del Superior Tribunal de Justicia;  desde el Gobernador hasta el personal ingresante; y así podríamos seguir en todos los ámbitos en que la Ley I-156 tiene alcance.
Nadie que se considere políticamente honesto se le escapa que es indiscutible el interés público en conocer las retribuciones de los empleados y funcionarios públicos, legislativos, judiciales, con nombres y apellidos, que ocupan los puestos de dirección, jefatura, de mayor responsabilidad o puestos de designación política. Es el caso, por ejemplo, coordinadores generales, directores de área, jefes de servicio o sección, Jueces, magistrados, fiscales, defensores, diputados y asesores de bloque. También un intendente, un concejal y cualquiera que esté percibiendo dineros del erario público en el ámbito Municipal. 
El acceso al conocimiento de los salarios del personal alcanzado por la ley I-156 no es una cuestión banalizante propia de un reality show informativo. Se trata de controlar el empleo del dinero recaudado con los impuestos, evitar abusos y exigir la rendición de cuentas a quienes informan, proponen o deciden sobre la gestión de los asuntos generales, sancionan leyes o imponen condenas. 
Debatir respecto a la confidencialidad es sumamente importante. Algunos de los que no quieren que se sepa cuánto se gana en el Estado dicen que publicar estos datos atenta contra la confidencialidad. Sostener esta postura es haber hecho oídos sordos a la demanda ciudadana. Y peor aún, tiene que resultar preocupante que personas que trabajen en el Estado no quieran asumir el compromiso de la transparencia. Si una persona no es transparente con sus actos, menos confianza entrega para que la sociedad piense que será transparente en los actos que tengan que ver con la gestión de lo público. El que quiere trabajar en el Estado, debe ser transparente en todos sus actos y lo primero es que esté a disposición la información de lo que gana por su trabajo.
En la acción  de dar a conocer la información relativa a sus ámbitos de actuación y sus obligaciones, para  este caso los salarios, con carácter permanente y actualizado mensualmente, se facilita y acrecienta la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
La Ley I-156, que fuera modificada y ampliada en sus alcances por la incorporación de  artículos a través de la sanción de la Ley I-548, carece al día de hoy del Texto Ordenado correspondiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo la sanción de la presente Ley que incorporar el artículo 8º bis a la ley I-156.


Por ello:   
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y

Artículo 1º.-  Incorpórese el Artículo 8º bis a la Ley I Nº 156 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º bis: Todos los poderes del Estado alcanzados en el artículo 1º de la presente Ley están obligados a publicar y actualizar mensualmente en forma clara, visible y de fácil acceso, en su página web oficial a través de un link con la denominación  “SUELDOS”,  el listado del personal y su salario, en el que deben constar los siguientes datos:
-Documento Nacional de Identidad.
-Apellido y nombre del agente.
-Organismo/convenio.
-Categoría o Denominación del Cargo.
-Salario indicando si se trata de sumas en bruto o netas.
-Especificar a qué mes corresponde la información  consignada.

Artículo 2º.-  De forma.-
 
 
                                      Diputado Adriàn G. López (Bloque "Chubut Somos Todos").